Gripe porcina: La negra historia de Granjas Carroll

Los afanes del gobierno federal por presentarse como un modelo de eficacia y de transparencia en el combate de la epidemia tienen un lado flaco: desde 1994 se permitió que se instalara en el Valle de Perote la empresa Granjas Carroll, dedicada a la producción masiva de cerdos. Las denuncias que los pobladores han presentado desde entonces por la desaforada contaminación y el incremento de enfermedades sólo han tenido dos tipos de respuesta: acoso judicial por parte de la compañía porcícola y la pétrea indiferencia de los gobiernos de Puebla, de Veracruz y de la República.

VALLE DE PEROTE, VER.- El ambiente en las comunidades de esta zona ubicada en los límites de Puebla y Veracruz se caracteriza por la fetidez del aire, los enjambres de moscas, así como por la contaminación de mantos freáticos, pozos y lagunas. Además proliferan las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel.

Los problemas del Valle de Perote, una parte del cual pertenece a Puebla y la otra a Veracruz, tienen su origen en la producción masiva de cerdos de la empresa Granjas Carroll de México, S.A. de C.V., que cuenta con la protección de los gobiernos de ambas entidades y de la federación.
La empresa es propiedad de la compañía estadunidense Smithfield, la mayor productora de cerdos en Estados Unidos, en sociedad con Agroindustriales Unidos de México, S.A. de C.V., que exporta productos del campo, como café.

El crecimiento de Granjas Carroll ha generado protestas de comunidades en ambos estados por su efecto destructivo en el medio ambiente y en la vida cotidiana de la población. Algunos lugareños enfrentan procesos penales por denuncias de Granjas Carroll en su contra.
Lo irónico es que Smithfield Company vino a México huyendo de los problemas judiciales que enfrenta en su país por contaminar el ambiente en Carolina del Norte y Virginia.

Fue desde 1985 cuando un juez de la Corte de Justicia del Cuarto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos multó a Smithfield por contaminar el río Pagan, de Virginia. La sanción fue de 285 mil 338 dólares, el mayor castigo civil por una violación del Acta del Agua Limpia.
Una década después, en 1996, los directivos de Smithfield fueron sancionados por la misma Corte de Justicia por falsificar y destruir muestras registradas con la descarga intencional de agua tóxica al Pagan. Esa vez la sentencia fue de 18 meses de prisión y una multa histórica de 12.6 millones de dólares.

Estos datos se incluyen en un reporte del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado estadunidense, fechado en marzo de 2002. El documento contiene el testimonio de Richard J. Dove, integrante de la organización civil Alianza Waterkeeper, el cual advierte del daño que la empresa provoca en el medio ambiente de Carolina del Norte.

En el mismo reporte se dice que en junio de 2000, las organizaciones ambientalistas agrupadas en Riverkeeper documentaron 36 casos de demanda en la Corte Superior contra las operaciones de Smithfield. El objetivo de estos recursos legales era conseguir una orden judicial para que la industria porcícola dejara de “contaminar las corrientes de agua y aire, y reparara el daño causado a ríos y riberas de Carolina del Norte”.

En tanto, el estado de Virginia acusó a Smithfield por más de 22 mil violaciones legales a causa de su actividad contaminante. Dichas infracciones se registraron desde mediados de los ochenta hasta mediados de los noventa, pero el caso fue desestimado por el juez en 2001, al considerar que la acción federal excluyó los reclamos estatales.

El documento del comité senatorial subraya que un estudio de 1998 “encontró clara evidencia de que el nivel de exigencia de leyes y regulaciones ambientales, más que su castigo, tuvo una influencia directa en el crecimiento de la industria porcícola, que tiene que ubicarse en comunidades minoritarias donde la oposición es más fácilmente silenciada”.

La organización ambientalista citada en el reporte subrayó desde entonces: “La presencia de esta contaminante industria es una amenaza para la salud pública debido a que puede bajar el valor de las tierras y la calidad de vida, e impedir un desarrollo económico más saludable para las comunidades que sufren de bajos ingresos y acceso médico”.

La experiencia de las comunidades mayoritariamente afroamericanas de Carolina del Norte y de Virginia es la misma que enfrentan alrededor de 30 mil pobladores de ocho municipios en la región de Perote, donde Granjas Carroll se instaló en 1994.

Aquí la empresa con capital de Smithfield Company creció exponencialmente en la última década: ha instalado más de 100 módulos en comunidades veracruzanas y poblanas. Sin embargo, sólo ha generado 550 empleos entre la población, pues según datos de la propia empresa sus instalaciones cuentan con avanzada tecnología.

Como sucedió en Estados Unidos, los pobladores del Valle de Perote están padeciendo los cambios ambientales y el incremento de los riesgos sanitarios por las grandes cantidades de desechos químicos y microbianos que Granjas Carroll vierte al medio ambiente a consecuencia de su producción masiva de cerdos.

Esta información fue documentada en la anterior legislatura local por el entonces diputado perredista Atanasio García Durán y la Comisión del Medio Ambiente, que intervinieron ante los reclamos de la población. Sin embargo, el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y las autoridades del ramo nunca tomaron en cuenta esas denuncias.
Impunidad y represión

Desde 2005, el exalcalde de Tepeyahualco, Puebla, Antonio López González, alertó al gobierno de Mario Marín sobre el “uso exagerado” de agua por Granjas Carroll, ya que el número de “los cerdos que produce la empresa es superior a la población humana de los municipios de Perote, Jalacingo y Altotonga, en Veracruz; y Guadalupe Victoria, Grajales, Tlachichuca y San Nicolás, en Puebla”.

En Veracruz, los afectados por la empresa conformaron la agrupación Pueblos Unidos y, en un sinnúmero de oficios que datan desde 2004, denunciaron que los niveles de los mantos acuíferos descendieron más de un metro cúbico en una década por el uso desmedido de agua en los procesos de producción porcina.
Esa asociación solicitó al gobernador Fidel Herrera “evitar la expansión de las granjas” de Carroll, debido al grave problema de contaminación ambiental y a la generación de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cutáneas que propician en la población.
La organización civil fue integrada por habitantes de las comunidades de La Gloria, Xaltepec, Sayaleta, Guadalupe Victoria, Totalco, Jalacingo, Altotonga y Perote, en Veracruz; así como de Tepeyahualco, Guadalupe Victoria, Buenavista, Chichicuatla, La Muralla, San Pedro, El Águila, Techachalco, Alchichica, Maravilla y Quechula, en Puebla.

Sus oficios recorrieron todas las instancias de gobierno en ambas entidades, igual que organismos federales como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría de Protección al Ambiente, entre otras, con el fin de solicitar su intervención para que no se instalaran más granjas en sus comunidades.

No hubo respuesta de ningún gobierno local ni del federal.

En tanto, un recorrido por las comunidades del Valle de Perote basta para causar alarma. Los malos olores y la proliferación de moscas es ya insoportable. De hecho, familias como la del agricultor Fausto Ramírez, propietario del rancho El Riego, en Xaltepec, se ven obligadas a abandonar su casa por la noche para dormir en una camioneta.

“Tenemos que buscar las corrientes de aire que no arrastren la fetidez, pero a veces el olor está muy tremendo, es desesperante, no nos deja ni comer ni dormir y tenemos que irnos a donde no nos pegue de lleno”, se queja la esposa del agricultor, Patricia Zamora.

A 100 metros del rancho de esa familia está una de las Granjas Carroll. La empresa ofreció a esa familia comprarle sus tierras, dedicadas al cultivo de maíz, frijol, alfalfa y zanahoria, a 10 mil pesos por hectárea, es decir, “a peso el metro”. Fausto Ramírez se negó.

Y aunque los efectos de sus actividades industriales son evidentes, en abril de 2006 los directivos de la empresa interpusieron denuncia penal contra más de una decena de inconformes de La Gloria, en Perote, y de Orilla del Monte, en Jalacingo, a los que se les dictó auto de formal prisión “por el delito de difamación”.
El juez mixto de primera instancia en Jalacingo inició los juicios contra Fabiola Díaz Quintana, Margarita Hernández Burgos, Guadalupe Serrano Gaspar, Verónica Hernández Argüello y el agente municipal de La Gloria, Manuel Aguilar, así como contra Jorge Bernal Zapara, de Xaltepec, por oponerse a las granjas.
Sólo por la presión del exdiputado Atanasio García Durán, quien solicitó la intervención de legisladores federales, la empresa decidió “otorgarles el perdón” y se desistió de las denuncias penales, dice la abogada de los inconformes, Dulce María Vázquez.

De todas maneras, las autoridades no actuaron y la empresa siguió presionando para acallar las protestas. En enero de 2007, con apoyo de la comandancia de la Policía Federal Preventiva con sede en Zacatepec, Puebla, Granjas Carroll volvió a denunciar penalmente a un grupo de activistas, por lo que se les abrió la averiguación previa 10/2007.

Indiferencia

Varios campesinos de La Gloria, una comunidad marginada en las faldas del Cofre de Perote que ha sufrido los embates de Granjas Carroll, opinan que el virus de la influenza A, inicialmente llamada porcina, “surgió aquí, pues fue en nuestro pueblo donde se presentó el primer brote de enfermedades respiratorias”.
En efecto, La Gloria es hoy un foco de atención internacional porque en este poblado de unos 3 mil habitantes se detectó el primer caso de infección por el virus de influenza A (H1NI), que ha causado decenas de muertes en México y en otros países.

Edgar Hernández, de cinco años, fue identificado como el primer caso de la enfermedad, y medios de comunicación nacionales y extranjeros llegan hasta su humilde vivienda para obtener datos sobre el origen de la enfermedad, que ya superó, y para recoger el testimonio de sus padres.
El gobernador Fidel Herrera negó al principio que La Gloria fuera el origen del virus, no obstante que, a principios de marzo pasado, un brote epidemiológico atacó a 400 habitantes y mató a dos niños.
La agente municipal de La Gloria Bertha Crisóstomo Lara alertó a las autoridades sanitarias sobre la “extraña enfermedad” que padecían sus vecinos, muchos de los cuales fueron internados en estado grave en hospitales de Perote y de Xalapa. La funcionaria consideró que ese mal era consecuencia de la contaminación generada por los desechos de Granjas Carroll de México.

A finales de marzo, el Sector Salud envió una tonelada de cal para esparcirla en La Gloria y así evitar nuevos brotes de la enfermedad que se caracterizó por la fiebre alta, dolor intenso de huesos, tos seca, flemas y náuseas, pero sigue minimizando el problema, denuncia Crisóstomo Lara.
En esas fechas el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco, Orlando Uscanga Muñoz, reconoció que alrededor de 30% de la población de esa comunidad presentaba síntomas de bronconeumonía. También admitió los fallecimientos de los menores, uno ocurrido a finales de febrero y otro a principios de marzo.
Sólo el 26 de abril, después de que se tomaron muestras durante el cerco sanitario de tres días, el gobernador reconoció en un mensaje difundido por Radiotelevisión de Veracruz que el primer caso de influenza “porcina” se había registrado en La Gloria.

Eso no dio ninguna esperanza a quienes se oponen a las actividades contaminantes de Granjas Carroll, ya que Herrera Beltrán deslindó a la empresa de ser la principal causante de la insalubridad en la región.
La gente sigue enfermándose y no hay medicinas, como denunció la subagente municipal Blanca Roldán Tencle, quien desde finales de abril padece síntomas parecidos a los de la influenza, al igual que su hija de seis años.

Pero en La Gloria, si se padecen una fiebre de 38 grados, dolor de huesos y de pulmones, con tos seca y flemas, es mejor callarse: “Aquí no puede uno hablar, decir la realidad, porque de inmediato empiezan a hostigarnos o a actuar penalmente”, dice la subagente.
REGINA MARTíNEZ

Revista Proceso de México