El Parlamento boliviano aprobó, en una sesión marcada por duros ataques entre el oficialismo y la oposición, un decreto presidencial de amnistía e indulto para más de un millar de «perseguidos» por el reciente Gobierno transitorio, entre ellos, el expresidente Evo Morales.
«Con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de la Asamblea [Parlamento], queda aprobado el decreto presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias», proclamó tras un debate de tres horas el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, quien presidió la sesión.
El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso su mayoría en la sesión bicameral para cerrar el debate y aprobar el decreto del presidente Luis Arce, calificado como «acto de justicia» por el oficialismo y denunciado como «dictatorial» e «inconstitucional» por la oposición minoritaria.
El decreto, que libera de procesos y en muchos casos de detención preventiva a miembros y simpatizantes del pasado Gobierno de Morales, y a otros ciudadanos que rechazaron la administración de Áñez, beneficiará también a decenas de presos que sufren retardación de justicia, según un anuncio oficial.
El oficialista presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien se beneficiaría también de la amnistía, dijo que organizaciones sociales elaboraron una lista de más de un millar de «perseguidos políticos» del Gobierno de Áñez, la autoproclamada presidenta transitoria tras el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019.
«El decreto es en favor de la justicia para los perseguidos y procesados sin motivo alguno con cargos penales, liberándolos de todo cargo penal presentado durante el Gobierno de facto», explicó Rodríguez.
Morales, Rodríguez, los ministros del anterior gobierno del MAS, líderes sindicales y activistas políticos fueron procesados por Áñez por supuestos delitos de sedición, terrorismo, fraude electoral y atentados contra la salud, entre otros.
El senador masista Leonardo Loza dijo a reporteros tras la sesión que la lista definitiva de los beneficiarios saldrá de los trámites que esas mismas personas hagan para recuperar su libertad o anular los procesos que enfrentan.
El decreto entrará en vigencia tan pronto como sea publicado en la Gaceta Oficial, lo cual ocurrirá en las próximas horas, según el anuncio gubernamental, y su aplicación estará a cargo de jueces, fiscales y autoridades penitenciarias, de acuerdo con lo que dispone la misma norma.
En las primeras semanas del Gobierno de Áñez, el ministro de Justicia de entonces, Álvaro Coimbra, publicó una lista inicial de 592 miembros o simpatizantes del Gobierno caído de Morales que serían procesados por una larga lista de delitos, incluida corrupción.
Fuente: Agencia Sputnik.
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