El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó el jueves una querella criminal por el delito de torturas contra cinco jóvenes de la localidad de Collipulli, en la Región de La Araucanía, las cuales presuntamente habrían sido perpetradas por una patrulla de militares.
Bío Bío Chile consignó los testimonios entregados al organismo de Derechos Humanos, en los que se narran que funcionarios del Ejército sometieron a tres hombres y dos mujeres a un simulacro de fusilamiento la madrugada del 14 de octubre pasado, en el sector de Los Pinos.
Las víctimas habrían sido interceptadas por un camión militar con soldados armados, que descendieron rápidamente del vehículo y procedieron a apuntar a los jóvenes y someterlos de manera violenta.
Según lo informado por el INDH La Araucanía, “el pasado 14 de octubre, mientras un grupo de 5 jóvenes (3 hombres y dos mujeres) se encontraban reunidos en el sector Los Pinos de Collipulli, llegó un camión militar con una cantidad indeterminada de sujetos vestidos con el uniforme institucional del Ejército de Chile, portando armas de fuego con miras láser. En ese momento, los sujetos descienden del vehículo y comienzan a apuntar y reducir violentamente a todas las víctimas, las que fueron obligadas a tirarse boca abajo en el suelo».
Luego los esposaron, insultaron y amenazaron, lo que incluyó ofensas racistas contra una de las víctimas por pertenecer al pueblo mapuche.
Para el abogado del INDH Marcos Rabanal, lo más grave es lo que ocurrió después. En una zona rural, en medio de una plantación de pinos, los jóvenes habrían sido sometidos a un simulacro de fusilamiento.
“Finalmente les cortan las amarras plásticas y efectúan una maniobra que comúnmente se conoce como ‘pasar bala’, con las armas y amenazan con fusilarlos, que no miren hacia atrás, para posteriormente retirarse en el camión militar, dejando a las víctimas a su suerte en ese sector rural”, detalló.
Cabe destacar que esta agresión recuerda a una conocida tortura que se llevó a cabo con frecuencia por agentes del Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Los testimonios también señalan que los funcionarios del Ejército habrían rociado a los jóvenes con un líquido, aparentemente acelerante, lo que les llevó a pensar que serían quemadas.
Ante estas acusaciones, desde la Defensa Nacional en La Araucanía el general Rodrigo Pino aseguró a Bío Bío que la institución colaboraría en la investigación de los hechos, pero negó que el personal militar realizara acciones «fuera de los protocolos dispuestos por la autoridad» durante el Estado de Excepción vigente.
Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el relato de las víctimas configuran el grave delito de torturas, por lo que buscan las responsabilidades a través de la querella.
El abogado Marcos Rabanal indicó que los hechos descritos revisten la máxima gravedad, “ya que constituyen una violación flagrante a los derechos humanos de las víctimas, y que, lamentablemente, recuerdan episodios de los más deleznables de nuestra historia reciente”.
Por tal motivo, hizo un llamado “a realizar, con toda la celeridad posible, una investigación exhaustiva para fijar los hechos, las responsabilidades penales en los mismos y requerir las sanciones que en derecho corresponden”.
Este lamentable suceso ocurre en un contexto de escalada en la militarización del Wallmapu, a partir de este año 2020 y en medio de la Pandemia por COVID-19, en que el Gobierno de Sebastián Piñera ha aumentado la dotación de personal del ejército en la zona.