Una prórroga del estado de alarma por el coronavirus durante los próximos seis meses, ha sido la solicitud del Consejo de Ministros del Gobierno de España al Congreso de los Diputados.
Para prolongar esta medida el Ejecutivo necesita el aval de los parlamentarios de la Cámara española, que en los próximos días la someterán a debate y votación.
La nación europea suma cerca del 1,1 millón de afectados por el covid-19 y más de 35.000 fallecidos por la enfermedad desde el comienzo de la crisis sanitaria.
«El Gobierno ha solicitado la prórroga del estado de alarma por un periodo de seis meses para dar amparo constitucional a las medidas de las comunidades autónomas», explicó en rueda de prensa la ministra portavoz de España, María Jesús Montero.
El Gobierno de España decretó el pasado 25 de octubre un nuevo estado de alarma que incluye un toque de queda nocturno y otorga competencias a las regiones de todo el país para aplicar confinamientos perimetrales.
La intención del Gobierno es que el nuevo estado de alarma con motivo de la segunda ola de la pandemia se prolongue hasta el 9 de mayo de 2021, si así lo avala el Congreso.
Sin embargo, esta solicitud de prórroga excluye el toque de queda nocturno para evitar las reuniones sociales entre las 23:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, y deja en manos de cada región aplicar la medida.
Por el momento, las regiones de Aragón, Asturias, País Vasco, Navarra y Rioja se encuentran bajo confinamientos perimetrales de todo su territorio para frenar la propagación del virus, mientras que otras como Andalucía y Madrid estudian aplicarlos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera prácticamente garantizada esta prórroga de seis meses gracias al apoyo de la mayoría de las fuerzas regionales de la Cámara.
Sin embargo, la negociación sigue en marcha para incluir a alguna de las fuerzas de la oposición, como los liberales de Ciudadanos e incluso el conservador Partido Popular (PP).
Desde el PP rechazan el periodo de seis meses y pretenden limitar el estado de alarma a dos meses, según explicó en rueda de prensa la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, quien calificó la propuesta del Gobierno de «absolutamente desproporcionada».
Con información de Sputnik
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