Como el gobierno ciudadano se ha negado sistemáticamente a dar información respecto de la existencia de cultivos transgénicos en el país, organizaciones ambientales y de agricultores exigen que se transparente la presencia de soya, maíz y canola transgénica en el país. Estudios independientes acusan que sobrepasan las 30 mil hectáreas. Ya en enero del 2008, 17 temporeros se intoxicaron con un insecticida en un maizal transgénico en las cercanías de Talca.
En el marco de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida exigió al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Francisco Venegas, la entrega de información acerca de la ubicación exacta de los cultivos transgénicos en el país.
La alianza es integrada por la Coordinadora Nacional de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL).
Estudios independientes acusan que en Chile las hectáreas cultivadas con semillas transgénicas abarcan las 30.101,03 en la temporada 2008-2009, siendo los más extendidos los de maíz, soya y canola.
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
Los transgénicos son organismos genéticamente modificados con organismos nuevos creados en laboratorio, cuyas características se han alterado mediante la inserción de genes de otras especies. Así, por ejemplo, se le añaden genes propios de alacranes a una variedad de tomate para así otorgarle determinadas características, fundamentalmente hechos resistentes a herbicidas y resistentes al ataque de insectos.
Diversos estudios internacionales comprobaron que la siembra de cultivos transgénicos pueden dañar de forma irreversible el patrimonio agroecológico de un territorio. Un caso lo da la liberación al medio ambiente de polen proveniente de cultivos modificados genéticamente, la que es una de las vías clásicas de contaminación.
En Chile la siembra de transgénicos ha sido bajo cuerda y sin protocolos de bioseguridad, lo que implica un grave riesgo de contaminación biológica de los cultivos y malezas cercanas a la siembra.
La demanda de las organizaciones de agricultores es porque el gobierno mantiene en secreto los lugares precisos donde se localizan estos cultivos, afectando los intereses de agricultores orgánicos y convencionales, trabajadores expuestos, comunidades vecinas y consumidores.
El 2008, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) hizo un catastro en algunas regiones detectando la presencia de transgénicos de maíz en las regiones de Rancagua y Arica. Francisca Rodríguez, de dicha organización, acusa que “acá no sólo se están plantando sino que también reproduciendo semillas transgénicas”.
Ese mismo año el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, determinó que maíces transgénicos provenientes de semilleros contaminaron siembras de maíz convencional en Chile, según lo establecido en el muestreo realizado a comienzos de ese año en la Región de O’Higgins. Se analizaron muestras provenientes de 30 predios contiguos a semilleros de OGM, de los cuales cuatro dieron resultados positivos para contaminación transgénica, en las comunas de Placilla, Santa Cruz y Chimbarongo.
Rodríguez agrega que han pedido información al Ministerio de Agricultura acerca de donde están los cultivos y las semilleros y no han obtenido respuesta. “Acá está en juego el derecho a la información de los cultivadores y las personas que viven alrededor de estas plantaciones porque no saben a los que están expuestos. Parece que dicha información es un secreto de Estado”.
UN MINISTRO COMPROMETIDO
Desde 1992 que en Chile se ha permitido la internación de material transgénico y la única normativa específica en Chile respecto a transgénicos se encuentra en una Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero sobre Normas y Regulación de Liberación de Transgénicos. Según dicho decreto, sólo se autoriza en Chile la entrada de semillas transgénicas para multiplicación con fines de exportación, o sea, no se permite liberación de transgénicos para consumo.
Una Comisión Asesora de Liberación de Transgénicos (CALT), dependiente del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), fija las cláusulas de bioseguridad para los cultivos transgénicos en el país. Claro que es a puertas cerradas, ya que no está abierta a la participación de organizaciones ciudadanas.
Además, el país se ha vendido para afuera y en la conciencia de los chilenos como ‘potencia agroalimentaria’, imaginario que se sostiene en el cultivo de salmón, fruta, vino y semillas, marketing que provoca sospechas sobre las implicancias y daños futuros al ecosistema y el material genético de muchas especies presentes en el país.
El ex ministro de Agricultura de Bachelet ya hizo su aporte al cultivo de transgénicos. Álvaro Rojas, ministro del ramo hasta fines del año 2007, en marzo de ese año recibió entusiasta al vicepresidente de Monsanto, y anunció el interés tanto de dicha trasnacional alimentaria como del gobierno de establecer 25.000 hectáreas de soya transgénica en Chile.
En el Parlamento en tanto existe un proyecto de ley –patrocinado por los senadores Alberto Espina (RN), Eduardo Frei (DC), Fernando Flores (Chile Primero), Andrés Allamand (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI)- que apoya la expansión de estos cultivos transgénicos y no considera su etiquetado.
TEMPORERAS INTOXICADAS
Entre los fundamentos expuestos por las agrupaciones sociales se sostiene que saber la ubicación de dichos cultivos “es especialmente necesario para quienes desarrollan en todo el país la agricultura orgánica, que se considera amenazada por la posible contaminación genética de carácter horizontal proveniente de dichos cultivos, y también la exportación de semillas provenientes de la agricultura convencional. Asimismo el alto consumo de herbicidas e insecticidas ligado a estos cultivos afecta la biodiversidad, el desarrollo de la agricultura orgánica, de la apicultura y la salud de comunidades vecinas, temporer@s, pequeños propietarios y consumidores. Esto implica que las exportaciones de semillas, miel, alimentos envasados, productos pecuarios y el conjunto de la producción agropecuaria orgánica quedan en riesgo de contaminación”.
Y no es catastrofismo. Ya el 16 de enero del 2008, 13 temporer@s(os) resultaron intoxicados por la acción del insecticida Zero 5 EC, un piretroide de ANASAC que contiene 50 g del insecticida lambdacihalotrina. El hecho se registró en el interior de un maizal transgénico contratado por Massai Agricultural Services, una exportadora de semillas híbridas y transgénicas, cuya producción de maíz y soja proviene -entre otros- de semillas importadas de Monsanto y Syngenta.
El hecho ocurrió en el sector Bajo Lagunilla, 15 km al nororiente de Talca, en la Región del Maule, lo cual alertó a los vecinos y productores de maíz convencional. El episodio además demostró que – al contrario de lo que afirman los promotores de los transgénicos – estos cultivos no disminuyen el uso de plaguicidas, especialmente de herbicidas como es el caso de glifosato. Estudios científicos independientes han considerado el glifosato como extremadamente tóxico para la salud de las personas y muy dañino para el ambiente.
ANAMURI detectó además la introducción de maíz transgénico en el Valle de Azapa, lo que ha hecho mermar un producto tradicional de la zona: las aceitunas. “Se han cortado olivares para sembrar maíz transgénico en esa zona”- sostiene Rodríguez.
El Ciudadano
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