Por Vania Figueroa Ipinza
En un escenario ideal la investigación científica genera evidencia de calidad, que los gobiernos y el mundo político utilizan como base para el desarrollo de políticas públicas, lo que a su vez depende de una sólida interfaz ciencia-política, entendida como el conjunto de “procesos sociales que engloban las relaciones entre científicos y otros actores del proceso político, y que permiten intercambios, coevolución y construcción conjunta de conocimientos con el objetivo de enriquecer la toma de decisiones” (van den Hove, 2007, p.807).
Sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha demostrado que la ciencia por sí sola no resuelve todos los problemas. Por muy buena que sea la ciencia, también se necesita una buena política. El conocimiento derivado de la investigación es uno de los parámetros a considerar en una política pública robusta, junto con las dimensiones económica, social y cultural. En el otro extremo, una respuesta del Estado que antepone la política a la ciencia está condenada al fracaso. En el manejo de la pandemia estas dos esferas han estado en permanente tensión en todo el mundo. En nuestro país, en particular, la balanza se ha inclinado permanentemente a las decisiones políticas sin base científica (Chaparro A, 2020), revelando una frágil interfaz ciencia-política.
Desde que se conoció el brote del nuevo coronavirus en Wuhan, China, algunos líderes políticos intentaron negar su gravedad, planteando la existencia de elementos de “ficción o fantasía” que exageraban la situación (“Jair Bolsonaro”, 2020), otros justificaron la tardanza en tomar medidas de confinamiento ante la potencialidad de que el virus se convirtiera en “buena persona” (“Mañalich se vuelve ‘viral internacional’”, 2020), o recurrieron a una vía ‘diplomática’ pidiéndole al virus que “se vaya del país” (Mur., R, 2020). Otros más irresponsables sugirieron combatirlo con una “inyección de desinfectante” (Aguirre F, 2020) o utilizando “dióxido de cloro” (Dote S. 2020) un químico tóxico. Todas ideas que no solo carecen de fundamento científico también son extremadamente peligrosas y atentan contra la salud de la población.
El éxito o fracaso de un Estado en proteger la salud pública depende de la confianza de la ciudadanía en las decisiones gubernamentales y de la confianza de las y los líderes políticos en los hallazgos y recomendaciones de la comunidad científica. Para nuestra mala suerte, el coronavirus arribo a Chile en medio de la peor crisis de confianza, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (2020), el gobierno, el congreso y los partidos políticos muestran niveles de confianza ciudadana que alcanzan el 5%, 3% y 2% respectivamente. Además, la misma encuesta revela otro problema preocupante, el 44% y el 47% de las y los encuestados consideran que la democracia chilena funciona “regular” o “malo/muy mal”.
La pandemia expuso, por un lado, la fragilidad de la interfaz ciencia-política incluso en aquellos países con sistemas de investigación más consolidados (Colglazier, 2020), y por el otro, la deuda pendiente con la educación científico-tecnológica a nivel global, la que ha sido el caldo de cultivo para el negacionismo, movimientos anti-ciencia y populismo relacionado con la ciencia (Mede NG, Schäfer MS, 2020), todos elementos que horadan las democracias.
El matemático y filósofo pacifista, Bertrand Russell (1926), premio nobel de literatura, aseguraba que “sin ciencia, la democracia es imposible”. Setenta años después, el científico y divulgador Carl Sagan planteaba, a propósito de la educación científica en Estados Unidos, que:
«Hemos organizado una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, en la que nadie entiende nada sobre ciencia y tecnología. Y esta mezcla combustible de ignorancia y poder, tarde o temprano, nos va a estallar en la cara. ¿Quién dirige la ciencia y tecnología en una democracia si la gente no sabe nada al respecto?” (Life, Science,2015)
Hoy el panorama no es más alentador, el estudio más grande del mundo sobre cómo piensan y sienten las personas sobre la ciencia, muestra que más de la mitad (57%) de la población mundial cree que no sabe mucho, si es que sabe algo, sobre ciencia (Gallup, 2019). Los datos de la segunda Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología muestran que el 56,1% de las personas consultadas considera que el nivel de educación científica y técnica que ha recibido es “bajo o muy bajo” (Centro de Microdatos, 2019).
No obstante, la falta de educación científica no es el único motivo por el cual las personas ignoran la evidencia científica sólida. Estudios señalan que las creencias existentes, basadas en la ideología y la religión, influyen en como las personas evalúan un resultado científico particular. Mientras más sólidas sean estas creencias más propensas estarán a rechazar un mensaje “disonante” o a oponerse activamente a él. (McPhetres and Zuckerman, 2018; Nisbet EC et al. 2015.; Blank JM, Shaw D. 2015).
Por ejemplo, el 76% de los demócratas liberales está de acuerdo en que el distanciamiento físico es una medida que disminuye la propagación del virus, en cambio solo el 47% de los republicanos conservadores lo cree (Pew Research Center. 2020). Aunque los demócratas confían más en la ciencia para informar las políticas que los republicanos o los independientes, su disposición depende del tema, es menos probable que acepten un consenso científico sobre el uso de la energía nuclear (Blank JM, Shaw D. 2015)
El razonamiento motivado (el proceso de decidir qué evidencia aceptar basándose en la conclusión que uno prefiere) no se explica por la falta de información o educación, personas más alfabetizadas científicamente también lo experimentan, incluso con más fuerza en debates científicos políticamente polémicos (Liu, 2017). Hace casi 100 años Bertrand Russell (1926) sostenía que: “Las creencias apasionadas producen progreso o desastre, no estabilidad. La ciencia, incluso cuando ataca las creencias tradicionales, tiene creencias propias y difícilmente puede florecer en una atmósfera de escepticismo literario”.
Para Stevens, A. (2020) el sesgo es un riesgo presente en cualquier proceso mediante el cual la evidencia científica se convierte en política, e invita a la precaución cuando un gobierno afirma estar “siguiendo la ciencia”. En Chile, diferentes anuncios presidenciales daban cuenta de que el gobierno estaba “siguiendo la ciencia”, el 13 de marzo, a 10 días de detectado el primer caso de Covid-19, el presidente Sebastián Piñera señalaba que el plan para enfrentar la pandemia “…se ha basado en la información científica …” (“anuncia medidas por Coronavirus”, 2020). Desde entonces la mayoría de los discursos hicieron alusión a la ciencia y la asesoría experta.
Como señala Stevens, A. (2020), basándose en la experiencia de Reino Unido, no siempre las autoridades desean asesoramiento científico y a veces no están dispuestos a escuchar opiniones disidentes. Un ejemplo local es posible apreciar en lo declarado por la jefa de la División de Planificación Sanitaria (Diplas), Johanna Acevedo, en el marco de la investigación que lleva el fiscal, Xavier Armendáriz, por la querella interpuesta en contra del exministro de salud Jaime Mañalich, Acevedo señaló que:
«Activó en el mes de enero el Comité de Brote … se había formado invitando a las sociedades científicas relevantes como la de Epidemiología, Infectología, Medicina Intensiva, Urgenciología y representantes de la academia”, pero «señala que de manera verbal el ministro Mañalich le ordenó suspender este comité sin que hubiera justificación técnica» (Chaparro A., 2020)
El 15 de marzo, comenzó a trabajar el Consejo Asesor del Ministerio de Salud (Minsal), pero a poco andar la tensión entre política y ciencia se hizo notar nuevamente, el 9 de abril Ximena Aguilera, epidemióloga integrante del Consejo Asesor de Covid-19 señaló: «Nosotros como Consejo Asesor no estamos en la toma de decisiones y no tenemos acceso al detalle de los datos que tiene la presidencia al tomar decisiones» (Concha L, 2020). En julio, con el ministro Enrique Paris, la epidemióloga y también miembro del consejo asesor, Catterina Ferreccio, refiriéndose al paso de ‘Cuarentena’ a la etapa de ‘Transición’ en la región metropolitana señaló “No, no la aconsejamos nosotros (…) Nosotros hemos sido más cautelosos y pensábamos que había que fortalecer la trazabilidad y tener toda la infraestructura de ella en la región Metropolitana» (“Doctora en epidemiología de la PUC”, 2020)
Stevens, A. (2020) señala que los ministros pueden buscar evidencia que se adapte a sus propósitos, por otro lado, altos funcionarios públicos pueden ser hábiles para seleccionar la información que cuenten la historia que los ministros quieren que se les cuente. En Chile las autoridades no han seguido el consenso científico, como concluye el Fiscal Xavier Armendáriz, respecto al exministro Mañalich:
“…el ministro no solo fue advertido por la comunidad científica de la falta de sustento técnico de sus decisiones, sino que fue directamente informado, vía correo electrónico, por la funcionaria de su dependencia, Sra. Johana Acevedo, que los datos que manejaba no eran los correctos y que la curva epidemiológica que este presentaba al país era una curva equivocada, pues, la real demostraba un alza mayor en el número de contagios” Y agrega que, “proceder de esta manera pudo haber influido gravemente en la toma de decisiones relativas a acciones destinadas a salvaguardar la salud de la población y la vida de los ciudadanos chilenos”. (Chaparro A., 2020).
¿Cuánto afectó la ideología política de nuestras autoridades en seguir o no el consenso científico? ¿cómo afectó la capacidad de respuesta del gobierno frente a la pandemia? no sabemos. Por el momento es un hecho que la pandemia nunca ha estado controlada en territorio nacional, en junio Chile figuraba entre los 10 países con más contagios (Díaz. N, 2020) y en septiembre como el cuarto con mayor número de muertes por cada 100.000 habitantes (John Hopkins University, 2020), es decir, estamos frente uno de los peores resultados en el manejo de la pandemia del coronavirus en todo el mundo.
¿Este, es el resultado de la incompetencia del gobierno, del fracaso de la interfaz ciencia-política, de la desconfianza ciudadana y de la crisis democrática? Probablemente todos son elementos que en distinta medida contribuyeron a producir “la tormenta perfecta”. Otro elemento para considerar es el que propone la antropóloga Martha Lincoln (2020), el «excepcionalismo» o la imagen país auto-halagadora, que podría haber llevado a que líderes políticos subestimaran su vulnerabilidad al virus.
El “excepcionalismo”, como señala Lincoln, se aprecia en lo que los líderes políticos dicen al público, por ejemplo “los jaguares” o “el oasis de Latinoamérica” en el caso chileno. En el discurso del 13 de marzo, el presidente Sebastián Piñera destacaba que: “…el nivel de vigilancia de esta epidemia y de protección de la salud de nuestros compatriotas ha sido valorado y reconocido ampliamente por las autoridades sanitarias internacionales” Jaime Mañalich hacía eco de este mensaje señalando: “he sido felicitado hasta el cansancio por los medios internacionales” (Neira C. 2020). El “excepecionalismo” y el “trunfalismo” de las autoridades chilenas han sido objeto de preocupación para la comunidad experta e incluso para los propios equipos técnicos del Minsal (Cossio y Jiménez, 2020).
Otro elemento importante para considerar es la transparencia, la cual permite el debate abierto y el asesoramiento científico efectivo (Donnelly et al. 2018). Lamentablemente la transparencia ha sido un problema permanente, incluso en el propio Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Min CTCI), que lidera la submesa de datos, a través del ministro Andrés Couve, instancia que congrega a investigadores(as) para analizar información y generar proyecciones de la pandemia, para asesorar la toma de decisiones, pero la instancia no ha estado exenta de polémicas y renuncias (Mesa de Datos Covid.19, 2020).
Recientemente el fiscal Armendáriz, en el marco de su investigación señaló respecto a Couve: “Especialmente llamativo resulta el hecho de que no conozca ni maneje la distinción entre casos comprobados y sospechosos de contagio Covid, para efectos de la contabilización de las muertes asociadas a la pandemia” (Ayala L. 2020)
La pandemia de Covid-19 sacó a la comunidad científica de la “caja” y la situó en el centro de los esfuerzos globales para comprender la nueva enfermedad, desarrollar estrategias para contener la infección y buscar la anhelada cura. No obstante, al mismo tiempo reveló la compleja intersección entre política y ciencia, la poca capacidad de la comunidad de investigación para incidir en la toma de decisiones y los resultados desastrosos que se obtienen cuando los responsables políticos se dan el lujo de dejar a un lado la ciencia objetiva.
El conocimiento científico nunca es una “verdad absoluta”, representa el consenso de investigadores(as), que tiene un carácter provisional y está en todo momento abierto al escrutinio de una comunidad de científica crítica y vigilante. Se puede y se debe confiar en el conocimiento producido a través del método científico en la formulación de políticas y en la toma de decisiones, porque es la mejor herramienta que tenemos disponible.
La pandemia nos deja tareas urgentes, establecer una sólida interfaz ciencia-política y establecer alianzas efectivas entre la comunidad científica y la ciudadanía, ya sea desde las sociedades y organizaciones científicas o en forma individual, es el único camino que nos permitirá enfrentar no solo la crisis actual, sino todos los grandes desafíos de nuestra era, que incluyen la biodiversidad, el clima, la energía, el medio ambiente, los alimentos, la salud y el agua.
Referencias
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Sobre la autora:
Vania Figueroa Ipinza
Bioquímica por la Universidad de Valparaíso y Doctora en Ciencias, Mención Neurociencias por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Investigadora experta en ácidos grasos y comunicación celular, con experiencia en el diseño y gestión de proyectos financiados con fondos públicos en instituciones de educación superior. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Vinculación de Investigación Aplicada en el Centro de Comunicación de las Ciencias, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de Chile. Activista por la participación de las niñas y mujeres en el área científica y tecnológica. Es vicepresidenta de la Asociación Red de Investigadoras de Chile (www.redinvestigadoras.cl) y es experta de la Fundación Hay Mujeres (www.haymujeres.cl).
Publicaciones
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