En la provincia del Chaco, en Argentina, una jueza suspendió este jueves la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en respuesta a una medida cautelar presentada por particulares vinculados a la Iglesia Católica, quienes plantearon una supuesta inconstitucionalidad en la despenalización del aborto.
La medida fue dictada por la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Nº 19 en lo Civil y Comercial de la ciudad de Resistencia, y es el primer embate judicial desde que el Congreso Nacional aprobó la ley 27.610, en diciembre del año pasado.
En su recurso, los demandantes solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma y citaron el artículo 15, inciso 1, de la Constitución del Chaco, que garantiza «el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas».
El grupo que hizo la apelación está encabezado por Hilda Beatriz Dellamea, junto con otros referentes de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), que se define a sí misma como «una comunidad de laicos y sacerdotes que a través de la formación y el compromiso procura evangelizar y construir la patria».
En su resolución, la magistrada sostiene que, por tratarse de una «competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana».
La nueva ley IVE, que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años, fue aprobada el pasado 30 de diciembre en la cámara alta del Congreso de la Nación Argentina por 38 votos afirmativos contra 29 negativos y una abstención. Se trató de un hecho histórico, teniendo en cuenta la larga lucha de los movimientos feministas para que el derecho de las mujeres a abortar en condiciones de salud, y sin ser penalizadas, fuera respetado.
Sin embargo, la norma sigue siendo rechazada por los sectores conservadores del país. A poco de convertirse en ley el proyecto, el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, reconoció que la legalización del aborto en el país «no será fácil de aplicar». Y remarcó que la interrupción legal del embarazo que regía en Argentina para casos de riesgo de vida de la mujer o por ser producto de una violación, ya generaba resistencias, incluso con fallos de la Corte Suprema de Justicia a su favor.
No obstante, el funcionario remarcó que los derechos de los ciudadanos y la salud de la población no deben ser postergados por cuestiones religiosas. «No puede la creencia estar por encima de la evidencia», afirmó.
Cortesía de RT
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