El presidente de Bolivia, Luis Arce, prometió que se hará justicia en los casos de las masacres ocurridas en el país en 2019. Este martes 24 de noviembre, medios locales reportaron que un general de la Fuerza Aérea de Bolivia se convirtió en el primer jefe militar aprehendido para enfrentar un proceso por la muerte de civiles en esos hechos.
El diario Opinión informó que Edwin Paredes, abogado del militar Alfredo Cuéllar, tras una audiencia en el pueblo de Sacaba, Cochabamba (centro), dijo que «la fiscalía ha determinado su aprehensión preventiva y vamos a prepararnos para la audiencia» de medidas cautelares.
La detención del jefe de la guarnición militar de Cochabamba se produjo al día siguiente de que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciara una investigación de la violencia política ocurrida en Bolivia el año pasado, que dejó al menos 37 muertos.
Riesgo de fuga
De acuerdo con la fiscal Lizeth Martinez, «se ha emitido la orden de aprehensión al existir riesgo de fuga y obstaculización para la investigación, además de otros elementos en contra del efectivo militar», reseñó Telesur.
La representante del Ministerio Público, que lleva el caso junto a los fiscales Richard Villaca y Giovany Campos, confirmó que Cuellar «se encuentra en calidad de aprehendido y se realizarán los actos investigativos que se vean por convenientes para esclarecer este hecho”.
«Sólo labores administrativas»
Veintisiete de esos decesos ocurrieron en Sacaba y otras poblaciones en operaciones conjuntas de militares y policías contra grupos opuestos al golpe de Estado que sufrió el expresidente Evo Morales (2006-2019), sucesos denunciados como masacres por el actual Gobierno de Arce, organismos independientes y la Defensoría del Pueblo.
Cuéllar era el jefe militar de Cochabamba durante los sucesos de Sacaba, donde murieron entre diez y doce campesinos, según diversos informes, pero su abogado aseguró que realizaba solo labores administrativas, reseñó la agencia Sputnik.
El jefe militar «presentó a la Fiscalía un plan estratégico de trabajo general aplicado en noviembre del pasado año, en cumplimiento a un decreto supremo y obviamente a una orden del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas), ese plan básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal», explicó el abogado.
El decreto mencionado, firmado por la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) dos días después de su autoproclamación, eximió a los militares de responsabilidades penales por participar en operaciones internas de represión.
Se prevé que el general Cuéllar sea presentado este miércoles ante un juez.
Fuentes: Telesur, Agencia Sputnik.
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