Bolivia: Los otros refugiados políticos

Con la victoria electoral del MAS en octubre pasado, estos perseguidos políticos regresaron a Bolivia junto con Evo. Y aunque nunca fueron noticia internacional -o mejor dicho, por eso- sus historias siguen vivas y merecen ser contadas.

Por Giselle Leclercq/Underground Periodismo Internacional

BUENOS AIRES, Argentina.- Evo Morales todavía estaba asilado en México cuando el boliviano Orlando Pozo tomó la decisión de huir a Argentina.

La policía de la ciudad de Montero había encarcelado a cuatro de sus compañeros durante una manifestación de apoyo a Morales y él estaba acusado de terrorismo. Se había mantenido en la clandestinidad hasta que ya no tuvo dónde esconderse.

Además estaba endeudado porque todo su dinero lo había gastado en la campaña como candidato a primer senador suplente por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

Consiguió que un amigo lo llevara al límite de Bolivia con Argentina. Una compañera de causa le había asegurado que un militar con quien ya había hablado lo ayudaría a pasar del otro lado. Pozo desconfiaba. Por eso, cuando identificó al hombre indicado, permaneció a una distancia de 300 metros observando sus movimientos.

“Pasaron algunas horas y me armé de coraje. Me acerqué y le dije quién era yo. ‘No tenga miedo que estoy con usted’, me respondió”, recuerda Pozo en entrevista con Underground.

El militar vestido de civil lo invitó a comer; conversaron y esperaron que cayera la noche. Se subieron entonces a un automóvil particular y antes de pasar los controles Pozo se escondió en la cajuela. Atravesó sin problemas porque nadie desconfió de un miembro de la milicia.

En ese momento, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (la Liga) ya había organizado un corredor humanitario para recibir a los bolivianos que, como Pozo, huían de los ajustes de cuentas derivados del cambio súbito de régimen.

El primer pueblo argentino que pisó fue Orán, en la provincia de Salta. Ahí se encontró con su hermano, que semanas antes había escapado de Bolivia subiendo como ayudante a un camión de carga que cruzó la frontera. Habían pasado semanas sin tener noticias uno del otro y ambos pensaban lo peor.

Después de comunicarse con la familia y avisar que estaba bien, Pozo se encargó de hacerle llegar a sus compañeros las indicaciones para poder llegar al país vecino.

Uno de ellos fue Elías Yapuri Cazón, que había pasado varias semanas escondiéndose en casas de amigos y de otros militantes del MAS. No estaba en sus planes abandonar Bolivia, pero se enteró que la policía había detenido a su hermana y a su cuñado.

“Los tuvieron tres días. Fue una tortura psicológica. No les daban de comer ni los dejaban ir al baño. Hasta que ella me delató”, cuenta en entrevista con este medio.

Una vez que logró llegar a la frontera, prefirió cruzarla por el río a pie y durante la noche  para  que las fuerzas de seguridad no lo descubrieran.

Por esos días Humberto García también logró llegar a Argentina. Durante un mes se había escondido en el monte dentro de una choza, pero un compañero suyo le informó que se desplegarían operativos de búsqueda en el campo. Ya no era seguro estar ahí. Tampoco lo era regresar a Montero porque sabía que ya estaban tras de él: su pareja había sido detenida por la policía cuando había ido a buscar a su hija de cinco años al jardín de niños. Ambas pasaron doce horas en una comisaría hasta que las autoridades creyeron que de verdad no sabían sobre su paradero.

Su salida se complicó. El río había subido y era imposible cruzarlo a pie. Tuvo que esperar siete días hasta que bajó el nivel del agua. Desde la  Liga le habían indicado que cuando llegara a Orán debía ir a un restaurante determinado y pararse en la esquina. Un vehículo llegaría a recogerlo.

García tenía miedo. Siempre había escuchado que en Argentina el racismo era salvaje y no podía sacarse esa idea de la cabeza. “De repente —relata a Underground— paró un vehículo y bajaron dos señores mayores con barba y pelo blanco. Me presenté con pocas palabras y me abrazaron. Me abrazaron muy fuerte y me dijeron ‘Bienvenido, hermano. Sentite en tu casa’”.

Las autoridades argentinas estiman que tras la caída del gobierno encabezado por Evo Morales llegaron a vivir a la capital alrededor de 70 refugiados políticos. No pueden dar un número preciso porque había casos de personas que no tramitaron ningún tipo de asilo y que prefirieron mantenerse en el más bajo perfil.

Orlando Pozo (41), Elías Yapuri (44) y Humberto García (36) son dirigentes sociales con raigambre en el movimiento universitario y la política de la ciudad de Montero, ubicada en el centro agroindustrial del país, en el Departamento de Santa Cruz. A diferencia de los ex ministros y funcionarios del gobierno de Evo Morales -a quienes por sus puestos políticos se les facilitó sin mayor premura el asilo político en Argentina- estos hombres huyeron de sus casas y país literalmente con lo puesto, alcanzaron Buenos Aires sorteando adversidades y fue gracias a la solidaridad de las organizaciones afines a su causa que tuvieron techo y comida hasta el último momento de su asilo político.

A pesar de todo, ninguno habla de sí mismo como una víctima. Se consideran protagonistas de un movimiento revolucionario y no titubean a la hora de plantear críticas hacia el interior de su partido. Aunque entienden que Morales decidió renunciar para evitar una masacre, los tres están convencidos de que un proceso político como el que habían encarnado no podía avanzar sin violencia.

El inicio

Es difícil establecer cuándo comenzó el conflicto que generó la más reciente ola de violencia en Bolivia y la conformación del llamado “gobierno de transición” con Jeanine Áñez Chávez a la cabeza.

Se podrían mencionar las elecciones del 20 de octubre del 2019, en las que Morales fue acusado de fraude.

La oposición, que se basó en dos controvertidos informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señalaron irregularidades en los comicios, dio inicio a un paro con bloqueo de calles y carreteras y movilizaciones permanentes. El caos culminó con la renuncia del presidente el 10 de noviembre de ese mismo año.

También se podría fijar el inicio cuando Morales decidió postularse como presidente por cuarta vez. La Constitución no se lo permitía.

El líder del MAS había sorprendido al mundo entero cuando ganó la presidencia en 2005 con 54 por ciento de los votos, a pesar de que ninguna encuesta lo consideraba un fuerte contendiente. En los años que siguieron Evo amplió su apoyo popular, lo que quedó demostrado una y otra vez en las urnas.

Pero en febrero del 2016 sufrió por primera vez un revés electoral al ganar el “No” -con 52 por ciento de los votos-  en el referéndum en el que consultó al pueblo si apoyaba su reelección indefinida.

Sin embargo, Evo insistió y llevó el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional, que en noviembre de 2018 falló a favor de una nueva postulación. Para muchos, este fue el detonante que logró unir a una oposición que se mantenía fragmentada desde principios de milenio.

Los entrevistados aseguran que el conflicto arranca desde que Morales juró como presidente. Los tres repiten anécdotas de enfrentamientos violentos con grupos opositores en prácticamente todos los años de gestión aunque ubican como el antecedente más importante la crisis política de 2008, detrás de la cual ven un golpe de Estado fallido. En aquel momento, el gobierno se enfrentó a sectores de la región conocida como la “Media Luna” (conformada por los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), que reclamaban autonomía del poder central.

El escenario fue similar al de 2019, con bloqueos de calles, desborde social y violencia.  El caos culminó el 11 de septiembre de 2008 con la llamada “Masacre del Porvenir”, en la que alrededor de 30 campesinos masistas fueron asesinados a manos de las fuerzas de seguridad. El prefecto opositor Leopoldo Fernández fue encontrado culpable de organizar la matanza y condenado a prisión, de la que salió días antes de que Evo tomara un avión para asilarse en México.

En ese contexto de violencia política fue que Pozo y Yapuri ingresaron de manera activa a la política a través de un movimiento que reclamaba universidades descentralizadas.

Refiere Pozo: “Había racismo en quienes se oponían a nuestra causa. Nos querían golpear a todos los paisanos (campesinos que emigran a la ciudad). Yo soy indígena, es lo que soy, aunque ahora sea un chico más citadino. Entonces, teníamos que hacer resistencia, luchar y tirar piedras. Durante mucho tiempo vivimos con temor en Montero”.

Pozo le decía a su madre que no saliera al mercado, ya que las personas que vestían como ella ropa tradicional —pollera las mujeres o poncho los hombres— se exponían a ser golpeadas.

Yapuri lo confirma: “La Unión Juvenil Cruceñista (considerada un grupo paramilitar por la Federación Internacional de Derechos Humanos) estaba vigente y sus miembros realizaban actos vandálicos. Venían con sus bates a buscarnos. A una compañera de pollera le abrieron la cabeza de un golpe”.

La lucha educativa significó un gran paso para los campesinos. Hasta ese momento, cualquier joven que terminaba el bachillerato debía pagar cifras elevadas para tramitar el título. Continuar los estudios era imposible para las familias humildes. Y si bien en aquel momento no se consiguió la universidad tal como se esperaba, sí se logró la apertura de nuevas facultades más allá de las ciudades grandes. Yapuri ingresó en la carrera de medicina y Pozo en la de ingeniería en sistemas, donde afianzó su militancia y logró que los universitarios se constituyeran como un grupo estable dentro del MAS.

Antes que ellos, Humberto García también había iniciado su andar político en la universidad. “Formamos el primer bloque de jóvenes universitarios apoyando a Evo Morales cuando la universidad era el centro del racismo puro. No pasábamos de 15 jóvenes”, recuerda.

El trabajo y la actividad política no le dieron tiempo para continuar estudiando.

Durante los primeros años de la gestión de Morales formó parte de los cuadros juveniles del partido, viajó a formarse a Cuba y volvió para sumarse a los planes de alfabetización. “Bolivia tenía 38 por ciento de personas que no sabían leer ni escribir y eso lo cambiamos. Después me metí muy fuerte en la dirigencia política de Montero. Nos ha tocado trabajar en todos los intentos de golpes de Estado. Nosotros siempre habíamos resistido y vencido”, insiste.

Lucha desde la base

La ciudad de Montero se convirtió en los últimos años en un bastión masista. A sólo 60 kilómetros de distancia se ubica Santa Cruz de la Sierra, la zona que más fuertemente rechazó al gobierno del MAS desde sus inicios y que es conocida por ser la región con más altos niveles de racismo y xenofobia del país. Allí nacieron hace 70 años los “comités cívicos”, desde los cuales se convocaron a paros y se alentó la persecución de los dirigentes masistas a través de la referida Unión Juvenil Cruceñista.

El 2018 fue de constantes enfrentamientos entre los dos bandos, pero la violencia se hizo más intensa conforme se acercaba la elección presidencial del 20 de octubre. El día siguiente de los comicios —juzgados como fraudulentos por la oposición— las movilizaciones en las calles eran imparables.

Los tres dirigentes entrevistados se resistieron a la orden presidencial de no movilizar gente ni responder agresiones. “Llegaban hordas de violentos a los barrios que defendían a Evo. Nosotros teníamos que estar en la calle defendiendo nuestro gobierno, pero desde arriba no convocaban”, recuerda Yapuri.

Pozo entró en la clandestinidad al sentir su vida en peligro. El 13 de noviembre fue a la casa de sus padres, con quienes vivía, y les dijo que se tenía que ir. Les pidió que si llegaba la policía, respondieran que él vivía en Santa Cruz desde que había asumido la dirigencia departamental tres años atrás.

Metió ropa en una mochila, rompió el chip de su teléfono y consiguió uno nuevo.

Pozo tenía dos acusaciones en su contra. Explica: “Me acusaban de haber financiado el terrorismo en Montero y también me involucraron en la causa de un periodista acusado de pertenecer a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”.

Antes de dejar Bolivia, Pozo tenía la esperanza de destrabar los cargos en su contra. A través de una abogada de oficio supo que su hermano y él eran buscados como “peces gordos” y un policía, ex fiscal, lo confirmó: “Es mejor que se escondan porque los estamos buscando”. Fue así que decidió emprender el camino por tierra hasta la frontera con Argentina.

Exilio precario

Humberto García y Elias Yapuri son más reservados al contar sus vivencias en aquellos días previos al exilio. “Son situaciones muy traumáticas las que pasaron y no todos quieren hablar abiertamente”, comenta a Underground Bertha Lozano, la delegada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que los recibió en Argentina.

Su casa de Salta, una provincia fronteriza con Bolivia, funcionó como un corredor humanitario por el que transitaron 40 bolivianos, a quienes su organización asistió con techo, comida y ayuda para tramitar el refugio.

La primera persona a la que recibió fue una joven embarazada de cuatro meses que había cruzado a pie.

La situación le removió a Bertha su historia personal: a los nueve años se había tenido que escapar con su padre a Bolivia por la persecución en Argentina. Relata: “Viví el exilio. Estuve un año y medio durmiendo en un colchón en el piso y ocho años sin saber nada de mi madre. Por eso, sabía que lo primero que ellos iban a necesitar era una cama y un teléfono para comunicarse con sus familiares”.

Crecer en una familia afiliada al Partido Comunista la hizo conocer las estrategias que los sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Che Guevara aplicaron para escapar de Bolivia. Más de medio siglo después, ella las replicó: “Armamos una red de eslabones con personas en distintos puntos estratégicos para que recibieran a los refugiados bolivianos y los llevaran a otro punto. La idea era que nadie tuviera demasiado contacto con nadie. Todo fue bastante en la clandestinidad, incluso en Argentina”.

Yapuri, Pozo y García pasaron diez días en este corredor y pronto lograron que les consiguieran los pasajes para llegar a Buenos Aires, donde se instalaron semanas después.

El 10 de diciembre de 2019 un gobierno afín al MAS tomó posesión en Argentina, lo que les dio la posibilidad de moverse libremente. Ese día fueron a una concentración en Plaza de Mayo, se encontraron con otros refugiados y se empezaron a organizar. Pozo reactivó sus redes sociales y publicó una foto en Facebook con una bandera boliviana detrás que decía: “Liberen a los presos políticos”.

La vida parecía volver a activarse. El primer objetivo era recibir a Evo, que llegaría el 12 de diciembre, y luego empezar las reuniones para organizar el retorno. La posibilidad de que en mayo de 2020 se celebraran nuevas elecciones en su país los tenía animados y trabajando.

Pozo se puso en contacto con organizaciones de izquierda que lo ayudaron a mantener su campaña electoral. Desde el exilio continuó siendo candidato y pudo viajar por diferentes provincias para hablar en actos políticos de las comunidades bolivianas.

Sin embargo, el tiempo pasó, las cosas en Bolivia no se calmaban y no había garantías para regresar. Algunos pudieron obtener una ayuda económica de la Comisión Nacional para los Refugiados, pero sólo por tres meses. El ánimo comenzó a decaer con la pandemia y las medidas de restricción que Argentina tomó en marzo.

No pudieron salir más a la calle y el dinero se acabó. La postergación de las elecciones de mayo hasta octubre significó un duro golpe para ellos: “Ahí se empezó a complicar todo”, narra Yapuri. Se acabaron los subsidios y, por no tener tarjeta de identidad argentina, estaban imposibilitados a trabajar. 

A diferencia de los funcionarios bolivianos de primera línea que estaban refugiados en Buenos Aires, los tres militantes evistas pasaron por una decena de domicilios hasta que lograron establecerse en una casa que tiene el Movimiento Territorial de Liberación —una agrupación aliada a la central obrera argentina— en la localidad de Morón, a las afueras de la capital. Dormían en colchones en el piso, recibían asistencia de las organizaciones sociales y frutas y verduras de los productores bolivianos que viven en la zona.

Según la mencionada activista Bertha Lozano, el flujo de refugiados desde Bolivia bajó durante la pandemia, pero continuaron llegando personas de forma esporádica hasta septiembre pasado. A todos les decía lo mismo: que tuvieran paciencia, que no se sabía cuándo terminaría todo. En vísperas de los comicios presidenciales —que muchos pensaban que podían generar nuevamente la violencia—, la Liga se estaba preparando para recibir una segunda ola de refugiados bolivianos.

Conscientes de las adversidades, los entrevistados incluso comenzaron a tramitar la tarjeta de identidad argentina para poder trabajar y estabilizar su vida en el exilio.

Pero su situación dio un giro con la inesperada victoria presidencial en primera vuelta del candidato del MAS, Luis Alberto Arce, el antiguo ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales. Arce estuvo refugiado en la embajada mexicana en La Paz y luego brevemente en Argentina.

El 9 de noviembre, un día después de que su partido recuperara el poder, Morales emprendió el regreso a casa y dos días después, junto con algunos de sus exministros con los que compartió refugio, volvió a pisar territorio boliviano. Lo fue a despedir el presidente argentino Alberto Fernández.

García, Pozo y Yapuri, por su parte, no necesitaron más una tarjeta de identidad argentina. También volvieron a su patria para continuar con sus actividades políticas.

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Detrás de la historia

Cuando se conoció que Evo Morales se había refugiado en Argentina, quise conocer qué otros bolivianos habían llegado al país escapando del gobierno interino de Jeanine Áñez. Comencé una cadena de llamados telefónicos que me llevaron a hablar con un importante dirigente del partido de Evo que se había instalado en Buenos Aires: “Los que tenemos un techo y dinero somos privilegiados, pero hay jóvenes activistas que no la están pasando nada bien y de ellos no se habla”, me dijo.

Él me puso en contacto con Orlando, Humberto y Elías, con quienes me reuní cuando Morales todavía estaba refugiado en Argentina. Sus historias, tan similares a las de los exiliados del siglo XX, son un testimonio de una región siempre al borde del estallido. La elección del 18 de octubre que consagró a Luis Arce como el nuevo presidente de Bolivia habilitó el regreso de estas personas a su país, donde continúan haciendo política.