La presidenta transitoria Jeanine Áñez, dijo este viernes que se defenderá sin salir de Bolivia en el juicio de responsabilidades por genocidio, que el parlamento dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) planteó en su contra por masacres que siguieron a su ascenso al poder en 2019.
«El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, solo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia», escribió en su cuenta de Twitter la gobernante que entregará dentro de diez días el mando del país a ese partido.
La recomendación de someter a Áñez a un juicio de responsabilidades y a una veintena de sus ministros y altos jefes militares y policiales a juicios ordinarios por genocidio y otros delitos fue aprobada el jueves por el parlamento, tras aprobar un informe de una comisión de legisladores que investigó durante siete meses la violencia en la crisis política del año pasado.
En tono menos agresivo que el de sus referencias frecuentes al MAS, Áñez pareció resignarse al eventual proceso, que todavía debe ser respaldado por la Fiscalía General y aprobado de vuelta por el parlamento antes de llegar a juicio en el Tribunal Supremo de Justicia.
«Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos, controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara», afirmó.
La presidenta transitoria podría salir sin inconvenientes de Bolivia mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre un recurso interpuesto por ella misma contra una ley que obligaría a autoridades y funcionarios a permanecer en Bolivia por lo menos hasta tres meses después de terminar sus labores.
Por ahora, el eventual juicio es solo un pedido del parlamento a la Fiscalía General, ente que deberá ampliar las investigaciones si lo considera necesario y tiene potestad para aprobar o descartar una acusación formal.
La resolución parlamentaria señaló presuntas violaciones constitucionales en un decreto de Áñez que liberó a los militares de responsabilidades penales en actos de represión y en la posterior muerte de al menos 26 manifestantes que en noviembre de 2019 pedían la salida de la gobernante de facto y el retorno del Gobierno de Evo Morales.
Fue la última decisión aprobada por el parlamento antes de concluir su mandato de cinco años más uno de transición, para dar paso a una nueva Asamblea surgida de las elecciones generales del 18 de octubre pasado, ganadas por el MAS y su candidato presidencial Luis Arce, que asumirá el 8 de noviembre.
Las muertes de manifestantes anti-Áñez ocurridas en los pueblos de Sacaba y Senkata fueron denunciadas como masacres por la Comisión Interamericana y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, investigadores de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
El informe que dio lugar a la reecomendación de juicio contra la gobernante y sus colaboradores estableció que los manifestantes murieron por disparos de armas de fuego de uso militar y policial, en algunos casos activadas por francotiradores y desde helicópteros.
Esta aseveración de los legisladores, que citaron diversos informes técnicos oficiales y numerosos testimonios de víctimas, testigos y expertos, contradecía a la versión oficial de que los decesos habrían sido causados por disparos de los mismos civiles movilizados.
Fuente: Sputnik
Continúa leyendo…
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
