Estados Unidos vive una crisis política sin precedentes en su historia. Las grandes cadenas mediáticas sacaron sus proyecciones y otorgaron la victoria en las recientes elecciones presidenciales a Joe Biden. Resulta que eso es habitual, así lo han hecho desde mediados del siglo XIX. Los candidatos perdedores salen siempre al paso y lo aceptan, pero este año la situación es diferente con Donald Trump.
El actual presidente, quien busca su reelección, se niega a reconocer la victoria de Biden. Adelantó que llevará la decisión final ante la Corte Suprema, donde su partido tiene control sobre seis de nueve jueces. Ante esta crisis, la pregunta obligada es si existe algún camino constitucional a seguir para no abandonar la Casa Blanca.
En ese sentido, existe la preocupación de que el presidente haga todo lo posible para mantenerse en el poder. «Habrá una transición sin problemas… a una segunda administración Trump», aseguró este martes el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Por su parte, el fiscal general, William Barr, autorizó a fiscales federales para que investiguen las presuntas irregularidades electorales. Así lo hizo, aunque el equipo político de Trump aún no presenta una sola prueba.
Tras ello, el fiscal jefe de delitos electorales del Departamento de justicia, Richard Pilger, presentó su renuncia. Denunció que se quebró la política de esperar que los recuentos de votos estén certificados antes de iniciar investigaciones.
Pero, a pesar de todas las maquinaciones de Trump, es muy poco probable que pueda encontrar la manera de mantenerse en el poder. Incluso, más inverosímil aún es que pueda dar un golpe de estado.
¿Puede Trump dar un “golpe de Estado” constitucional?
Los colegios electorales se reúnen el 14 de diciembre para emitir sus votos. Generalmente -para no decir siempre- todos los estados utilizan el voto popular estadal para elegir a su candidato. Actualmente, se prevé que Biden obtenga mucho más de los 270 votos electorales que necesita. Las proyecciones indican que obtendrá una ventaja insuperable en Michigan, Nevada, Wisconsin, Pensilvania y Arizona.
Ahora, existe una teoría legal arriesgada, presentada por los republicanos antes de la elección. Esta dice que las legislaturas con mayoría republicana en Michigan, Wisconsin y Pensilvania ignoren el voto popular y nombren a alguien de su elección. La ley federal permite que las legislaturas hagan esto, solo si los estados “no toman una decisión” antes del 14 de diciembre.
El detalle es que no hay evidencia de fraude sistémico o irregularidades en ningún estado. Además, los márgenes dominantes de Biden en estos lugares dejan claro que los estados, de hecho, ya tomaron la decisión.
«Si el país respeta el estado de derecho, no veo un camino constitucional plausible para que Trump permanezca como presidente. Claro, a menos que haya pruebas de una falla masiva del sistema electoral en varios estados». Así lo expresó Richard Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California.
En declaraciones ofrecidas a The Guardian, enfatizó: «Sería una toma de poder descarada y antidemocrática aprovecharse de las legislaturas estadales para eludir la elección de los votantes. Yo, simplemente, no espero que eso suceda».
Cómo puede Trump ganar la elección
Entonces, que los legisladores de un estado opten por anular la voluntad de sus votantes probablemente causaría una gran protesta. Pero, para que Trump “gane” la presidencia, no uno sino varios estados tendrían que dar ese paso extraordinario. El problema es que un evento así provocaría una reacción inconcebible y una crisis de grandes proporciones en Estados Unidos.
«Existe una extraña fascinación con varios escenarios oscuros imaginados, que quizás involucran a legislaturas estatales renegadas. Pero, es más una ficción distópica que cualquier otra cosa que pueda suceder«. Así lo comentó a The Guardian el profesor de derecho en la Universidad de Nueva York, Richard Pildes.
Seguidamente, agregó: «La ironía, o la tragedia, es que logramos una elección extremadamente fluida, con una participación récord, en circunstancias excepcionalmente difíciles. Lamentablemente, una buena parte de los partidarios del presidente dicen estar convencidos de que el proceso fue defectuoso«. Claro está, sin pruebas en la mano.
¿Pueden los republicanos ignorar el voto popular?
La Constitución otorga a las legislaturas estadales la autoridad para nombrar a los 538 electores del colegio electoral, quienes finalmente eligen al presidente. Los estados han utilizado siempre al ganador del voto popular para determinar quién obtiene los votos electorales en sus estados.
Según varios informes de prensa, algunos republicanos están considerando esa posibilidad. De ser así, pedirían a las legislaturas estadales ignorar la voluntad del voto popular y nombrar electores favorables al presidente. Para ello, alegarían retrasos en el recuento de votos y supuestas y no comprobadas irregularidades.
“Las legislaturas estatales dirán: ‘Está bien, se nos ha dado este poder constitucional. No creemos que los resultados de nuestro propio estado sean precisos, así que aquí está nuestra lista de electores que creemos que reflejan adecuadamente los resultados de nuestro estado», declaró a Atlantic un supusto asesor legal de la campaña de Trump.
Ahora, Richard Pildes abordó este punto de la siguiente manera: “Es el escenario de pesadilla definitivo para el país. No hay ninguna razón para pensar que habría una base adecuada para hacer esto. No está del todo claro que exista el poder legal para hacerlo”.
«Hay una línea delicada al hablar y educar a las personas sobre todo tipo de escenarios potenciales que podrían surgir y crear una ansiedad injustificada», añadió.
Cuál es la posición de los republicanos en esos estados
Poco después del 3 de noviembre, Jake Corman, el principal republicano en el Senado de Pensilvania, habló al respecto. Indicó que su partido «seguiría la ley» en Pensilvania, que requiere otorgar electores al ganador del voto popular.
Además, días antes, había ya publicado un artículo de opinión en el que abordó el tema. “La legislatura estadal no tiene, ni tendrá, nada que ver en la escogencia de los electores presidenciales del estado. Asimismo, tampoco en la decisión del resultado de las elecciones presidenciales».
Sin embargo, otros legisladores republicanos en Pensilvania dijeron que querían investigar las acusaciones de fraude, aunque no existe evidencia alguna. La decisión resulta alarmante, porque podría ser el comienzo de un esfuerzo por socavar los resultados del voto popular en el estado.
Asimismo, la legislatura de mayoría republicana en Michigan también decidió investigar las supuestas irregularidades, al igual que en Wisconsin. Es así aunque tampoco hay evidencia de irregularidades generalizadas en esos dos estados.
Cuánta influencia tienen las demandas de Trump
El equipo de Trump ya presentó una gran cantidad de demandas legalmente dudosas, incluso, desde antes del 3 de noviembre. Ahora, el propósito de estas demandas no parece ser anular los resultados, sino crear incertidumbre y prolongar el proceso de conteo.
En la nación norteamericana, cada estado tiene sus propias fechas límite para certificar los resultados. Pero, al menos en Pensilvania y Michigan, el equipo de Trump busca impedir que los funcionarios certifiquen los resultados.
Ese cronograma de certificación es fundamental para el futuro del proceso. La ley federal estipula que si los resultados están avalados para el 8 de diciembre, estos serán «concluyentes». Entonces, al alargar el proceso, la intención de Trump parecería que es superar ese plazo y crear más margen de maniobra para “adivinar” los resultados.
“Pero, incluso si esa es la esperanza de Trump, es poco probable que los tribunales intervengan, dijo Pildes. “Los estados comenzarán a certificar sus totales de votos en los próximos días. Simplemente, no hay base en los reclamos y demandas para que los tribunales detengan ese proceso”.
¿Existe alguna salvaguardia para detener a Trump?
Aun así, Pildes expone el peor de los casos: las legislaturas de mayoría republicana anulan la voluntad del voto popular. Entonces, allí entrarían en acción los gobernadores de Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Nevada: todos del partido Demócrata.
En ese caso, los gobernadores se negarían a aprobar los votos del colegio electoral para Trump, argumentando que el voto popular fue para Biden. Por ello, enviarían al Congreso los votos que Biden tendría como derecho por ganar ese voto popular.
El próximo paso, entonces, correspondería al Congreso, que se encarga de contar los votos del colegio electoral. The Guardian explica que la ley que define cómo el Congreso debe manejar ese tipo de disputas es extremadamente confusa. Sin embargo, los expertos consultados afirmaron que la lista respaldada por el gobernador es legalmente más sólida.
Ahora, una teoría opuesta asegura que el titular del Senado, el vicepresidente Mike Pence, podría tener control sobre el proceso. Esto originaría otra disputa, ahora entre la Cámara de Representantes y el Senado. Justo acá sí se daría “el peor de los casos”: intervendría la Corte Suprema, donde -como ya expusimos- Trump tiene mayoría.
Independientemente de cuánto dure esa disputa, la Constitución establece una fecha límite: los mandatos del presidente y del vicepresidente terminan al mediodía del 20 de enero. En ese momento, si no hay un resultado final en la carrera, el titular de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se convertiría en presidenta interina.
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