Embarazos en pandemia: ¿Dónde está el Estado?

Por Camila Sierra Madrid
Publicado en la edición impresa N°246 de El Ciudadano en noviembre de 2020

Pastillas anticonceptivas con fallas distribuidas en el servicio público y el mercado, protocolos para mantener la atención y asegurar la salud sexual y reproductiva durante la crisis sanitaria, pero sin recursos asociados para hacerlo. Centros de Salud Familiares arreglándoselas como podían para no abandonar a sus usuarias, fronteras cerradas, misopostrol escaso y las organizaciones feministas que acompañan abortos con más consultas que nunca. Mujeres adultas y adolescentes con embarazos inesperados producidos durante el encierro. ¿Serán éstas las víctimas silenciosas de la pandemia?

A diferencia de lo que se podría pensar, el Informe del Departamento de Estadísticas de Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud dice que la natalidad en Chile ha experimentado una baja, al menos hasta la quincena de diciembre del 2020: 183.346 nacimientos, versus el año anterior, en que a diciembre del 2019 hubo 210.863 nacimientos. En ambos, la edad promedio de la madre es de 29 años.

Al respecto, expertos declararon a CNN hace menos de un mes (en noviembre de 2020) que esa baja puede deberse al estallido social del 18 de octubre, “debido al miedo por la estabilidad política y social” y a la pandemia del COVID-19, “con sus consecuencias sanitarias, económicas y psicológicas”.  Eso respecto a los nacimientos. En cuanto a los embarazos producidos durante los meses de encierro, la situación pareciera ser distinta.

Durante los meses de encierro por el COVID-19 que ha afectado a Chile y el mundo, en que a lo menos un tercio del globo ha estado en confinamiento debido al virus, los embarazos —deseados y no tanto— en el país habrían aumentado: las atenciones de gestantes (personas embarazadas) en Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la región Metropolitana tendrían en algunas comunas un aumento.

Así mismo, los vendedores ilegales de Misopostrol recibían en los meses de marzo y abril, mínimo seis llamados diarios de personas diferentes preguntando por el medicamento comúnmente usado para abortar cuando las fronteras estaban cerradas y las pastillas no podían entrar a Chile. La organización feminista “Con las amigas y en la casa”, que acompaña a mujeres en situación de aborto, recibió más de 200 correos electrónicos al día pidiendo orientación. Esto solo en la capital. En regiones las cifras de consultas también subieron.

Según el historiador Fernando Castillo, —doctor en Historia y académico de la Universidad Andrés Bello— declaró a El Mostrador en abril del 2020, que “las tasas de natalidad van a explotar, pero como fue en los 50, lo dudo”.

Como mencionó Castillo, puede que no se trate del Baby Boom como tal, pero una cantidad que podría llegar a ser considerable de mujeres en Chile han estado viviendo en carne propia la experiencia de gestar en medio de una crisis sanitaria mundial.

¿Y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile?

Aunque desde el Ministerio de Salud —bajo cualquier gobierno— diga que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están garantizados, existen situaciones que reflejan lo contrario. Es el caso reciente de la falla —en dos oportunidades— durante la pandemia de las pastillas anticonceptivas Anullette-CD, método que se entrega a las mujeres que se atienden en el servicio público.

Durante el mes de agosto del año pasado, el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió la alerta de retiro, tanto del mercado como de los Servicios de Salud, de Anullette-CD, tras detectar envases con disposición errada de algunos comprimidos o falta de estos. Esto quiere decir que en lugar de placebos había comprimidos con principio activo, comprimidos con principio activo en lugar de placebos y falta de comprimidos (placebos y de los otros) en un lote determinado.

A fines de octubre se repitió la situación. En esa ocasión, el ISP informó la falla en un nuevo anticonceptivo, Conti Marvelon 20, que también traía un error en su sistema de distribución.  Mes de noviembre y ,a pesar de que el ISP publicó las situaciones en su página web y lo difundió a través de un comunicado de prensa, había mujeres que no estaban enteradas.

El obstetra José Herrera Farrú, encargado del Programa Salud Sexual y Reproductiva del Centro de Salud Familiar (CESFAM) José Symon Ojeda y representante comunal de la Comisión VIH/ITS de la Corporación Municipal de Conchalí, afirmó que no llegaron Anullette-CD con fallas, “yo mismo revisé los lotes”, dice.

Herrera añade: “si tú usas el método anticonceptivo de pastillas, que requiere continuidad en la toma, el hecho de que te falle aunque sea una pastilla ya es un riesgo de embarazo. Las quitaron del mercado, les quitaron la resolución sanitaria, entonces hubo un quiebre de stock. No nos hemos quedado sin pastillas, pero hemos tenido que ordenar mejor la entrega para poder dar abasto. Las pastillas debe ser el método más usado que tenemos”.

Desde septiembre del 2017 existe en Chile la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la que contiene solo tres causales por las que las mujeres pueden abortar: peligro vital de la madre, inviabilidad del feto y violación. Pero la historia habla de excepciones. En 1931 se establecieron causales con fines terapéuticos en el Código Sanitario, las que se mantuvieron hasta 1989 cuando la dictadura de Pinochet se aseguró de modificar la legislación, penalizando nuevamente todo tipo de interrupción del embarazo. Hasta ahora.

Aun así, en Chile no es fácil abortar. A tres años de la entrada en vigencia de la ley que lo permite por tres escasas causas, una red de mujeres feministas crearon OLA, sigla de “Observadoras de Ley de Aborto”. Según una de sus activistas, el objetivo es observar cómo la ley se cumple.

Para eso, recaban testimonios de mujeres que han entrado al sistema por una de las tres causales, pero que han tenido complicaciones o que, por alguna razón, lo han abandonado, por lo que han decidido interrumpir su embarazo de manera autónoma.

Una de las experiencias que más se repite, según el Observatorio, es la de mujeres que han tenido muchas trabas durante su proceso y situación de aborto, sobre todo por la causal dos —malformación incompatible con la vida—, en que un neonatólogo hace hincapié en un caso entre miles en que el feto sobrevivió, por lo que vuelven a hacerles exámenes y evaluaciones, y tienen que esperar gestando hasta dar término a su embarazo. “Un embarazo que podría haberse interrumpido a las 16 semanas, se interrumpe a las 24”, declara la activista.

Pandemia: Protocolos vs. realidad

Marzo del 2020 y prácticamente nadie se atrevía a acercarse siquiera a un Servicio de Salud a no ser que fuera estrictamente necesario. Cuarentena decretada en un número importante de comunas a lo largo de todo Chile, a las que se iban agregando localidades progresivamente a medida que se propagaba el virus y, como es histórico, muchas mujeres fueron relegadas al cuidado de enfermos, niñas, niños y adultos mayores. 

Gran cantidad, si no todos los recursos de los Servicios de Salud estaban a disposición de apalear la crisis. El Ministerio de Salud emitió en octubre del 2020 “Documentos de apoyo COVID-19”, en los que se desglosan una serie de protocolos para las distintas dimensiones asociadas al área.

“Orientaciones técnicas en continuidad de atención en salud sexual y reproductiva en el contexto de pandemia COVID-19” era el protocolo que se debía seguir y que se supone daba directrices de cómo continuar con la atención de las mujeres en edad fértil.

El obstetra José Herrera del CESFAM de Conchalí mencionó que “efectivamente el protocolo existe. A las gestantes hay que atenderlas, lo mismo con los recién nacidos. Esas atenciones sí o sí se hacen. Los métodos anticonceptivos se entregan, no es algo que se haya dejado de hacer, pero cada CESFAM tiene que modificar el protocolo en base a la realidad local. Las visitas, por ejemplo, tuvimos que dejarlas un poco porque los vehículos se utilizaban para el COVID-19”.

Viviana Díaz, Médica General de la Universidad de Chile, trabaja en un consultorio de Ñuñoa, pero además es activista de la organización feminista “Con las amigas y en la casa”. Respecto a su trabajo como médica en el servicio público, dice que “en el consultorio efectivamente se hacían protocolos locales, porque las indicaciones ministeriales llegaban tarde y eran muy amplias. No había dinero asociado y cuando no hay plata asociada es solamente una declaración de intenciones”.

“O sea, solo se redujo a decir que se tienen que mantener los controles, pero tú ves cómo lo haces, con tu personal, con tus recursos. Cada municipio tiene recursos súper distintos y eso establece unas diferencias que son inmorales, porque tú puedes tener las mismas ganas de hacer las cosas pero con recursos súper diferentes”, añade Viviana. En su consultorio, se contrató una batería de médicos epidemiólogos para hacer frente a la crisis.

Gestación y precariedad

Si bien en el CESFAM José Symon Ojeda no gozaron de crecimiento de la natalidad, sí habría aumentado la cantidad de embarazadas, así como también el comienzo del uso de anticonceptivos en mujeres que no usaban. “Hubo meses que me llegaban diez nuevas gestantes, así como había meses que me llegaban dos, tres o una”.

En cuanto a los métodos anticonceptivos, el matrón menciona: “cambiamos el método anticonceptivo a quien lo requirió, pero muchas de las gestantes nuevas que tuvimos fue por temor de ir al CESFAM, dejaron de usar su método anticonceptivo. También tuvimos pacientes que planificaron estar embarazadas”.

Herrera declara que no habría un aumento considerable de embarazo adolescente en su CESFAM durante la pandemia. “Tuvimos, pero no en demasía. Sí hemos tenido embarazadas de 30 años, de 20, de veinti tantos y así. También hemos tenido gestantes extranjeras durante estos meses. No podríamos decir que en el CESFAM ha aumentado más en un rango o en otro, porque en nuestro caso ha sido parejo”, dice.

Existen CESFAM que tienen asociado un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF), los que generalmente se encuentran ubicados en lugares de alta vulnerabilidad que les corresponde atender. “La idea del CECOF es acercar la salud a la población que está un poquito más apartada por un tema de distancia. Entonces se crea un nuevo sector del CESFAM pero fuera de él, abarcando más población para que no quede sin atención de salud”, relata Herrera.

“El CECOF que tenemos nosotros está en un sector que es de altísimo riesgo. Hay situaciones bien complejas. Ahí siempre tienen mucha población gestante. Ellos incluso a veces pueden tener lo que nosotros tenemos como CESFAM completo, los tres sectores”, aclara el encargado de Programa Salud Sexual y Reproductiva del José Symon Ojeda.

En el CECOF del José Symon Ojeda “hubo un aumento notorio en los ingresos de gestantes entre los meses de junio y septiembre, dentro de esos nuevos embarazos hubo varias extranjeras”, declara la obstetra que se desempeña en el Centro Comunitario de Salud Familiar de Conchalí.

Con las amigas y en la casa

No todas las mujeres que se embarazan desean hacerlo. Tampoco todas pueden acceder a alguna de las causales que existen en la Ley de Interrupción Voluntaria. “Al estar confinadas con su agresor, muchas tuvieron sexo no consentido más frecuentemente, porque el hombre estaba metido en la casa. Si antes la violaba todos los fines de semana, ahora la violaba todos los días”. Viviana Díaz, quien participa activamente en la organización feminista “Con las amigas y en la Casa”, es así de categórica.

“Si aumentaron los embarazos, yo pienso que sería por eso, por estar con el agresor y por la dificultad que tenían muchas de acceder a los anticonceptivos, porque las mujeres son las que se quedaban cuidando a los enfermos, a los viejos, a ‘les niñes’ en las casas, y sus medicamentos y sus cosas nadie se las veía”, continúa Díaz.

La organización habitualmente recibía, antes de la pandemia, entre 100 y 150 correos electrónicos de mujeres consultantes pidiendo orientación y ayuda para poder realizar un aborto autónomo y fuera de la legalidad, en sus casas, acompañadas de alguna familiar o alguna amiga. “Durante la pandemia subió a más de 200 y ahí se mantuvo, como alrededor de 200. Hubo un pick tipo marzo o abril, y después se mantuvo en 200 diarios y ahí seguimos”, declara la médica feminista.

Por el cierre de las fronteras los primeros meses de pandemia, el stock de misopostrol —medicamento con el cual se aborta y que es más conocido como misotrol— comenzó a escasear, por lo que vendedores del mercado negro recibían muchas consultas diarias.

Durante esos meses se pudo ver cómo subían los precios. “Yo vi dosis a 500 lucas o hacían competir a las chiquillas, le daban la dosis a la que ponía más plata. Un descriterio total. Si eres vendedor y existen estas condiciones, haz una donación al mundo, pero el capitalismo no genera esos espíritus”, añade Viviana.

Las mujeres que consultan a esta y a otras organizaciones feministas que acompañan a mujeres en situación de aborto generalmente son universitarias y profesionales jóvenes. A Viviana le sorprende que, además de ese grupo, consulten mujeres que no pertenecen a él, como reponedoras de supermercado, asesoras del hogar, incluso mujeres que están en la cárcel y migrantes. “No tengo la estadística exacta, pero me pregunto cómo a esas mujeres les llega la información y habitualmente es boca a boca”. 

“Yo creo que tiene que ver con una cosa de dignidad. Si bien hay organizaciones que tratamos de hacer la situación más digna, igual tenemos las limitaciones que tiene toda colectiva que funciona sin financiamiento, y de todas maneras las mujeres antes de llegar con nosotras ya lo pasaron mal pensando que no iban a conseguir el miso, pensaron en la plata, hablaron con vendedores ilegales. Y entonces todo eso hace que sea tan indigno, tan doloroso”, reflexiona la participante de la organización en torno a cómo se realizan la gran mayoría de los abortos en Chile.

De la repetida falla en torno a los Anullete-CD dice: “hiciste cosas por no embarazarte y te embarazaste por culpa del laboratorio”. Y en cuanto a la forma en que se hacen clandestinamente los abortos en Chile, Viviana reflexiona: «sobre todo pienso en lo de la dignidad de decir ‘esta es mi decisión y el Estado me tiene que garantizar, y si necesito reposo o necesito licencia me tiene que salir gratis, me lo tiene que cubrir mi FONASA que me descuentan todos los meses. Y ante estas situaciones de crisis debería ser más’”, finaliza enfática Viviana Díaz.