El Ciudadano revela lista de 300 expulsados por la dictadura en la Universidad de Chile de Valparaíso en 1974

Una de las consecuencias inmediatas del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 fue la ocupación, reorganización e intervención universitaria, que incluyó la expulsión de miles de funcionarios, profesores y estudiantes.

La dictadura de Pinochet emprendió como una de sus principales tareas el  “saneamiento” de la Universidad de Chile, una política de “depuración” y “disciplinamiento”, cuyo fin era establecer los límites de lo permitido o no en la casa de estudio.

Los argumentos utilizados por el régimen se basaron en “la necesidad de ordenar y restructurar las actividades académicas, administrativas y estudiantiles, dentro de las Universidades, a fin de impedir de que se repitan las prácticas y hechos atentatorios al cumplimiento de los fines de toda Universidad”.

Para ejecutar las acciones de represión, Augusto Pinochet nombró a César Ruiz Danyau rector de la Universidad de Chile.

Este militar ejerció durante el gobierno de Salvador Allende como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y también fue nombrado ministro de Obras Públicas y Transportes, un cargo en el que duró apenas 9 días, tras presentar su renuncia por ser incapaz de solucionar el paro patronal y de camioneros de 1972.

El presidente Allende le indicó que si renunciaba al Ministerio debía renunciar también a la Comandancia en jefe,  por lo que decidió renunciar a ambos cargos.

Al servicio de la dictadura, el 8 de octubre de 1973 Ruiz Danyau promulgó el decreto Nº 8.731,  mediante el cual se establecieron las normas para la realización de los sumarios administrativos, que sirvieron como herramienta para llevar a cabo la depuración, justificada  en “la existencia de problemas de convivencia dentro de la Comunidad Universitaria derivados del sectarismo político, de la prédica del odio y la violencia y de la propia situación política que imperaba en el resto del país”.

En dicho decreto se estableció que “los problemas de convivencia, el no cumplimiento de las funciones para las que se fue contratado, el adoctrinamiento político y la actitud proselitista” serían motivo de sanciones para el personal.

El objetivo era, según la autoridad universitaria, “la necesidad de ordenar y restructurar las actividades académicas, administrativas y estudiantiles, dentro de las Universidades, a fin de impedir de que se repitan las prácticas y hechos atentatorios al cumplimiento de los fines de toda Universidad”.

De hecho, en la mayoría de los sumarios en que se expulsaba a los académicos, se establecían como motivo de la sanción:

 “La necesidad de garantizar una armónica convivencia universitaria que permita el libre e íntegro desarrollo de las distintas funciones universitarias a nivel académico, no académico y estudiantil”, y “El imperativo de lograr una docencia objetiva y pluralista ; evitar el uso de la función universitaria con fines proselitistas y sectarios ; exigir el cumplimiento efectivo de los planes y programas propios de la función universitaria ; e imponer el cabal cumplimiento de las obligaciones y deberes que conlleva la calidad funcionaria de la Universidad de Chile”.

«El problema era que no se definía claramente qué era la armónica convivencia, con lo cual se dio espacio a que las diferencias personales o egos profesionales terminaran en sumarios administrativos Por lo demás, no todo el adoctrinamiento político o proselitismo fue castigado, sino solamente el que provenía de la izquierda, dejando así al estudiantado libremente expuesto al proselitismo de los valores nacionalistas que emanaba desde el régimen, explicó la licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Javiera Errázuriz Tagle, en su libro “Intervención y Depuración en la Universidad de Chile, 1973-1976. Un cambio radical en el concepto de universidad ”.

La investigadora indicó que la política de represión de la dictadura, a través de la “depuración” en la Universidad de Chile, dejó como consecuencias “no sólo la expulsión de miles de académicos, funcionarios y estudiantes, sino también la imposición de severos límites y controles a la vida universitaria, junto con un ambiente de temor y desconfianza», que fracturaron profundamente a la comunidad de la casa de estudios.

Expulsión de 300 funcionarios en Valparaíso

En junio de 1974, César Ruiz Danyau, firmó el decreto 2.765 con el que expulsó a más de 300 funcionarios de la Universidad de Chile, de la sede de Valparaíso.

El histórico documento, al que tuvo acceso El Ciudadano, muestra los nombres de los 302 hombres y mujeres, a los que de una  forma abrupta se les informó que dejaban de formar parte de las filas de la universidad o no se les había renovado el contrato por “motivos de interés universitario”.

El grueso de los expulsados pertenecían a las facultades de Arte y Tecnología, Ciencias Sociales y Educación y Letras.

Informantes de la dictadura

Lo más lamentable de esta medida represiva fue que los nombres de los integrantes de las listas de los expulsados no fueron producto únicamente de las labores de inteligencia del régimen de Pinochet.

Las listas también fueron realizadas por profesores y alumnos simpatizantes del golpe militar que no tuvieron escrúpulos a la hora delatar a sus propios compañeros.

Lo más grave es que muchos de estos delatores no han sido desenmascarados públicamente y entre los que han sido identificados, algunos de ellos han hecho carrera y siguen incrustados en las universidades y centros de estudios encargados de formar a los jóvenes  del país.

El caso más reciente es el de Cristina Orrego Salow, quien el pasado 23 de octubre se vio forzada a renunciar a la Junta Directiva de la Universidad de Playa Ancha (UPLA).

11 ex alumnos y alumnas que formaron parte de la carrera de Pedagogía en Filosofía en el Instituto Pedagógico de Valparaíso de la Universidad de Chile, durante el golpe militar, denunciaron a Orrego de ser informante, en complicidad con la Armada de Chile. La entonces estudiante ayudaba a decidir qué compañeros/as podían continuar en la carrera.

La confección de estas lista negras que recopilaban nombres de estudiantes y profesores simpatizantes de la Unidad Popular dieron como resultado la expulsión, secuestro, tortura y prisión política de una importante parte de la comunidad estudiantil y académica de esa sede del Pedagógico. El mismo tipo de práctica que se repitió a lo largo de la mayoría de los centros de educación superior del país durante la dictadura.