Las preocupaciones judiciales de Uribe en Estados Unidos

El uribismo apostaría la suerte de Colombia a cambio de la impunidad de su caudillo hipotecando la política de nuestro país a la suerte de un presidente cuya reelección es incierta, e incurriendo en prácticas ilegales de injerencia política extranjera.

La historia de dictadores y caudillos aliados de Estados Unidos en el continente y en el mundo, ha sido la de servir como operadores de los objetivos estratégicos de su política exterior, pero también la de buscar la garantía de impunidad por los crímenes de lesa humanidad que han cometido en sus respectivos países.

Junto al economista Felipe Tascón, en 2015 escribimos un libro acerca de la relación de Uribe con la extrema derecha transnacional. En nuestra investigación se  demostraba que él había cumplido en forma eficiente el papel de lugarteniente de la política estadounidense para América Latina a comienzos del siglo XXI; se analizaban sus vínculos con un sector del Partido Republicano en el estado de La Florida; sus esfuerzos para contextualizar las peores políticas de la Casa Blanca en materia de violación de derechos humanos como “la guerra contra el terrorismo” (por medio de la llamada “seguridad democrática”), la “guerra contra el narcotráfico” (a través del modelo del Plan Colombia); la exportación a otros países latinoamericanos de métodos que dieron lugar a crímenes de lesa humanidad como los “falsos positivos”, la inteligencia ilegal y el impulso de un modelo cívico-militar que se convirtió en terreno fértil del paramilitarismo y la parapolítica. Esas políticas tuvieron la función  de incentivar la persecución del movimiento social e indígena (Chile), militarizar la sociedad (México), auspiciar los “golpes blandos” contra gobiernos progresistas (Honduras y Paraguay), así como obstruir los procesos de integración en la región y promover el “libre comercio” desventajoso para las economías latinoamericanas. Así como, Chile fue en su momento el laboratorio del neoliberalismo, durante los dos gobiernos de Uribe, Colombia se convirtió en el laboratorio de las nuevas guerras que requería la extrema derecha transnacional para lograr la restauración conservadora que interrumpiera el ciclo progresista en la región[1].

Preocupado porque el proceso de investigación que se le sigue en Colombia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal destape en Washington la caja de Pandora de sus cercanías con paramilitares y narcotraficantes, Álvaro Uribe ha usado sus alianzas con un sector de políticos republicanos para que busquen que las autoridades judiciales y migratorias estadounidenses emprendan acciones sobre bases falsas para investigarme, y también ha contratado una compañía publicitaria, DCI Group, para que adelante una campaña de descredito en mi contra, y en contra de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia[2].

Esos temores no son infundados. Desde 2002, además de los frecuentes cuestionamientos por las masivas violaciones de derechos humanos cometidas bajo su mandato presidencial, periódicamente han aparecido en Estados Unidos documentos desclasificados de archivos de las agencias de inteligencia e instituciones gubernamentales en los que se  da cuenta de tratos de Álvaro Uribe con los capos del Cartel de Medellín, con gente de los grupos paramilitares del país, y con los parapolíticos.

Veintitrés de esos documentos desclasificados pueden leerse en el sitio web de la organización National Security Archive. Allí figuran documentos de agencias de inteligencia estadounidenses que reseñan que en la década de 1990, Álvaro Uribe Vélez estaba incluido en una lista oficial de los principales narcotraficantes y sus aliados “dedicados a colaborar con el Cartel de Medellín” [3]. En el numeral 82 de la lista aparece el entonces senador por Antioquia: “82. Álvaro Uribe Vélez, a colombian politician and senator dedicated to collaboration with the Medellin cartel at high government levels. [82. Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano. Se dedica a colaborar con el cartel de Medellín en altos niveles de gobierno]”. El documento afirmaba además que Uribe era un amigo personal de Pablo Escobar Gaviria[4]. En cables provenientes de la embajada de Estados Unidos en Bogotá se relataban en detalle ese tipo de nexos también con paramilitares. Un extenso análisis y reportaje sobre esos documentos gubernamentales, apareció en mayo de 2018 en el periódico The New York Times: “Los cables, que recientemente se pusieron a disposición de The New York Times, describen reuniones de 1992 a 1995 entre funcionarios estadounidenses y Uribe cuando era un político prometedor, así como información recabada por funcionarios colombianos que lo conocían bien. Los miembros del Partido Liberal, organización política en la que Uribe militó, dicen que tenía vínculos con los principales carteles de la droga, lo que incluye a la banda del capo Pablo Escobar”[5].

Del mismo modo, la información de los llamados “cables wikileaks” mostraba la evaluación que hacían las autoridades y la embajada de EEUU sobre los nexos de políticos del entorno de Uribe con paramilitares. Uno de esos cables mencionaba que el entonces senador Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, había ido a la Embajada a implorar no perder la visa americana ante el creciente malestar suscitado por las investigaciones de la llamada parapolítica que lo involucraban a él directamente, así como a muchos de sus compañeros del partido Primero Colombia. Como se sabe, el primo del entonces presidente de la República, terminó juzgado y condenado por su pertenencia como integrante del ala política del paramilitarismo[6].

Con la llegada a las cárceles estadounidenses de 14 exjefes paramilitares, extraditados en mayo de 2008, el gobierno de Uribe que había buscado librarse de sus reveladoras confesiones ante fiscales y magistrados del sistema de Justicia y Paz, tuvo que dar nuevas explicaciones. Por ejemplo, en abril de 2009, ante un tribunal de Nueva York, la abogada de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, leyó una declaración en nombre de su defendido en la que él reconocía haber apoyado la elección presidencial de Uribe en 2002, con grandes sumas de dinero, ‘large sums of money’, porque creía que “la paz era importante”[7]. La suerte de los extraditados jefes paramilitares ha sido un asunto de permanente controversia y que ha suscitado toda clase de tensiones. Las más recientes han sido motivadas por la reticencia del gobierno del presidente Iván Duque a realizar en forma eficaz los trámites que permitan el regreso al país del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha sostenido en múltiples oportunidades que tiene la voluntad de declarar ante las autoridades judiciales colombianas para corroborar y ampliar declaraciones hechas ante el sistema de Justicia y Paz sobre la parapolítica en el departamento de Córdoba y sus visitas a la hacienda El Ubérrimo.

Existen otros dos episodios ligados a la extradición que han involucrado directamente a Uribe. El primero es el de Dolly Cifuentes Villa, compañera permanente de su hermano Jaime Alberto Uribe Vélez, ‘El Pecoso’, y quien se declaró culpable en uno de cinco cargos por narcotráfico que le hizo una corte federal del sur del estado de La Florida. Su extradición fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero de 2012[8]. La señora Cifuentes “fue señalada de ser socia directa del narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa”[9]. Por otra parte, en junio de 2012, se conoció la noticia de que un tribunal de Estados Unidos pedía en extradición al general Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño en la época de Uribe, bajo la acusación de aliarse con organizaciones narcotraficantes en Medellín para entregarles información que las protegiera de la acción de las autoridades, y de apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia en el tráfico de drogas. El entonces presidente de la República, en un acto de condecoración a Santoyo, catalogó a su jefe de seguridad como “protector de todas las horas”[10].

En la misma línea de asuntos ligados al paramilitarismo, la opinión pública estadounidense conoció el proceso judicial contra la empresa Chiquita Brands, la cual había recibido en concesión una zona portuaria que sirvió para la importación ilegal de armas destinadas a los paramilitares en el norte de Colombia, y para financiar empresas convivir que eran fachada de esos grupos y que Uribe, por ese tiempo gobernador de Antioquia, había legalizado. A propósito de ese proceso y sus consecuencias, el exembajador colombiano en Washington, Gabriel Silva Luján, recordaba en una columna de opinión: “Obama y Biden fueron quienes, a solicitud de Santos, le otorgaron la inmunidad presidencial a Álvaro Uribe, a pesar de la oposición del Departamento de Estado, cuando estuvo a punto de que lo arrastraran por los juzgados estadounidenses por violación de los derechos humanos[11].

El gobierno del presidente Iván Duque ha decidido constituirse en parte del equipo de defensa del exsenador Uribe tanto en Colombia como en Estados Unidos. Esa defensa buscaría garantizar que nada de lo que ocurra allá perturbe su situación judicial: habría solicitado que el presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence y algunos congresistas, como el republicano del estado de La Florida, Mario Díaz- Balart, intervengan y presionen a la justicia colombiana. En esa estrategia desesperada también han aparecido acusaciones acerca de que funcionarios del gobierno y figuras del partido del exsenador estarían interviniendo en distritos del estado de La Florida a favor de la campaña electoral de Trump y de candidatos locales al Congreso. De esta forma, el uribismo apostaría la suerte de Colombia a cambio de la impunidad de su caudillo hipotecando la política de nuestro país a la suerte de un presidente cuya reelección es incierta, e incurriendo en prácticas ilegales de injerencia política extranjera.

Sea cual sea el desenlace, la realidad es que en Colombia y en Estados Unidos se ha acumulado un enciclopédico prontuario que vincula a Uribe en forma incontrovertible a organizaciones criminales. Esa verdad será reconocida a pesar de la actuación de todos los poderes políticos que intentan impedirlo.

[1] Iván Cepeda y Felipe Tascón, Uribe y la derecha transnacional, Bogotá, Ediciones B, 2015.

[2] The content of this site is distributed by DCI Group on behalf of Álvaro Uribe Vélez. Recuperado de:

[3] Informe de inteligencia de 1991 elaborado por funcionarios de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos en Colombia.

[4] National Security Archive, documentos desclasificados realacionados con el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2020-08-31/friends-el-viejo-declassified-records-detail-suspected-paramilitary-narco-ties-former-colombian.

[5] Nicholas Casey, “Cables diplomáticos de Estados Unidos sugieren nexos de Álvaro Uribe con narcotraficantes”, The New York Times, 25 de mayo de 2018.

[6] Caracol Radio, “Para no perder la visa tres jefes políticos pidieron aval de EEUU a sus listas al Congreso”, 20 de febrero de 2011.

[7] Iván Cepeda Castro, “Large sums of money”, El Espectador, 24 de abril de 2009, repuperado de: .

[8] Dolly Cifuentes es hermana de los narcotraficantes Francisco Cifuentes Villa –piloto de Pablo Escobar- y Jorge Milton Cifuentes Villa, hoy preso en cáceles de los Estados Unidos.

[9] Gonzalo Guillén, “Cuñada de Álvaro Uribe extraditada a EE.UU. fue operaria del ‘Chapo’ Guzmán”, 30 de enero de 2014, recuperado de: https://www.las2orillas.co/cunada-de-alvaro-uribe-extraditada-ee-uu-fue-operaria-del-chapo-guzman/.

[10] Iván Cepeda y Alirio Uribe, “Protector de todas las horas”, en: Por las sendas de El Ubérrimo, Ediciones B, Bogotá, 2014, pp. 121-150.

[11] Gabriel Silva Luján, “Sacrilegio”, El Tiempo, 27 de septiembre de 2020.