La elección presidencial en Bolivia corre el peligro de un mega fraude

Por Denis Rogatyuk

A menos de dos semanas de las elecciones bolivianas del 18 de octubre, la situación política está llegando a un punto álgido en la anticipación del proceso electoral que ha sido retrasado en tres ocasiones por el régimen de facto de Jeanine Añez. Aunque su decisión de declinar su candidatura ha fortalecido la posición del probable candidato en segundo lugar, Carlos Mesa, todas las encuestas de opinión apuntan a que Luis Arce Catacora ganaría la presidencia en la primera ronda o al menos obtendría una pluralidad de votos:
-El canal de medios privados UNITEL mostró la encuesta realizada por la encuestadora Ciesmori mostrando que el MAS obtendría 42,2% en la primera vuelta, seguido de Carlos Mesa con 33,1% y el candidato de extrema derecha Fernando Camacho con 16,7%. La encuesta también mostró que el MAS replicaría la victoria lograda por Evo Morales en octubre de 2019 y obtendría una mayoría en 6 de las 9 regiones de Bolivia, mientras que la provincia de Santa Cruz sería conquistada por Camacho y las regiones de Tarija y Chuquisaca apoyarían a Mesa.
-La encuestadora Tu Voto Cuenta mostró un resultado similar, con Arce con el 42,9% de los votos, seguido del 34,2% de Mesa y el 17,8% de Camacho, al excluir los votos en blanco y los indecisos.
-La encuestadora IPSOS pronosticó que Arce obtendría una pluralidad de votos con e34%, mientras que Mesa recibiría 27,9% y Camacho 13,8%. Al excluir los votos indecisos y en blanco, Arce obtendría el 42,2% y Mesa el 34,7%.
-El grupo de expertos CELAG que se especializa en la investigación de encuestas de opinión y mapas electorales en América Latina le dio a Arce una ventaja definitoria del 44,4%, junto al 34% de Mesa y el 15,2% de Camacho.
Es importante señalar que las empresas encuestadoras tradicionalmente han ignorado hasta qué punto, las áreas rurales y las grandes comunidades bolivianas en el exterior, particularmente en Argentina y Brasil, apoyan al MAS. Esto significaría que el voto final al MAS en circunstancias normales y en una elección justa estaría mucho más cerca del 47% obtenido durante las elecciones del año anterior o quizás aún mayor debido a la impopularidad generalizada de las medidas neoliberales implementadas por el régimen de Añez y la imagen de Arce Catacora como artífice principal de los 14 años de crecimiento económico y estabilidad política logrados bajo el gobierno de Evo Morales.
Sin embargo, estas no son circunstancias normales y elecciones justas no están garantizadas de ninguna manera para este 18 de octubre. La posibilidad del regreso de un gobierno socialista ha perseguido al régimen golpista y a sus aliados desde el derrocamiento de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Su corta permanencia de 10 meses en el poder lleva consigo una lista muy larga de casos de corrupción, abusos de derechos humanos, violaciones de la Constitución, una devastadora mala gestión de la pandemia COVID19 y una severa crisis económica exacerbada por los intentos de privatizar algunas de las principales industrias del sector público de Bolivia, particularmente la compañía de gas y petróleo YPFB nacionalizada bajo el gobierno de Evo Morales en 2006. Probablemente, tendría una lista igualmente larga de juicios y condenas si el MAS volviera al poder.
Durante los últimos 10 meses, tanto el gobierno como la oposición de derecha han implementado activamente una serie de medidas para marginar el apoyo electoral del MAS, impedir que el MAS participara en conjunto o incluso diseñaron un posible segundo golpe militar ante la posibilidad de la victoria de Luis Arce.

1. El gobierno inhabilitó a más de 51.255 bolivianos en el exterior para registrarse para votar, de los cuales 25 mil residen actualmente en Argentina. El TSE también descalificó previamente a 147.000 del voto dentro de Bolivia en marzo de este año. En las condiciones actuales de la pandemia y la cuarentena de COVID19, esto hace que la rehabilitación y la solicitud para volver a registrarse para la votación sean casi imposibles. Como se escribió anteriormente, el voto del exterior, particularmente de otros países de América Latina, ha beneficiado tradicionalmente al MAS debido a que la mayoría de las comunidades migrantes en esos países emigraron durante las crisis políticas y económicas del período neoliberal 2000 y finales de los 90 y así reconocer los logros de la administración de Evo.
2. Otra área que es muy probable que sufra intentos de supresión de votantes son las áreas rurales del país. La gran mayoría de los pobladores del campo, particularmente en las provincias del altiplano de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, han votado tradicionalmente por el MAS debido al enorme cambio económico que el gobierno de Evo Morales trajo a las comunidades rurales a través de programas sociales, inversiones en infraestructura, salud y educación. En las actuales condiciones creadas por el mal manejo de la pandemia COVID19 y la crisis económica provocada por la aplicación de las medidas neoliberales del régimen de Áñez, la organización del proceso de votación se ha complicado enormemente.
3. La provincia tropical de Chapare en Cochabmaba, un bastión tradicional del MAS, ha sido cada vez más atacada por el régimen de Áñez desde el golpe de noviembre de 2019. Se ha informado de un número creciente de ejercicios militares y movimientos de tropas en la región a lo largo del año. Lo cual – según los dirigentes sindicales locales de las 6 federaciones de cocaleros – tenía como objetivo intimidar a la población rural. La región también ha enfrentado un bloqueo económico por parte del gobierno durante el mes de abril, cuando se impidió el envío de gasolina a la región junto con otras medidas para supuestamente enfrentar el problema del “narcotráfico”. Al mismo tiempo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó anteriormente que el gobierno de la región no entregará boletas de votación a menos que se permita a la Policía boliviana reanudar el patrullaje en la zona. La Policía Nacional fue expulsada previamente de la región por el historial de persecución contra dirigentes sindicales y por fuerte corrupción dentro de sus filas.

4. USAID, la agencia financiada por el gobierno de Estados Unidos a la que anteriormente se le prohibió operar en Bolivia bajo el gobierno de Morales, ha sido invitada por el régimen de Áñez para supervisar y monitorear las elecciones. USAID, junto con el Endowment Fund for Democracy (NED), tiene una larga historia de respaldo a grupos políticos y de la sociedad civil pro estadounidenses a través de financiamiento directo, así como validando procesos electorales fraudulentos que benefician a candidatos políticos de derecha, como ha sido el caso de las elecciones en Honduras en 2017. Además, se ha organizado un grupo de “Observadores Ciudadanos” integrado por 14 grupos privados de la sociedad civil con el financiamiento de USAID y NED con el fin de supervisar el proceso electoral y proporcionar informes 48 horas después de la elección.
5. El actual presidente del TSE, Salvador Romero, es amigo íntimo de Carlos Mesa, y fue designado por el expresidente como titular de la Corte Nacional Electoral (CNE) en 2003. También tiene una larga trayectoria de cooperación con las diversas agencias financiadas por Estados Unidos y la OEA en América Latina. Romero también ha estado presente en Honduras durante los años de 2011-2014, sirviendo como director del Instituto Nacional de Democracia (NDI) financiado por la NED y supervisó las elecciones fraudulentas posteriores al golpe de Estado de 2013. En los cables diplomáticos publicados por Wikileaks, se reveló que Romero actuó previamente como informante del ex embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, entre los años de 2006 y 2008. Por lo tanto, es poco probable que adopte una postura neutral hacia el actual proceso electoral o ratifique la probable victoria del MAS en la primera ronda.
6. El TSE ha reemplazado el sistema de resultados preliminares utilizado durante las elecciones de octubre de 2019, el TREP, por un nuevo sistema sancionado por Naciones Unidas – DIREPRE. El investigador asociado del CEPR, Jake Johnson, quien formó parte del equipo de investigadores que demostró que la OEA falsificó sus afirmaciones sobre fraude durante las elecciones del año pasado, ha señalado que el nuevo sistema sería menos transparente que el TREP, al mismo tiempo haciendo imposible que los observadores verifiquen rápidamente la precisión del voto comparando copias impresas de las actas con imágenes publicadas en línea.

7. Al mismo tiempo, el TSE se ha mostrado muy reacio a permitir que varias organizaciones internacionales actúen como observadores oficiales de las elecciones. El ejemplo más destacado es el de la Internacional Progresista, cuya solicitud inicial fue denegada por el tribunal electoral sin ninguna explicación concreta. Aunque finalmente se aprobó, la demora en la decisión hizo que los preparativos para la misión de observación fueran mucho más complicados.
8. El gobierno está coordinando el proceso electoral con la OEA, cuya propia observación del proceso de octubre de 2019 y las falsas afirmaciones de que la victoria de Evo Morales fue fraudulenta jugaron un papel enorme en la legitimación del golpe de noviembre de ese año. La visita de Arturo Murillo a Estados Unidos y el encuentro con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es otra evidencia clave en la estrecha colaboración del régimen de Áñez con las autoridades de la OEA. Luis Almagro también ha manifestado anteriormente que existe la posibilidad de que el MAS intente «robar» los resultados electorales, lo que – según el director del CEPR, Mark Weisbrot – significaría que Almagro y su personal volverían a invocar la carta de la OEA y el derecho internacional con el fin de anular el resultado de las elecciones en base a datos falsos.

9. Ha habido numerosos intentos de impedir que el MAS y sus diversos líderes participen en las elecciones. El expresidente Evo Morales y el excanciller Diego Pary fueron descalificados para presentarse como candidatos al Senado en las regiones de Cochabamba y Potosí, respectivamente, a pesar de presentar todos los documentos legales requeridos. El candidato al Senado en Cochabamba, Andrónico Rodríguez, también ha enfrentado intentos de persecución. Luis Arce Catacora también fue amenazado con la inhabilitación en numerosas ocasiones antes y durante la campaña electoral. De manera más destacada, su candidatura, así como la participación del MAS, corrían el riesgo de ser eliminados por una presunta violación de la ley electoral durante el mes de julio. Arce comentó que las encuestas internas de su partido indicaban que el MAS sería el ganador de las próximas elecciones, acción que sus opositores políticos consideraron ilegal según las leyes electorales del país. Aunque el TSE falló a favor del MAS el 5 de octubre, esto no impidió que algunos grupos de oposición realizarán protestas violentas contra el MAS y las autoridades electorales en la ciudad de Sucre.
10. Desde el inicio del golpe, los medios de comunicación críticos con el régimen de Áñez han sido continuamente censurados, los periodistas bolivianos y extranjeros perseguidos y los medios de comunicación públicos y privados han estado publicando constantemente reportajes e historias a favor del actual gobierno de facto o grandes figuras de la oposición de derecha, como Carlos Mesa. Tanto Telesur como RT han visto revocadas sus licencias de transmisión durante las semanas posteriores al golpe del 10 de noviembre, más de 53 radios comunitarias diferentes fueron cerradas por el régimen de Áñez en enero de 2020, periodistas argentinos del canal de medios privados TN fueron acosados por turbas a favor de los golpistas, mientras que otro periodista argentino, Sebastián Moro, fue asesinado durante los hechos del golpe. Los medios privados también han publicado constantemente historias falsas contra el MAS, particularmente durante el período de protestas masivas en agosto, en coordinación con las posiciones oficiales del gobierno boliviano.
11. Los líderes del MAS y sus activistas han sido constantemente atacados por varios grupos armados y miembros de la oposición de extrema derecha desde los hechos del golpe. La Unión Juvenil de Santa Cruz (UJC), la Resistencia Juvenil de Cochabamba (RJC) y el Movimiento de Resistencia en La Paz han atacado al MAS y sus simpatizantes en varias ocasiones. Además, la Defensoría Pública ha sido atacada por un grupo violento llamado «Valkyria» debido a las críticas a los abusos contra los derechos humanos del régimen de Áñez. Es poco probable que una atmósfera de violencia y terrorismo genere un resultado electoral realmente justo.
12. En las semanas previas a las elecciones, surgieron varios informes de los intentos previstos para evitar una victoria del MAS mediante una serie de atentados con bombas, ataques de bandera falsa y «falsos positivos» que se llevan a cabo para culpar al MAS y a su liderazgo de la violencia y justificar la anulación de los resultados, una toma inmediata del gobierno por parte de militares y miembros de la ultraderecha. El gobierno también ha prohibido cualquier manifestación pública 48 horas antes y después de las elecciones como forma de asegurar que no haya una respuesta pública a las posibles denuncias de fraude de los movimientos sociales del país.
El que el gobierno de facto del país o sus aliados políticos reaccionarios logren ganar las elecciones mediante el fraude y la intimidación, o abortar el resultado por completo mediante una intervención de última hora por sus aliados en el ejército y la policía dependería de un factor en particular: la fuerza de los movimientos sociales y sindicales del país. Las protestas de agosto de este año demostraron que aún frente a amenazas de severa represión y violencia por parte de las fuerzas estatales, las históricamente poderosas organizaciones sociales indígenas del país son capaces de paralizar casi por completo al país, particularmente ante cualquier intento. para robar la victoria del Movimiento al Socialismo.

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