La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el nuevo bloqueo de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) al equipo judicial que investiga la masacre perpetrada en 1981 por militares en El Mozote (este) y cantones aledaños.
«La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenan la nueva negativa del Ministerio de Defensa de El Salvador de cumplir con la ejecución de inspección en el archivo del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, ordenada por resolución del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera», publicó la institución en su cuenta de la red social Twitter.
El pronunciamiento coincidió con el cuarto bloqueo de la FAES al equipo encabezado por el juez Jorge Guzmán, al que le fue negado el acceso a los archivos de la Brigada de Artillería Óscar Osorio, en el municipio de San Juan Opico (centro), pese a la orden judicial que avala la inspección.
Una oficial y una asesora jurídica atendieron a Guzmán en el portón del cuartel y le informaron que la documentación existente ya fue desclasificada y entregada por el presidente Nayib Bukele, lo cual fue desmentido en el acto por el magistrado.
«No se nos ha entregado ninguna información, los expedientes o archivos que el señor presidente dice sustrajo de diferentes unidades militares, en ningún momento las ha hecho llegar», enfatizó Guzmán, quien reiteró que el proceso responde a las víctimas del conflicto armado (1980-1992).
El querellante del caso, David Morales, aseguró que al impedirse esta diligencia judicial fue cometido un delito, y advirtió que cada negativa de la FAES a cumplir la orden del Juzgado es registrada en actas para fundamentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
«Sabemos que son órdenes que vienen de la Presidencia, del despacho de ministro de Defensa», enfatizó Morales, extitular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Bukele afirmó en una reciente cadena nacional que la documentación recabada por el juez Guzmán desapareció y acusó a los investigadores de querer espiar en los archivos militares con fines políticos.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos y graves violaciones de los derechos humanos, perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y en algunos casos por la guerrilla.
Cortesía de Sputnik
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