Entre el estallido y la pandemia: un Chile que transita

Por Javiera Arce-Riffo

Desde el 18 de octubre de 2019 Chile se encuentra transitando hacia uno de los cambios institucionales más significativos de las últimas décadas. Este Chile que despierta, lo hace interpelando no sólo hacia una economía desigual, sino que a todo un sistema político en su conjunto que ha permitido la instalación de una democracia con características excluyentes, oligarcas e incluso corrupta (Vergara, 2019). En esta peculiar democracia, la participación real está supeditada al nivel socioeconómico de la ciudadanía, donde además se ha buscado sentar las bases de una estructura que beneficia a un segmento particular de la población: quienes más tienen (Arce- Riffo, 2020).

Los integrantes de este cuestionado sistema político han orientado políticas sociales para morigerar la situación de pobreza en la que se encontraba gran parte de la población chilena luego de la dictadura, tratando de normalizar la situación institucional afectada por más de 17 años de dictadura cívico-militar. Si bien, se comenzó la transición con un proceso de elecciones libres y el respeto absoluto por su resultado, el paisaje político empezó a perder variedad y dinamismo. Esto, por la estructura de competencia del sistema electoral binominal, que propició una especie de empate en el Congreso impidiendo avanzar hacia cambios sustantivos en el país (Tirnoni y Agüero, 1999).

Es sabido que el sistema binominal trajo estabilidad al país, pero deterioró con el pasar de los años la legitimidad en las instituciones políticas, debido a que terminó por desenraizar el sistema de partidos de la sociedad (Luna y Altman, 2011). Si bien buscaba efectos mayoritarios (Guzmán, 1993), es decir, la generación de dos grandes bloques políticos (partidos), el sistema comenzó a demostrar una evidente fragmentación en sectores importantes de la centro- izquierda y – en el último tiempo – también de la derecha.

Ya en el 2015, el segundo gobierno de Michelle Bachelet decidió cambiar el sistema electoral binominal, que sobrevivía como como uno de los últimos enclaves autoritarios, siendo reemplazado por uno de proporcionalidad moderada. Este cambio permitió abrir el sistema y la irrupción de una tercera fuerza política: el Frente Amplio. A pesar de que existía altas expectativas gracias a la promesa del Frente Amplio de inaugurar una nueva política, su irrupción no significó un mayor avance, por el contrario, precipitó la crisis política y social del 18 de octubre de 2019.

Se podría elucubrar que una de las causas del estallido social fue la sensación de injusticia y la desigualdad[1]. De hecho, palabras como justicia y dignidad resonaron con fuerza entre las demandas ciudadanas, y acabaron por posibilitar la firma de un acuerdo para poder consultar, a través de un plebiscito abierto y vinculante, la posibilidad de poder cambiar o no la actual constitución, y bajo qué mecanismo hacerlo. Todo esto fue acordado entre un ambiente de alta convulsión social, abruptamente interrumpido por la mayor pandemia global de los últimos tiempos.

Un proceso de cambio suspendido ante la pandemia del COVID19

Durante marzo del 2020 (un mes antes del anhelado plebiscito), Chile, al igual que el resto del mundo, debió aplicar medidas para detener el avance del coronavirus en el territorio nacional. Esto implicó modificar la fecha de la consulta para el día 25 de octubre de 2020. Asimismo, el desarrollo de la pandemia ha presentado toda una amplia gama problemáticas que han reflotado las desigualdades socioeconómicas y, por supuesto, la tentación autoritaria de Piñera.

En cuanto a los aspectos políticos, el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe fue establecido y prolongado desde marzo en adelante hasta la fecha, incluyendo un toque de queda. Esto sigue la tendencia de varios países donde los presidentes han intentado avanzar en control social y político de su población (Agamben, 2003). En estos casos, el personal militar es quien vigila las calles, controlando además las autorizaciones para transitar. En las comunas chilenas con cuarentena, las personas pueden pedir a las fuerzas de orden hasta dos permisos para salir a la semana, mientras que adultos mayores de más de 75 años tienen prohibición de dejar sus domicilios. Si a esto se agrega el intento de otorgar mayores facultades a guardias municipales (CNN Chile, 2020), y el Proyecto de Ley que permitía a los militares proteger infraestructura crítica, la tentación autoritaria se observa plenamente.

Con el pasar de los meses, las extendidas cuarentenas y cierres de emergencia, han culminado por deteriorar la calidad de vida de la ciudadanía chilena. Dentro de las insuficientes medidas paliativas, los bonos del gobierno se focalizaron en un comienzo solamente en los sectores más vulnerables, como el Ingreso Familiar de Emergencia (que en un principio alcanzó solo 65 mil pesos por cada integrante de una familia), y la entrega de cajas con alimentos en dos oportunidades. Dentro del paquete de medidas, se decidió aplicar la ley de protección del empleo para ayudar a los empresarios, suspendiendo el pago de remuneraciones, siendo reemplazadas por el seguro de cesantía, el cual tiene límites tanto en montos y como en plazos[2]. Muchos de esos trabajadores, ya acabaron por terminar con su fondo, además de perder sus empleos. De acuerdo a datos del INE, el desempleo en julio estaría rondando un 12,2%, equivalente a casi 3 millones de personas (INE, 2020) donde las trabajadoras mujeres son nuevamente las más perjudicadas.

Lamentablemente, todos esos “esfuerzos” (como planteó el presidente), fueron insuficientes, lo que llevó a que la propuesta para retirar el 10% de los fondos de las AFP tomara cada vez más fuerza hasta concretarse. A pesar de todas las advertencias realizadas por personeros de gobierno, y también de la infantilización de una de las ministras de Estado, María José Zaldívar (Trabajo), quién “no quería que esa plata fuese gastada en televisores como se vio en Perú” (Diario La Tercera, 2020), la economía se reactivó, hubo circulante y consumo masivo, es decir, el retiro de fondos permitió un dinamismo inusitado para este accidentado año (Emol, 2020).

El mes de agosto, destacó por su convulsión social, así como también por el giro hacia el conservadurismo en el gabinete del Piñera. La UDI tomó el control político del gobierno y a través de su ministro del Interior, el ex – senador Víctor Pérez. Lejos de apaciguar los ánimos para evitar un segundo estallido social, en su primera actividad decidió visita a la zona de la Araucanía, hecho considerado como una de las causas a la radicalización de un conflicto revestido de características históricas con el Pueblo Mapuche. Enfrentamientos entre civiles y consignas racistas fueron la tónica del enfrentamiento.

Asimismo, y durante el mismo mes, uno de los gremios de transporte de carga más poderosos de Chile, los camioneros pertenecientes a la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNCT), paralizaron el país y desabastecieron particularmente a las regiones extremas. Los camioneros demandaron al gobierno 13 puntos basados en proyectos legislativos en torno a la agenda de seguridad, para deponer su movilización (El Mostrador, 2020), donde 10 de los 13 proyectos son leyes impulsadas por La Moneda (Interferencia, 2020). Esto explicaría la pasividad y diferencias existentes entre el tratamiento de la protesta de los camioneros y el movimiento social, siendo el segundo fuertemente reprimido por la policía. Los camioneros, por otra parte, controlaron el tránsito en las carreteras, hicieron asados y fiestas, con la participación de prostitutas. Tales reuniones incumplen todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades para la población en general: sin resguardar el distanciamiento físico, sin utilizar ¡mascarillas y sin respetar el toque de queda.

Finalmente, la negociación tuvo frutos para los camioneros, quienes obtuvieron inversión para infraestructura policial, mejoramiento de sus áreas de descanso, un subsidio especial para dueños/conductores de camiones que hayan sido víctima de delito terrorista, que complemente lo que la póliza de seguro no cubre, incluyendo las ganancias que deje de obtener el emprendedor, por causa de este accidente, y una mesa de trabajo hasta marzo de 2021 (Pauta, 2020).

¿Y qué pasa con el plebiscito por la nueva constitución?

El estallido social de octubre de 2019, sumado al manejo de la pandemia del COVID-19 han culminado por establecer la necesidad urgente de avanzar hacia un cambio político-institucional. Esto, debido al deterioro de las instituciones, la polarización del debate político, el desgaste de las instituciones de representación y las malas condiciones de vida de la población. El Estado administrado por gobierno totalmente cuestionado, ha sido incapaz de proteger la vida, la propiedad (como lo plantea la teoría liberal), asegurar niveles de bienestar mínimos para la vida digna de la población, instalando la convicción y necesidad de avanzar hacia la construcción de una nueva constitución y una mejor democracia.

Ante el inminente triunfo del “Apruebo” en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, el gobierno ha sido cuestionado por hacer el mínimo esfuerzo para la realización de un plebiscito seguro. Estos cuestionamientos se basan en el rápido proceso de relajo de las medidas de confinamiento de la población, con el objetivo de reactivar la economía por sobre la defensa de la vida y la salud de la población. Sin embargo, el precio por ese estímulo ha sido volver altos niveles de contagio.

Aún no está claro en qué condiciones ocurrirá el plebiscito que iniciará el camino al cambio institucional, pero las actitudes del gobierno y sus señales no han ido precisamente en el sentido de estimular la participación electoral para dicho evento. Muy por el contrario, ante la negativa del gobierno de impedir que personas con COVID-19 puedan votar, surgen dudas para un plebiscito legítimo, ya que dicha decisión vulnera también el derecho humano a la participación política (La Tercera, 2020 b). Tampoco se contemplaron medidas como la votación anticipada, o locales especiales de votación para enfermos o personas que pertenecen a los grupos de riesgo. La decisión, parece ser, es realizar el menor esfuerzo posible.

Es probable que los infectados concurran de igual forma a los recintos de votación, a riesgo de contagiar a otros electores. Ante ello, un grupo de representantes, liderado por la diputada Andrea Parra, intentarán aprobar en las próximas semanas el sistema de voto postal, para que las personas contagiadas o quienes lo deseen puedan enviar su votación anticipadamente, al igual que una gran cantidad de países en el mundo (TVN, 2020), medida que por cierto, llega tarde.

Todo apunta a que, a pesar de las decisiones del gobierno, el plebiscito se va a realizar, y veremos nuevamente cómo Chile transita y se dirige a un necesario cambio de época.

Referencias

Agamben, Giorgio (2003). Estado de Excepción. Hidalgo Editora. Buenos Aires.

Arce-Riffo, Javiera (2020). En tránsito. Revista Voz y Voto Nº 330. Ciudad de México.

Albert, Catalina (2020). Bono de $500 mil: los “detalles” de la ley que impiden a muchas personas cobrar el medio millón prometido a la clase media. Publicado en Ciper Chile. Disponible en https://ciperchile.cl/2020/08/12/bono-de-500-mil-los-detalles-de-la-ley-que-impiden-a-muchas-personas-cobrar-el-medio-millon-prometido-a-la-clase-media/  

Canal CNN Chile (2020). Gobierno retiró de Contraloría el decreto que entrega capacidad de fiscalización a funcionarios municipales. Disponible en https://www.cnnchile.com/pais/gobierno-retira-contraloria-decreto-fiscalizacion-municipalidades_20200512/

Diario La Tercera (2020a). Retiro del 10%: Zaldívar dice que espera que dinero sea usado en bienes de primera necesidad y no en televisores “plasma” como se vio en Perú. Disponible en https://www.latercera.com/pulso/noticia/retiro-del-10-zaldivar-espera-que-dinero-sea-usado-en-bienes-de-primera-necesidad-y-no-para-comprar-televisores-plasma-como-se-vio-en-peru/PILFCMSD7VE5XFZJNPIGAP6JXU/

Diario La Tercera (2020b). Servel confirma que no habrá voto para contagiados y responsabiliza al gobierno. Disponible en https://www.latercera.com/politica/noticia/servel-confirma-que-no-habra-voto-para-contagiados-y-responsabiliza-al-gobierno/W65X6MKXGZAEDINQXXTGVPHLV4/

El Mostrador (2020). Los 13 proyectos de ley que los camioneros exigen que avancen en el Congreso. Disponible en https://www.elmostrador.cl/dia/2020/08/24/los-13-proyectos-de-ley-que-los-camioneros-exigen-que-avancen-en-el-congreso/

Emol (2002). Lagos a los microbuseros: «Todo el rigor de la ley les caerá encima»
Disponible en  https://www.emol.com/noticias/nacional/2002/08/12/92238/lagos-a-los-microbuseros-todo-el-rigor-de-la-ley-les-caera-encima.html

Emol (2020). Ministro Palacios y retiro del 10%: «Está comenzando a reactivar la economía»
Disponible en:  https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/08/12/994725/reactivar-economia-retiro-del-10.html

Guzmán, Eugenio (1993). «Reflexiones sobre el sistema binominal». Revista de Estudios Públicos 51 (invierno):303-325.

Instituto Nacional de Estadísticas (2020). Encuesta Nacional de Empleo trimestre mayo-julio 2020. Disponible en https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/08/28/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-empleo-del-trimestre-mayo-julio-de-2020

Interferencia (2020). ¿Ultimátum para quién? Petitorio de camioneros. 10 de los 13 puntos son leyes impulsadas por La Moneda o Chile Vamos. Disponible en https://interferencia.cl/articulos/petitorio-de-camioneros-10-de-los-13-puntos-son-leyes-impulsadas-por-la-moneda-o-chile

Luna, Juan y Altman, David (2011): “Unrooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Institutionalization”, Latin American Politics and Society. Vol. 53, Nr. 2, pp. 1–28.

Organization for Economic Cooperation and Development (2020). OECD (2020), Income inequality (indicator). doi: 10.1787/459aa7f1-en (Accessed on 01 September 2020)

Pauta (2020). Lo que cedió el gobierno para destrabar el conflicto de los camioneros. Disponible en:  https://www.pauta.cl/politica/que-dice-el-acuerdo-gobierno-camioneros-fin-paralizacion-carreteras

Tironi, Eugenio; y Agüero, Felipe. “¿Sobrevivirá el nuevo paisaje político chileno?”. Estudios Públicos, 74 (otoño 1999), pp. 151-168.

TVN (2020). Diputada Parra, propone “voto por correo postal” en plebiscito para evitar contagios”. Disponible en https://www.cnnchile.com/pais/gobierno-retira-contraloria-decreto-fiscalizacion-municipalidades_20200512/

Vergara, Camila (2019). Corruption as systemic political decay. Philosophy & Social Criticism.

[1] Chile destaca por ser uno de los tres países con una distribución del ingreso más desiguales dentro de la OCDE. Más detalles en https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm

[2] Al día de hoy se aprobó una modificación que podrá extender la normativa hasta marzo de 2021.

Sobre la autora:

Javiera Arce-Riffo

Es Licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales, por la Universidad de Chile. Magister en Ciencia Política, mención instituciones y procesos políticos, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad es Secretaria Ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad, y profesora del Magister en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso. Ha escrito una serie de artículos y capítulos de libros, entre los que destacan haber editado el libro El Estado y Las Mujeres, el complejo camino hacia una necesaria transformación de las instituciones (RIL Editores, 2018). Sus áreas de trabajo son partidos políticos, institucional feminismo, y representación política. Coautora de la Fórmula Electoral de Paridad de Género para la próxima Convención Constitucional Chilena. Forma parte de la Red de Politólogas.

Libros

Arce, J. (Ed.) (2018). El Estado y las mujeres: el complejo camino hacia una necesaria transformación de las instituciones. Santiago: RiL editores. ISBN 878-956-01-0511-0.

Capítulos de Libros

Arce, J. (2018). “Ley de cuotas a la chilena: notas para una autopsia.” En L. Miranda y J. Suárez-Cao, (eds.), La política siempre ha sido tema de mujeres. Elecciones y protagonistas en perspectiva comparada. Santiago: Flacso-Chile y LOM editores.

Arce, J. (2016). “Incorporar la diferencia: transversalización de género en la gestión del Estado en Chile.” En I. Cienfuegos (coord.), Tensiones y retos de la gestión pública. Santiago, Universidad Central y RIL editores. ISBN 978-956-01-0325.

Artículos

Arce, J.  (2019). “Las contradicciones del mayo feminista”. Revista Iberoamericana, 19, 72, ISSN: 2255-520X, 2019, 234-240, DOI/URL: 1 0.18441/ibam.19.2019.72. 223-245.

Arce, J.  (2018) Abriendo la caja negra de los partidos políticos chilenos: expresiones de la desigualdad género en la militancia política., Revista Jurídica de Buenos Aires , 43, 97, ISSN: 0326-7431, Editorial: AbeledoPerrot S.A, 2018, 217-238, DOI/URL: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_juridica/rj ba-2018-ii.pdf