La Iglesia Católica de El Salvador abrió este lunes sus archivos históricos a Jorge Guzmán, un juez que busca información relacionada con la masacre de El Mozote (1981), en la que fueron ejecutadas casi 1.000 personas durante la guerra civil (1980-1992).
Al principio, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, se mostró en contra de la diligencia judicial, pero cambió su posición tras hablar con el juez y aclarar que los archivos no serían incautados. «Vamos a apoyar con la copia certificada de los documentos que requiera para administrar justicia», señaló la autoridad eclesiástica a través de la Televisión Católica (TVCA).
El juez aclaró que la inspección será específicamente en el archivo de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador. «Él (Guzmán) dejó muy en claro que su intención es recabar aquella información útil y necesaria para apoyar a las víctimas de la masacre, y en que en ningún momento él pretende llevarse algún documento», dijo el Monseñor, quien aseguró que la Iglesia está a favor de la verdad.
Con esta inspección, el juez Guzmán busca partidas de nacimiento, certificados de bautismo o cartillas de vacunación, que fueron recolectadas en los sitios de la masacre y que el arzobispado conserva, pues un recurso de amparo determinó que estarían «bajo la custodia de la Iglesia y al servicio de la Justicia».
«Nuestro archivo recoge las declaraciones de las víctimas y ellas confiaron en la Iglesia y por eso la Iglesia tiene un compromiso. De ahí nuestro esfuerzo de mantener ese archivo inviolable, pero eso no significa que no estará disponible para que se administre justicia. Al contrario, enhorabuena», agregó el arzobispo.
La masacre de El Mozote es la mayor matanza de civiles a manos de las fuerzas armadas registrada en la historia reciente de América Latina.
Una reparación pendiente
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluyó en 1983 que, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, militares del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote, en el departamento de Morazán (a unos 180 kilómetros al noreste de San Salvador), en una cruenta operación en busca de guerrilleros insurgentes.
El mismo informe de la ONU responsabiliza de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia, y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por encontrarse amparados por la ley de amnistía, promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
El 16 de enero de 2012 el presidente Mauricio Funes pidió perdón a los familiares de las víctimas por los hechos ocurridos en El Mozote, y señaló como responsables al teniente coronel Monterrosa y al lugarteniente Azmitia, quienes murieron el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que volaban explotó a causa de una bomba colocada por la guerrilla.
El pasado 25 de septiembre, el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el gobierno desclasificará voluntariamente «los pocos archivos sobre la masacre de El Mozote que no han sido destruidos», después de que la Fuerza Armada salvadoreña impidiera que el juez Guzmán accediera a los archivos militares vinculados con el caso.
Cortesía de RT
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