La columna de Carlos Tromben: El TPP-11 con la mano del gato

Carlos Tromben

El lunes 6 de octubre de 1988, miles de chilenos festejaban en las calles y abrazaban carabineros en señal de reconciliación, en los ministerios y oficinas de la administración pública ya había comenzado la cuenta regresiva para blindar al modelo neoliberal con la mano del gato.

Se les conoció como “leyes de amarre”: las últimas privatizaciones, la conformación de los distritos electorales y del sistema binominal, las normas dictadas entre marzo de 1989 y marzo de 1990 para proteger el legado de Jaime Guzmán y los Chicago Boys.

Algo similar está ocurriendo hoy en vísperas de la conformación de la Convención Constitucional de abril próximo. Blindar a carabineros, las AFP y las multinacionales es la orden del día.

Solo en este contexto se puede entender la discusión inmediata del TPP11, el tratado internacional cuya ratificación quedó interrumpida por el estallido social. El proyecto había pasado todas las instancias de comisión y Cámara, y solo faltaba un debate retórico en el Senado para que fuera ley de la República.

Lo que vino después es sabido. Violencia policial y social, la marcha del millón de personas y un acuerdo cupular que sancionó el mecanismo para dotar al país de una nueva constitución. 

La ley 21.200, que fijó los procedimientos para la elaboración de la nueva carta magna, estableció un límite infranqueable para la labor de los representantes que elegirán los chilenos en abril próximo: se trata de los tratados internacionales vigentes. La soberanía ya cedida en estos contratos internacionales ya no se puede tocar. Por eso el apremio por colocar el último ladrillo en la pared.

Piñera y Larroulet saben que sacar el TPP11 es un “ahora o nunca” y, al mismo tiempo, un dispositivo eficaz para acotar las atribuciones del constituyente. Sin ruborizarse por su pálido 7% de apoyo ciudadano, el gobierno de la minoría ha decidido lanzar toda la artillería jurídica que le concede la constitución pinochetista maquillada por Lagos.

AFP, represión y multinacionales. Ése es el mantra.

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En su momento el gobierno vendió el TPP11 como una oportunidad para los exportadores. Tan falso que da rubor: Chile ya tiene acuerdos comerciales bilaterales profundos con cada uno de los 11 países miembros del acuerdo. La ganancia en ventas y en empleos será marginal para las empresas que exportan pollos, vino o salmón.

Es más, solo siete de los 30 capítulos del TPP11 se relacionan con comercio. El resto tiene que ver con inversión extranjera. El TPP11 es en realidad un dispositivo jurídico vinculante destinado a proteger dichas inversiones no solo en caso de expropiación, sino de cualquier decisión política que afecten sus ganancias directas, sus royalties y sus patentes. Por ejemplo, la dictación de normas laborales o ambientales más estrictas.

 Al contrario de lo que se ha dicho, el TPP11 no obliga desmantelar derechos laborales, sociales y ambientales que ya existen. De hecho, la OMC, el modelo para todos los tratados como el TPP11, prohíbe explícitamente restringir derechos para ganar competitividad exportadora y atraer inversiones. El problema para el constituyente chileno, si se aprueba el TPP11 hoy, es que limita la posibilidad de expandir estos derechos.

Para precisar los alcances negativos del TPP11 no hay que fijarse solo en el contenido del acuerdo, sino en cuáles son los países firmantes.

Originalmente era un TPP11 con Estados Unidos, pero una de las primeras cosas que hizo Trump al llegar al poder fue desahuciar el TPP11, con lo que se creó un escenario totalmente distinto.

Los once países restantes son muy distintos entre sí. Brunei Darussalam es una monarquía absoluta islámica donde la lapidación contra las adúlteras es ley. No hay competencia ni mucha complementación con Chile, aparte de hidrocarburos. Con Vietnam un poco más: exporta celulares, café y calzado deportivo. México y Perú tienen un nivel de desarrollo y una matriz productiva relativamente parecida a la de Chile. Singapur, en cambio, es un poderoso exportador de medicamentos y tecnología médica.

Pero Canadá y Australia son otra cosa. Aparte de países más desarrollados y con legislaciones laborales robustas, son inversionistas mineros de gran poder.

Las multinacionales BHP Billiton, Río Tinto, Barrick Gold son unos pesos pesados del mercado mundial de materias primas. En casa tienen que negociar con sindicatos fuertes, de rama. Si se aprueba el TPP11, como quiere el gobierno de Piñera, la Convención Constitucional no podrá establecer una protección más fuerte para los glaciares, el agua o los derechos de quienes habitan en zonas de sacrificio. No podrá siquiera establecer derechos laborales como los que BHP, Río Tinto o Barrick deben respetar en sus propios países. Un contrasentido moral, jurídico y político.

Durante la anterior discusión en las comisiones y en la sala de la Cámara y del Senado, numerosos representantes de la oposición votaron a favor del TPP11. Lo hicieron sin la debida reflexión, pero tampoco sin mucho margen de maniobra. El TPP11 no se puede alterar: se aprueba o se rechaza como un todo. Por eso mismo este tipo de acuerdos se negocia en secreto.

La élite pre “18-O” consideró como una señal muy negativa dar un portazo en la cara a aliados y socios comerciales tan importantes. Así se pensaba antes del estallido, en función exclusiva de los intereses económicos y de la imagen-país. Las comunidades, los territorios, los ciudadanos eran variable de ajuste: daño colateral.

El país ya no es el mismo, la pregunta es dónde se sitúa ahora la oposición. La discusión de las leyes represivas ha permitido visualizar a la mayoría de la vieja Concertación como parte del “partido del orden”. Las discusiones de la reforma previsional y del TPP11 serán, quizá, las últimas oportunidades para reflotar el viejo slogan de “gana la gente”. Al cierre de esta columna, el senador Alejandro Guillier ya comprometió su voto negativo. Ojalá sean más.