En septiembre del año 2010, se daba a conocer una carta de Bernardo O’higgins, como Director Supremo de Chile, con fecha 13 de marzo de 1819, en la cual califica y reconoce a los mapuche y pueblos australes como independientes: “Araucanos, cuncos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: ya no os habla un Presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne”, escribió el entonces director supremo.
Se dice que el Estado chileno cumplirá 211 años de existencia el 18 de septiembre del 2021, como aniversario del establecimiento de la Primera Junta Nacional de Gobierno (el 18 de septiembre de 1810), teniendo con posterioridad la firma del 12 de febrero de 1818 con la Proclamación de la Independencia de Chile por parte de Bernardo O’Higgins como Director Supremo. Este periodo como proceso de independencia, ha sido además subdividido en tres etapas que se denominan Patria Vieja (1810 a 1814), la Reconquista o Restauración Monárquica (entre 1814 y 1817) y la Patria Nueva (de 1817 a 1823).
Cabe consignar que el primer escudo de Chile fue creado en reemplazo del emblema real español vigente en la época y dado a conocer por el gobierno del presidente de la Junta Provisional, José Miguel Carrera, el 30 de septiembre de 1812, durante una celebración en la plaza de Armas de Santiago en conmemoración de la Primera Junta Nacional.
El nuevo escudo, expuesto en un lienzo colgado en la portada principal de la Casa de Moneda, incorporado además al centro de la bandera tricolor chilena, tenía como figuras principales a una pareja Mapuche. El escritor Gastón Soublette señalaba en base a ese escudo que el Pueblo Mapuche había sido incluido con “la clara intención de definir el nuevo orden de Chile como basado en el valor y nobleza de Arauco, cuya sangre corre por nuestras venas” y no solo por razones estratégicas, atendiendo que los nuevos republicanos buscaban símbolos que les diferenciaran marcadamente de Europa.
Por su parte, el otro gestor independista, Manuel Rodríguez, asesinado en Til-Til el año 1818 cuando sólo contaba con treinta y tres años de edad, considerado una figura romántica y popular hasta convertirse en un mito que ha inspirado tanto a poetas y compositores como a cineastas, tuvo la simpatía de diversas familias Mapuche que se sumaron a la lucha contra la corona española.
Consecutivamente, el Estado chileno suscribió un tratado con el Pueblo Mapuche en el año 1825 que se denominó “Tapihue”, donde reconocía la jurisdicción y soberanía Mapuche del río Bio Bio al Sur, el que fue violado a partir de la llamada “pacificación de la Araucanía” que consistió en una invasión y masacre bélica al territorio autónomo y su población en el sur, conculcando una serie de derechos humanos que persisten hasta el día de hoy con fases racistas, colonialistas, genocidas y despojo.
Del reconocimiento a la construcción del imaginario “indio enemigo salvaje”
El breve periodo de respeto y reconocimiento del primer periodo de independencia de la república de Chile cambia abruptamente, señalándose como uno de los motivos el intervencionismo y financiamiento del imperio británico a través de varios agentes en Chile y Argentina, desde donde se impulsan las denominadas campañas militares “pacificación de la Araucanía” que encabezó Cornelio Saavedra en Chile y “Campañas al desierto” que encabezó Julio Argentino Roca.
Se ha señalado que los tratados como el de Tapihue habrían sido abolidos por la aplicación de la Ley del 4 de diciembre de 1866, con el traspasado de las tierras Mapuche antiguas al “Fisco”. Sin embargo, es importante señalar, que autores Mapuche como el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, han sostenido que dicha interpretación no tiene fundamentos, ya que el Estado nunca declaró fiscales las tierras al sur del Bio Bio. Más aun, la legislación reconocía los derechos de propiedad mapuche sobre sus posesiones, anteriores a la propia acción del Estado.
“La afirmación de que el Estado chileno declaró fiscales las tierras en el territorio indígena al sur del Bio Bio, por medio de la Ley de 4 de diciembre de 1866, constituye un axioma de interpretación ampliamente aceptado (…) Tal enfoque permite, además, realizar una explicación simple y ordenada del proceso de constitución de la propiedad rural en esa región: la propiedad se origina en actos estatales sujetos a una legalidad, tales como remates de tierras fiscales, concesiones, colonización, entrega de títulos de merced a indígenas”, señala Toledo.
El historiador agrega en otro punto: “Sin embargo, tal afirmación no tiene fundamentos. El Estado nunca declaró fiscales las tierras al sur del Bio Bio. Más aun, la legislación reconocía los derechos de propiedad de los indígenas sobre sus posesiones, anteriores a la propia acción del Estado”.
Para Toledo Llancaqueo, una vez ocupado el territorio, tal legislación sobre tierras no se respetó, no se reconocieron las posesiones indígenas en su integridad, y los agentes estatales dispusieron de las tierras como si fuesen fiscales, en actos nulos de acuerdo a la propia legislación chilena. “Las reclamaciones por las posesiones indígenas no reconocidas -las tierras antiguas- persiste hasta nuestros días”, dice el autor.
De esta forma se hizo la llamada “pacificación de la araucanía”, que fue la invasión a los territorios Mapuche para anexar estas tierras a los intereses de las explotaciones salitreras, la que se materializa finalmente en 1881. Simultáneamente, en Argentina se realiza la llamada “Conquista del desierto”, que fue el acto de genocidio cometido por el Estado argentino en territorio Mapuche y que se concreta en 1883.
En el lado de Ngulumapu que se conoce hoy como centro sur de Chile, buena parte de los territorios usurpados fueron destinados a los denominados graneros, con la introducción masiva a partir de 1884 de colonos europeos y la interconexión del ferrocarril, cuyo objetivo principal era proveer de trigo y cebada a la población que participaba en la explotación del salitre en el norte, que fueron parte de los botines de la llamada “guerra del pacífico”.
Para generar este escenario de invasión y masacres en territorio Mapuche, prevaleció la opinión transversal de diversos actores de influencia del aparato estatal para gatillar un genocidio a nombre de “progresos, soberanías, civilidad y evangelios”.
A modo de ejemplo, en el año 1859, el Diario El Mercurio de Valparaíso publicaba: “Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización (….) raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campañas es una amenaza palpitante, una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur…”.
Al año 1868, Benjamín Vicuña Mackenna, intelectual chileno y posterior candidato a la presidencia, señaló: “El indio, no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje” (“Primer discurso sobre la pacificación de la Araucanía”).
En el año 1882, el periódico “El Precursor”, Nº 8, publicaba: “No es claro como la luz que la repartición de los extensos territorios de la Araucanía a nuestros 30.000 soldados (por la guerra del pacífico) sería, a la vez, el premio sagrado a que son acreedores los abnegados servidores de la patria, el camino más expedito para dominar la barbarie (por la zona mapuche) y agregar a la república una provincia virgen y, por lo mismo, rica e inagotable”.
Las consecuencias de las masacres estatales
Un Informe trabajo de investigación de ejecutados Mapuche, cuyo autor es el investigador Hernán Curiñir Lincoqueo, de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche), da cuenta de diversos antecedentes sobre las acciones bélicas y coloniales del Estado chileno, desprendiendo que las campañas realizadas entre 1860 a 1881 habrían causado el asesinato directo de 50 mil a 70 mil Mapuche.
Consecutivamente, estuvo la facilitación estatal para el genocidio de pueblos indígenas australes como Selknam y Kaweskar, siguiendo una seguidilla de actos atroces ahora contra sectores de trabajadores obreros, con amplia presencia indígena, como la matanza de la Escuela Santa María de Iquique que incluyó a familias completas a causa de la explotación salitrera (1907). Asimismo, la Masacre al levantamento de Ránquil que se produjo en junio y julio de 1934, contra grupos de campesinos mapuche en el sector Pewenche de Lonquimay y Alto Bio Bio, quienes se habían levantado contra los abusos estatales y de los patrones. Sigue la matanza del seguro obrero (1938) y el mismo golpe de 1973, arrojando una serie de detenidos, desaparecidos, ejecutados y violentados por poderes fácticos, entre varios otros actos de violencia estructural.
Hoy, algunos sectores conservadores hablan de reconocer tierras de acuerdo a los denominados Títulos de Merced que eran parte de poco más del 5% del territorio Mapuche que el Estado dejó. Otras visiones apuntan a establecer reparaciones proporcionales de acuerdo a la economía y control efectivo de las tierras a través de la ganadería que había en la época donde una buena parte fue a parar a intereses de colonos europeos.
Las tierras Mapuche que quedan en el presente, además, están en grave riesgo a causa de los impactos de la industria forestal, agroindustria, hidroeléctricas, acuícolas, entre otras, que han venido generando diversos y nuevos estragos a la vida de las comunidades, y la devastación de numerosos territorios.
A modo de ejemplo, se estima que en el centro sur de Chile hay tres millones de hectáreas de especies exóticas de pinos y eucaliptus, donde cerca dos millones son concentrados por dos grupos económicos: Matte, con CMPC –Forestal Mininco y más de 750.000 hectáreas; y Angelini, con Celco– Forestal Arauco, con más de 1.200.000 hectáreas. Se estima que el Pueblo Mapuche, incluyendo las tierras que han sido entregadas vía subsidio, no superarían las 650.000 hectáreas para una población que se estima en un millón quinientas mil personas.
Uno de los tantos descendientes de los colonos europeos que han usufructuado del territorio mapuche usurpado por el Estado, es Jorge Luschinger, desde donde se han originado una serie de conflictos a causa de la tenencia de tierras, y quien, en una entrevista publicada en la Revista Qué Pasa N° 1784, del 18 de junio de 2005 (págs. 16 a 20), señalaba: «El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, ni tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos. No tiene nada»… Dos páginas más adelante, el periodista le inquiere: «Pero usted tuvo trabajadores mapuche que le sirvieron por más de 30 años. ¿No confía en ellos?» Luchsinger responde: «Yo confío mientras los veo, pero creo que ellos dicen lo que a mi me gustaría escuchar y hacen lo que ellos quieren. El mapuche es ladino, torcido, desleal y abusador».
El 3 de septiembre del 2010, Sergio Villalobos, cuyos textos de historia son obligatorios en las mallas curriculares de la educación chilena, y quien niega la existencia Mapuche, señalaba en carta publicada en El Mercurio: «La cultura dominante debe ayudar e inducir aquel desarrollo que, naturalmente, debe basarse en la voluntad y el entusiasmo de los favorecidos. Pero de contado, ni Estado ni leyes propias, autonomía ni bandera diferente. Tampoco compensaciones pecuniarias por fallos adversos de la justicia».
El racismo ha sido transversal en diversos sectores, y ha sido punto de unidad, por ejemplo, entre diversos sectores políticos. En el año 1989, el dictador Augusto Pinochet Ugarte, en entrevista realizada por revista Análisis, Nº 30, señalaba: «¿Qué cree usted, que nosotros somos un país de indios?»
En el año 1990, el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, publicado en el Diario Austral, octubre de 1991, señalaba: «Afortunadamente este es un país racialmente homogéneo». En el año 1991, Sergio Diez, ex senador de Renovación Nacional, en una publicación de El Diario Austral del 10/24/91, indicaba: «El único pueblo es el pueblo chileno, conformado por historia y tradición, del cual forman parte, lógicamente, los chilenos de origen mapuche, con chilenos de origen español, como los chilenos de origen alemán». En el año 1992, nuevamente Ricardo Lagos Escobar, indicaba en publicación del diario El Mercurio, con fecha 11 de junio de dicho año: «En Chile somos 13 millones de chilenos».
Lamentablemente, seguimos en un país enfermo, cuyo Estado sigue controlado por grupos racistas, excluyentes y criminales, incapaces de reconocer la diversidad ni contribuir a buscar mecanismos de justicia ante atropellos y abusos históricos.
Por Alfredo Seguel