El uso de software libre que podría ahorrarle unos 3.000 millones de dólares en licencias al gobierno mexicano, sin embargo, algunos especialistas advierten que la opción también acarrea graves problemas de ciberseguridad.
«El software (programa informático) libre tiene sus propios costos y riesgos, uno de ellos corresponde al rubro de capacitar a la gente para manejar un nuevo sistema», dijo la coordinadora del programa de gasto público de la organización no gubernamental México Evalúa, Mariana Campos.
Desde diciembre de 2018, cuando asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, las oficinas públicas han recibido la instrucción de optar por alternativas de software gratuito, en vez de pagar licencias onerosas a multinacionales.
Esa decisión llevó a que Microsoft pasara de obtener en 2018 un total de 19 contratos para suministrar software a instituciones del Estado, a solo cuatro este año 2020.
Entre esas cuatro adjudicaciones directas se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según la información contenida en el portal oficial del Gobierno federal.
Se trata de cuatro áreas que resultan estratégicas para el manejo de información, que comprometen desde los procesos judiciales; la adjudicación de pensiones; la vigilancia de productos agrícolas, hasta la vital supervisión del sistema financiero.
Campos señala que cuando se trata de software que maneja información específica «es un poco más complicado que haya competencia, pues hay un grupo muy preciso de empresas que hacen esos productos, no se trata de plumas o lápices, cuyos proveedores son abundantes y es fácil conseguir un sustituto».
El Gobierno también eliminó recientemente los recursos de «E-México» un fideicomiso (fondos públicos administrados por entidades privadas) destinado a ampliar la conectividad y la utilización de tecnologías informáticas, lo que significará un recorte de cerca de fondos de 190 millones de dólares.
La reciente abolición de 109 fideicomisos que administraban unos 3.000 millones de dólares, que ahora serán repartido en forma directa por el Gobierno a becarios, desde artistas, académicos y científicos hasta víctimas de la violencia.
Uno de los proyectos que manejaba ese fideicomiso «E-México» correspondía al uso de banda ancha para facilitar la conexión a internet en las comunidades más pobres del país.
Pero el recorte de gastos en la compra de software podría crear también problemas de seguridad, según un estudio realizado por la consultora Synopsis en 2019.
Esa firma encontró que la utilización de bases de datos de código abierto en México provocaba vulnerabilidades de hasta un 49% en la información manejada.
Ciberataques
Aunque algunos especialistas aseguran que el software libre es más vulnerable es importante recordar que en 2019 se perpetró un ciberataque contra los sistemas de la petrolera estatal Pemex, aún y cuando operaba con un software privativo.
Este ataque hizo que información sensible como planos de las instalaciones y datos de producción pudiera ser accesible a terceros y alcanzó a afectar hasta un 5% de los equipos de computación de Pemex y los autores del mismo exigieron, un rescate de cinco millones de dólares por liberar la información que estos equipos contenían.
Pemex negó haber pagado algún tipo de rescate a cambio de obtener la información, pero en febrero pasado la petrolera hizo uso de una política que le permite clasificar como reservados los datos sobre ese ciberataque, por «motivos de Seguridad Nacional».
El ataque obligó a Pemex a volver a manejar comunicaciones vía fax y a elaborar facturas y cheques con máquinas de escribir, ante la imposibilidad de utilizar las computadoras y el sistema de correo electrónico.
El 7 de julio pasado el Banco de México (Banxico, central) también informó que su portal web fue objeto de un intento de degradación de servicio, que no afectó a los mercados ni al sistema de pagos.
El 15 de mayo de este año, Banxico reportó un ciberataque «sin precedentes» a los bancos del país, que causó pérdidas de unos 40 millones de dólares, al penetrar el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) mediante el cual se procesan cientos de miles de transferencias.
«Este claramente ha sido un ataque de importancia que ha impactado a diversos participantes en la cadena de pagos electrónicos, no teníamos antecedentes», dijo el gobernador del banco del Estado Alejandro Díaz de León.
El reto por garantizar la seguridad de la información en las instituciones públicas continúa se trate de sistemas operativos privativos o libres.
Cortesía de Víctor Flores García Sputnik
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