En Pichidegua, comuna de la provincia de Cachapoal, en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, el agua es un recurso cada día es más escaso, lo cual ha estado afectando a sus 18 mil habitantes desde hace más de dos años y haciendo peligrar a los pequeños agricultores y ganaderos de la zona.
El alcalde de la comuna del valle, Adolfo Cerón, denunció en el medio El Tipógrafo que 10 fuentes de agua potable rural (APR) “están quedando secas por el uso indiscriminado, y hay una desregulación por parte de nuestros parlamentarios de poder legislar en beneficio de la gente en un tema tan sensible como es el agua”.
Por otra parte, la dirigenta comunitaria de “Unidos por el Agua Pichidegua”, Gloria Alvarado, explicó para la plataforma de la Fundación Terram, que de no ser por las escasas precipitaciones del 2020, la zona estaría completamente seca, ya que en este momento están “funcionando con un 25% del agua que necesitan los agricultores de Pichidegua, lo que se traduce en que los pequeños regantes de la agricultura familiar y campesina tengan que estarse turnando para poder salvar sus cosechas”.
Abandono del Estado
Gloria Alvarado, la también integrante de la cooperativa de agua Patagua Cerro, nacida y criada en Pichidegua, ha comentado en múltiples ocasiones la crisis histórica del agua que ha sufrido su tierra, en donde apela a un abandono absoluto por parte del Estado a las zonas de escasez del recurso hídrico.
En 2020, Alvarado explicó para Paula que, el Estado esta en el deber de abastecer de agua a su población y que “en este sentido estamos haciendo nuevamente gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas para que se entregue de emergencia los 100 litros, que se construyan en el año los proyectos de mejoramiento aprobados y que se diseñen proyectos con standard urbano.”
En dichas declraraciones, Gloria hacía referencia a la escasez de agua en el contexto de pandemia. Sin embargo, esta situación es de larga data, por lo que la dirigenta expuso que, los problemas no se reducen al bajo acceso de agua para consumo humano y agrícola, sino que también “está afectando la vegetación nativa que aporta al ecosistema con la erosión de los terrenos para producir agua, oxígeno y biodiversidad privilegiando además el alto consumo de agua”.
Tanto Alvarado como el edil de Pichidegua apuntan a la intervención de empresas privadas en el uso excesivo de agua, reduciendo el acceso publico al líquido, lo cual podría ser combatido con una mejor planificación territorial y fiscalización de parte de la DGA, que actualmente no regulariza el uso de agua potable en zonas rurales.
“Esto tiene que ver con una planificación territorial, en cuanto a una mejor gobernanza del agua mediante organismos con atribuciones, recursos y donde tenemos solo dos fiscalizadores por región, lo que representa de verdad un grave problema”, concluyó Alvarado para el medio digital.
Propuestas de candidatos a alcaldes
Respecto a la falta de agua, varias figuras políticas locales han compartido algunas de sus propuestas para paliar la escasez. Uno de ellos fue el candidato a la alcaldía de Pichidegua, Guillermo González, quien explicó sus planteamientos a corto y largo plazo para regularizar el tema del agua en su comuna.
La primera comentada por el postulante a edil para el medio El Tipógrafo, es la necesidad de reunir a los pequeños agricultores para evaluar la capacidad de agua disponible que llega “del río que trae un 20% hacia el mar, ya que nosotros somos la tercera y última sección de riego”, lo cual sería la principal causal del reducido acceso hídrico.
“Lo que nos llega hoy es francamente muy poco por lo que debiéramos comenzar a guardar el agua que nos llega embalsándola en tranques, no grandes extensiones sino más bien medianos, en distintos sectores que permita hacer su uso cuando la realidad así lo amerite”, analizó luego.
Gonzáles también expuso que hay que abordar la problemática con una renovación tecnológica al ámbito agrícola de la zona.
“Nos faltan depósitos para el agua, tecnología para el riego tecnificado y la convicción de que es posible organizarnos y distribuir en forma racional la escasez o la poca agua que tenemos”, indicó el aspirante al sillón edilicio, quien no hace mayores comentarios respecto a las responsabilidades de la escasez y más bien, propone medidas reparatorias con los pocos recursos disponibles.
Postura que difiere con su contrincante en la carrera alcaldicia, Ismael González, quien es enfático en apuntar a una centralización de gestión de agua por parte de grandes agricultores, principalmente a las productoras de paltas.
Según este aspirante “si lideramos el municipio no queremos llegar al momento en que haya que decidir si le damos el agua a los paltos o a las personas y que hay que dar la batalla para que nuestros agricultores puedan tener acceso al agua”, lo cual puede realizarse a través de fiscalizaciones más fuertes e inflexibles.
“Hay un tema de gestión, y necesitamos hacer ver a las autoridades que si no se riega en los próximos 20 días se va a perder toda la producción de maíz y eso significa pobreza, entonces hay un tema de centralización de gestión del agua que debe terminar”, enfatizó en declaraciones ofrecidas al medio local de la Región de O’Higgins.
Por su parte, el tercer candidato a la alcaldía de la comuna, Marcos Fuentes, tiende más a la idea de “conversar con las empresas para alcanzar acuerdos”. Según Fuentes, aunque tiene una visión muy crítica respecto a la tala de bosques endémicos para las plantaciones masivas de paltos, lo cual también afecta a los pequeños agricultores y fomenta la escasez de agua, cree que a través del consenso con privados pueden conseguirse mejores resultados.
“Aquí claramente hay un descontrol total, pero también soy un convencido de que conversar con las empresas es fundamental para alcanzar acuerdos”, añadió.
Acuerdo de Escazú: la última esperanza
El abandono del Estado a las zonas con escasez de agua, producida tanto por las empresas de agricultura macro, como por la privatización de los derechos de agua y poca fiscalización a estas en distintas comunas del país, durante 2020 tenían una esperanza de regularizarse a largo plazo: a través del Acuerdo de Escazú un tratado multilateral regional de América Latina, cuyos objetivos son garantizar los derechos a la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras.
Sin embargo, en septiembre de 2020 el gobierno de Sebastián Piñera rechazó ser parte de este acuerdo, lo cual confirmó la falta de atención a los temas medioambientales en el país, y sobre todo, demostró que desde La Moneda no se ha establecido una política que permita ayudar a los afectados por la escasez de agua, priorizando, una vez más, los intereses de privados sobre el acceso de las comunidades al vital líquido como derecho.
La dirigenta Gloria Alvarado, en entrevista con Paula planteó pocos días antes de que el gobierno no firmara el tratado, que era primordial que Chile se una a estos acuerdos y que en la nueva Constitución se añadan artículos que protejan la naturaleza y el derecho al agua como un bien público.
“Sueño con una Constitución ecológica, con especial respeto a la naturaleza dado que a través de ella se obtienen los servicios ecosistémicos que son necesarios para la vida y obviamente para la producción de agua. Sería ideal poder construir una constitución que no mercantilice el agua porque hoy día es considerada un bien económico, mercantil y ha sido el hombre quien le ha puesto ese valor», afirmó la luchadora social.