En octubre de 2019, el pueblo de Ecuador se levantó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las demandas de austeridad vinculadas a un préstamo de $4.2 mil millones al gobierno de Lenín Moreno. Marchando por las calles de Quito, los manifestantes llamaron a poner fin a los brutales recortes impuestos como condiciones de apoyo del FMI.
“Lo que ha hecho el gobierno es recompensar a los grandes bancos, a los capitalistas y castigar a los ecuatorianos pobres”, dijo un sindicalista a Al Jazeera. «¡Fuera el FMI!» dijo otro.
Sin embargo, el FMI, se ha quedado. Después de un año de disturbios letales, el FMI y las autoridades ecuatorianas continúan promoviendo recortes presupuestarios, reducciones salariales y liquidaciones a cambio de fondos de rescate para el gobierno. El 15 de diciembre, el programa más reciente de Ecuador, una Facilidad de Fondo Extendido de $6.2 mil millones, se someterá a una revisión antes de un nuevo desembolso de $2 mil millones.
La revisión ofrece una oportunidad crítica para que el FMI reflexione sobre los fracasos de su programa de austeridad y responda al creciente descontento en todo el país. Sin embargo, nos preocupa que esta sea otra oportunidad perdida, por la cual el pueblo de Ecuador será el que más sufrirá.
Como primer epicentro de la pandemia de Covid-19 en América Latina, Ecuador ya ha sufrido un año histórico de pobreza, desempleo y enfermedades. Se perdieron miles de vidas y millones de medios de subsistencia a medida que Covid-19 se extendió por el país. La ciudad de Guayaquil se convirtió en un símbolo mundial de los costos humanos del coronavirus, con historias de hospitales abrumados y cadáveres en las calles reportados ampliamente.
Pero los trágicos resultados de la pandemia de Covid-19 no fueron fortuitos. Por el contrario, se derivan directamente de las reformas de austeridad vinculadas al dinero del FMI. Para dar un ejemplo sorprendente, el rescate del FMI resultó en el despido de 3.680 trabajadores de la salud pública. El impacto de estos recortes en la preparación para una pandemia era demasiado predecible.
La promesa del FMI a Ecuador
El FMI ha prometido romper con el dogma de la austeridad en respuesta a estas condiciones sin precedentes. “Gaste lo que pueda pero quédese con los ingresos”, ha instruido la presidenta Kristalina Georgieva a los estados miembros del FMI, dando luz verde a importantes aumentos del gasto. “Los tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales”.
En Ecuador, sin embargo, hay poca evidencia de este cambio de opinión. Los objetivos generales del nuevo Mecanismo Ampliado, actualmente en revisión antes de la fecha límite del 15 de diciembre, parecen incorporar las preocupaciones de las comunidades doloridas de Ecuador, pidiendo una mayor protección de la vida y los medios de subsistencia durante y después de la pandemia por Covid-19.
Pero la aparente sensibilidad del FMI a estas luchas se ve inmediatamente socavada por el llamado del acuerdo a un ajuste fiscal drástico del 5,5% del PIB de Ecuador hasta 2025. Nuestra investigación sobre el nuevo acuerdo sugiere, en cambio, que el FMI sigue comprometido con los mismos principios de austeridad que sacudieron el país hace un año.
Un nuevo paquete de medidas económicas
Vamos a considerar sus disposiciones para los trabajadores ecuatorianos. El nuevo acuerdo pide la “racionalización” de los salarios, ajustando el salario base a niveles más “competitivos”. Pero el llamado a “racionalizar” los salarios de los trabajadores viola el propio artículo constitucional 328 de Ecuador, que establece la obligación de que “la remuneración sea justa, con un salario digno que satisfaga las necesidades básicas del trabajador y de su familia”. El FMI – y el gobierno de Lenín Moreno – tiene la obligación legal de respetar estos artículos y garantizar que el pueblo de Ecuador pueda acceder a sus derechos constitucionales a un salario justo.
Consideremos también los cambios del acuerdo en lo que se refiere a banca central de Ecuador. El FMI pide una reforma del Código Monetario y Financiero para establecer una mayor «autonomía» para el Banco Central de Ecuador, en definitiva, desvincularlo del Poder Ejecutivo y pasarlo a manos de un Directorio con participación de actores privados. Pero, esta «autonomía» quitaría las herramientas de gestión de la liquidez que permiten a los gobiernos proteger la vida y los medios de subsistencia de la población. Una vez más, la agenda de «buen gobierno» promovida por el FMI amenaza con socavar, por un lado, la responsabilidad democrática – y la capacidad – en el otro extremo, del gobierno.
Finalmente, el FMI está obligado por su Convenio Constitutivo a asegurar que no haya salidas significativas de capitales en los países que están siguiendo sus programas. El FMI entiende bien que este es un problema particular para Ecuador, dada su economía dolarizada. Pero el programa del FMI en Ecuador excluye esto. Paradójicamente, el mismo día en que se aprobó el acuerdo, la Oficina de Evaluación Independiente del FMI publicó su informe de flujos de capital que sugiere que se deben fortalecer los controles para abordar el problema de las salidas peligrosas. ¿El FMI escuchará y aprenderá, o mirará a un lado una vez más?
Por lo tanto, el 15 de diciembre debería marcar una coyuntura crítica en la relación del FMI con el pueblo de Ecuador: una oportunidad para la reflexión, un nuevo comienzo en un nuevo año, una oportunidad para cumplir las nuevas promesas de la presidenta Kristalina Georgieva, de protección social. Pero el FMI sólo puede aprovechar esta oportunidad con una revisión clara y honesta de los impactos de sus medidas de austeridad, y un realineamiento fundamental de su agenda política para respetar los derechos constitucionales del pueblo ecuatoriano.
Solo con una cuidadosa preocupación por el costo humano de las salidas de capital de Ecuador, la consolidación fiscal y la ‘racionalización’ salarial puede el FMI cumplir con el legado sangriento de su programa en Ecuador, y garantizar que su llamado a la consulta no sea simplemente un diálogo de sordos.
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