Familias supervivientes de la explosión de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, la capital de Líbano, y en especial refugiadas de Siria, podrían quedarse sin hogar en los próximos meses, ante una nueva ola de pobreza derivada de la parálisis política y económica en la que se encuentra sumido el país.
Según una estimación de la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), si bien la mayor parte de las 200.000 residencias dañadas o destruidas en la gigantesca detonación de un almacén de nitrato de amonio del pasado 4 de agosto se encuentran más o menos reparadas o reconstruidas, un número «estremecedor» de familias, según el NRC, «se encuentran ante una crisis de pobreza sin precedentes que puede desembocar en un aumento de los desahucios y del número de personas sin techo para vivir.
El NRC apunta, por ejemplo, que al menos 70.000 trabajadores han perdido su empleo por culpa directa de la explosión, un incidente que solo ha agravado todavía más, junto a la aparición de la pandemia de coronavirus, el largo bloqueo político en el país, así como su igualmente longeva crisis económica.
De hecho, Líbano lleva días siendo escenario de protestas por el agravamiento de la crisis económica causado por las medidas de restricción contra el coronavirus en varias ciudades como Sidón, en el sur del país, o en la propia Beirut, donde se han quemado contenedores y creado barricadas en la céntrica plaza de Riad el Solh, cerca del Parlamento. Más de 300 personas han resultado heridas y una ha fallecido en estos incidentes.
En este contexto de violencia, NRC hace especial hincapié que las víctimas más afectadas por la explosión ya vivían en las zonas más deprimidas de Beirut. Un sondeo de la ONG revela que una tercera parte de los encuestados han perdido algún tipo de ingreso familiar por la detonación y que cuatro de cada diez enfermos crónicos han tenido que suspender su tratamiento médico por ser incapaces de cubrir los costes.
Pero de todos los grupos afectados son los refugiados sirios quienes parecen haber recibido el impacto más grave de la detonación. «La cruda realidad es que los más vulnerables siguen bajo condición de desplazados», denuncia el director del NRc para Líbano, Carlo Gherardi, quien tiene constancia de incidentes de violencia, abusos y acosos a la población por parte de sus caseros.
«Cada vez son más quienes están desempleados. Son incapaces de pagar el alquiler, están incurriendo en una deuda enorme y a cada día que pasa dependen más de la ayuda», ha lamentado.
Por todo este cúmulo de circunstancias, el NRC considera «imperativo» el inicio de un programa específico de ayuda a la población, «más allá de los daños estructurales», para que «la gente de Beirut pueda volver a ponerse de nuevo en pie».
Por último, el NRC insiste en que «Líbano necesita reformas de gobernanza de amplio alcance y apoyo internacional a largo plazo para garantizar la creación de empleo, la prestación de servicios y la protección social. Las puertas de las casas de las personas pueden haber sido reparadas, pero el daño a las vidas detrás de esas puertas permanece».
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