El domingo 21 de febrero se cumplieron 8 años desde que Juan Pablo Jiménez recibió un disparo que acabó con su vida el 2013, mientras se encontraba en el trabajo. El caso no ha esclarecido la verdad según su familia y organizaciones de trabajadores, por lo que acusan impunidad por parte de la justicia y del Ministerio Público.
Jiménez era el dirigente sindical clasista de la empresa Azeta, subcontratista de la entonces distribuidora de energía Chilectra, que actualmente es Enel. Fue un férreo luchador por la eliminación de la subcontratación en Chile, debido a que toda su trayectoria como trabajador subcontratado percibió las condiciones de explotación de la tercerización del trabajo en las telecomunicaciones y los servicios eléctricos.
Esclarecimiento de la verdad
A 8 años del asesinato de Jiménez siguen las dudas sobre cómo sucedieron los hechos que acabaron con la vida del dirigente sindical, y se mantiene en pie la lucha por exigir justicia y castigo para los verdaderos responsables.
Un mes después de su muerte, la policía de investigaciones encontró al “supuesto responsable”, quien era un menor de edad de 17 años en ese entonces. En el expediente se planteó que los hechos ocurrieron debido a que cerca del trabajo de Jiménez, se formó una riña donde estaba involucrado el único imputado, quien recibió varios impactos de bala aquella vez, consignó La Izquierda Diario.
Así, el “responsable” quedó formalizado por cuasidelito de homicidio en grado de consumado por haber provocado la muerte del líder sindical, y por tenencia ilegal de municiones, y se estableció que el joven disparó al aire a un kilómetro de distancia de la empresa Azeta donde se encontraba Jiménez, por lo que se concluyó que su muerte fue producto de esa “bala loca”.
El caso terminó con la declaración del joven asumiendo responsabilidad, por lo que llegó a un acuerdo con la fiscalía, quien le ofreció 540 días de libertad asistida, que se dieron por cumplido por el año y nueve meses que llevaba la investigación en el que el imputado estuvo en prisión preventiva.
Castigo para los verdaderos responsables
Los familiares, amigos, sindicatos y la comunidad de San Joaquín de donde proviene el luchador clasista, junto a peritos independientes expertos en balística, sostienen hasta el día de hoy la hipótesis de que la PDI utilizó a este menor de edad como “palo blanco” para montar el caso, ya que están convencidos de que hubo una intervención de terceros, y criticaron fuertemente al Ministerio Público por no indagar otras hipótesis que no sea lo de la bala loca.
Fue declarado en su momento como el primer dirigente sindical asesinado en democracia, por lo que en este aniversario de su muerte los familiares, sindicatos y organizaciones de trabajadores, vuelven a aclamar justicia y acusan de impunidad.
Derogación a la ley de subcontrato
Jiménez fue un incansable luchador por acabar con la subcontratación en Chile que fue masificada en distintos sectores de la economía en 1979, con el plan laboral de José Piñera en plena dictadura, quien quitó las restricciones a este mecanismo que antes había una modalidad contractual limitada en los empleos del país.
Luego, en los gobiernos de la concertación se reglamentó con la Ley de Subcontratación N° 20.123, en el año 2006, como respuesta a la movilización de los mineros subcontratados organizados en La Coordinadora de Trabajadores Contratistas, ya que denunciaban sobre explotación laboral y exuberante ganancia empresarial, porque el subcontrato fomenta la desregularización y flexibilización del mercado del trabajo, donde los derechos de los trabajadores pasaban a segundo plano.
El legado de Juan Pablo Jiménez permanece presente en el sindicalismo en Chile, y este se traduce en la lucha de los trabajadores y trabajadoras, que siguen viviendo la precarización laboral, por exigir la derogación de la ley de subcontratación y por derogar la explotación laboral.