La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, instó a EE. UU., la Unión Europea y otros Estados a retirar las sanciones impuestas a Venezuela, informa un comunicado del organismo.
«El efecto devastador de las sanciones impuestas se multiplica por la extraterritorialidad y el exceso de cumplimiento, afectando negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales, a los nacionales de terceros países y a las empresas», dijo Douhan en el texto, y añadió que «las exenciones humanitarias son largas, costosas, ineficaces e ineficientes».
La relatora dijo, al finalizar una visita de dos días en Venezuela, que las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes, provocando una crisis económica, humanitaria y de desarrollo con un efecto devastador para toda la población.
«Las sanciones impuestas en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea han exacerbado las calamidades, el ingreso del Gobierno ha disminuido 99 %, las remesas han disminuido por el bloqueo», expresó Douhan en declaraciones a los medios durante la presentación de un informe preliminar tras su visita a Caracas.
Douhan indicó que los activos de Venezuela congelados en bancos americanos, ingleses y portugueses representan 6.000 millones de dólares. Además, dijo que los impedimentos para la importación de alimentos han llevado a 2,5 millones de personas a inseguridad alimentaria severa, por lo que se come una vez en lugar de tres, menos cantidad y de menor calidad.
La relatora señaló que el desvío de activos de Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, impidió trasplantes a 53 niños venezolanos.
«Subrayo que las sanciones multilaterales al petróleo, minería y otros son violación del derecho internacional (…) El propósito anunciado en la campaña de máxima presión para cambiar el Gobierno de Venezuela constituye intervención en asuntos internos», expuso.
El comunicado recuerda que las sanciones se impusieron por primera vez contra Venezuela en 2005 y se han reforzado severamente desde 2015, «siendo las más severas las impuestas por EE. UU.».
Douhan reconoció que las medidas contra Venezuela también han afectado el salario de los ciudadanos en ese país. «A pesar de las revisiones el salario medio del sector público se estima entre 2 y 3 dólares al mes, que alcanza para menos del 2 % de la cesta alimentaria básica. Las personas dependen del CLAP [Consejos Locales de Abastecimiento y Producción] y de subsidios», comentó.
Douhan reconoció que esa situación incrementa el índice de migración y viola los derechos económicos. «Insto al Gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia relativa a Venezuela, revisar y levantar las sanciones a terceros, abstenerse de imponer sanciones para el diésel», expresó Douhan.
La relatora especial de la ONU también exigió a los Gobiernos de Reino Unido, Portugal y Estados Unidos descongelar los activos del Banco Central de Venezuela (BCV) para compra de medicinas y otros bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo del país sudamericano.
De igual manera, exhortó al Gobierno de Nicolás Maduro y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a negociar un acuerdo para garantizar la distribución de bienes esenciales sin distinción de edad, sexo, religión ni opiniones políticas.
Douhan reconoció que el bloqueo a los activos del BCV le ha impedido a Venezuela la compra de vacunas para hacer frente al COVID-19.
La relatora realizó una visita a Caracas de dos semanas para evaluar el impacto de las medidas coercitivas impuestas al país. Douhan indicó que el informe final de su visita se presentará el 21 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, y dijo que se planea la visita a Venezuela de otros relatores.
Finalmente, Douhan subrayó que las medidas unilaterales sólo son legales si son autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o se utilizan como contramedidas, o cuando no incumplen ninguna obligación de los Estados, y no violan los derechos humanos fundamentales.
En ese sentido pidió a los países observar los principios y normas del derecho internacional, y recordó que las preocupaciones humanitarias deben tenerse siempre en cuenta en base al respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo.
Durante su visita, Douhan mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno, diplomáticos, organismos internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales y distintos representantes de la sociedad civil, profesional y empresarial, así como la iglesia.
Fuente: agencia Sputnik.
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