Quieren imputar a Pablo Iglesias para acabar con el Gobierno de coalición

No se comprende que, ante un hecho claramente punible que se inaugura con el robo de un dispositivo móvil que acaba en las manos del excomisario José Manuel Villarejo, recaiga sobre las propias víctimas un halo de culpabilidad cocinada. Los acontecimientos son claros: las «cloacas del Estado» estaban espiando a Podemos.

Hace unos días, la Audiencia Nacional se pronunciaba a favor de Pablo Iglesias, obligando al juez García-Castellón a devolverle la condición de perjudicado al no hallarse pruebas para su imputación. Pero García-Castellón se ha rebelado contra su instancia superior. Y eso que el informe de la Policía Científica lo avala, declarando que los daños presentados en la tarjeta eran compatibles con la manipulación que realizó la empresa de Gales. “No hay ninguna prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del sr. Iglesias”, afirmaba el juez.

Sorprende, por tanto, la respuesta del propio juez García-Castellón que, sin consultar a la Fiscalía, ha decidido trasladar la petición de investigación al Tribunal Supremo.

Un “¡viva el rey!” muy revelador

No parece casualidad, tampoco, que esta maniobra se enmarque dentro de la polémica, arengada además por la derecha, ante la petición de Pedro Sánchez de que el Rey Felipe VI no acudiera al acto de iniciación de los nuevos jueces del Estado.

La Justicia, según la Constitución, se administra en nombre del Rey. En el acto, a modo de «rebelión» ante la decisión del Ejecutivo, gritaron a coro: “¡Viva el Rey!”. Cabría preguntarse, por tanto, si un republicano como Pablo Iglesias, el único acostumbrado a cuestionar la supervivencia de una Monarquía cada vez más acorralada, molesta a algún que otro órgano o personalidad judicial. También ampara ésta la separación de poderes, aunque no parece ser asunto prioritario.

Sin embargo, diferencias abismales separan al vicepresidente del Gobierno de la institución monárquica, y es que sobre él no pesan los escándalos de corrupción que implican, por el momento, al exmonarca, cuantificados en sumas millonarias. También los separa que Iglesias sí ha sido votado en urnas.

Nada más y nada menos, en aras de ejemplificar, que 65 millones «regalados» a Corinna Larsen o los 100 mil millones de dólares en el caso del «AVE a La Meca», por los que Pablo Iglesias y la formación morada han querido pedir explicaciones a través de la petición en el Congreso de ya innumerables comisiones de investigación. Bloqueadas todas, por cierto, por las fuerzas principales presentes en el propio hemiciclo.

Aznar, Casado y la renovación del CGPJ

El anuncio del Gobierno para impulsar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sentaba, también, precedentes. A pesar de haberse tenido que renovar hace ya dos años y de su condición de interinidad, el Partido Popular iba a continuar bloqueándolo.

“No negociaremos esa renovación con partidos republicanos como Podemos”, fueron las palabras exactas del actual líder del grupo popular, Pablo Casado, desoyendo, incluso, las recomendaciones de la propia Comisión Europea.

Ni los controvertidos mensajes instantáneos de Ignacio Cosidó, donde se mostraba claramente la «cocina política» del Órgano, han servido para alentar la vuelta a la situación de regularidad.

«Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, […] un gran jurista con una capacidad de liderazgo para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61”, rezaba el mensaje. Las piezas van encajando.

La actitud de trinchera de Carlos Lesmes, que asumió altos cargos en el Ministerio de Justicia con los gobiernos azules, fue fuertemente aplaudida por Pablo Casado y José María Aznar, su antiguo «jefe».

«Remar hacia delante» es una estrategia, como otra cualquiera, de supervivencia política. No se entiende así, o no debería, en el Poder Judicial. Aún así, se nombraron a dedo 46 cargos en el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). Por lo que pudiera pasar.

Ferreras le pregunta a Inda su opinión

El Auto del caso señala que Villarejo podría ser el informante de varios periodistas. Eduardo Inda comienza a publicar información en su diario que tan solo podría haberse obtenido del dispositivo robado. Las fechas cuadran. Y lo hace, además, en múltiples ocasiones.

Nada que pueda dejar atisbo de sorpresa respecto al rigor o a la ética que acostumbra acompañar al periodista. Sin embargo, se le sigue tomando en cuenta como opinión prioritaria, casi indiscutible, para dinamizar cualquier tertulia televisiva.

Ferreras lo ha llamado, de hecho, para preguntársela tras la noticia publicada por El Mundo. Si no le importaba contar con él en sus tertulias a pesar de que va a ser procesado por una denuncia de acoso a los hijos menores de Pablo Iglesias, no iba, claro, a importarle ahora.

Mientras, los grandes medios de comunicación alientan una polémica cuya resolución, hasta el día de hoy, no es otra que una totalmente infundada. La consolidación que ha mostrado hoy el Gobierno de coalición con la presentación de los planes de regeneración económica han hecho saltar todas las alarmas de los poderes fácticos.

Aunque los Presupuestos Generales del Estado parecen estar encaminados hacia la mejora de las vidas de las mayorías sociales tan castigadas por la crisis pandémica, y la gestión del Gobierno de coalición, aún con diferencias entre las formaciones políticas, es completamente estable, siempre hay que poner piedras en el camino.

Esta no será una muy grande, a pesar de todos los intentos por judicializar la política en detrimento de fortalecer la democracia. La derecha ya ha asumido que no va a gobernar por la vía de las urnas en muchos años, por lo que están intentando «cargarse» el Gobierno de coalición por las vías que controlan. La existencia de Vox hace imposible que puedan pactar con nacionalistas, y eso provoca que la aritmética les sea imposible con ese bloque.

Ya afirmaba Cayetana Álvarez de Toledo, en su intervención en el Congreso tras la decisión de apartarla de la portavocía popular, que “la Justicia es el último dique de contención que tiene la democracia en este pacto de Sánchez con Podemos”, un lapsus que ocultaba una reveladora razón.

Fuente: La Última Hora.

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