Chile es un País plurinacional, pluricultural, donde coexisten pueblos, con enormes riquezas culturales, sociales y tradicionales de todo tipo. Contrario a esta realidad, el estado chileno promueve e impone con su poder coercitivo, condiciones antidemocráticas, unicentristas, etnocentristas, capitalista-neoliberalista, patriarcal, racista, elitista, discriminador y excluyente.
Este estado, se mantiene subyugado y controlado por depredadores grupos económicos de poder fáctico cuyo accionar atenta contra los derechos de los Pueblos, existiendo varios sectores sociales que por el hecho de exigir o reclamar esos derechos, muchas veces han sido catalogados y perseguidos como “enemigos internos hechos que se vienen arrastrando durante toda la denominada era republicana de este País vinculadas a una serie de historias de sangre, represión, persecución, sobreexplotación, expansión ilegítima y bélica.
La riqueza de Chile está en sus Pueblos. Por una parte, el Pueblo chileno, con su historia de origen criollo, de migrantes, de diversidad, de una gran mayoría poblacional de esfuerzo, trabajo y sacrificio, con una historia reciente de formación y reconocimiento pero con mucha riqueza cultural y política-social y existencia de luchas, mayoritariamente, distinta y diferenciada a los patrones de conducción e imposición que ha venido asumiendo desde su origen el poder estatal.
Los Pueblos o Naciones originarias, con su pre existencia a la conformación del Estado chileno, diferenciados a su formación, con sus propias características sociales, culturales y políticas, firmemente enraizadas en su propia historia y que se sigue defendiendo, tales como son el Mapuche y sus diversas identidades territoriales (Pueblo-Nación Transfornterizo); El Aymara (transfronterizo); el Rapa Nui, Likanantay, Quechua (transfronterizo), Collas, Diaguita (transfronterizo), Kawashkar y Selkmans.
Asimismo, otro valor, es la amplia realidad del mestizaje en Chile entre habitantes de diversos Pueblos que contribuye a la riqueza social y cultural y a nuevas formas de relación, entendimiento, integridad y reciprocidad, con el respeto a los márgenes de autoidentificación que cada persona asume en su fuero interno y externo.
Distinta a esta realidad, el estado chileno, con características de antidemocrático, unicentrista, etnocentrista, capitalista-neoliberal, patriarcal, racista, elitista, discriminador y excluyente, se mantiene subyugado y controlado por depredadores grupos económicos de poder fáctico cuyo accionar atentan contra los derechos de los Pueblos y sus diversos sectores, hechos que se han venido arrastrando durante toda la denominada historia republicana de este País y que se vinculan a una serie de historias de sangre, represión, persecución, sobreexplotación, expansión ilegítima y bélica contra los mismos pueblos en Chile e incluso contra otros pueblos vecinos y de hermandad.
Desde la perspectiva de los derechos y las políticas públicas, es fundamental avanzar en la transformación de normas que regulan el ordenamiento jurídico interno en materias de derechos colectivos para que se reconozcan, resguarden y promuevan efectiva y eficientemente los derechos de las personas y de los Pueblos que coexisten en Chile.
Asimismo, se hace fundamental el efectivo cumplimiento y aplicación de las convenciones y acuerdos internacionales relacionados con el resguardo y protección de los derechos de los pueblos en estas materias, como también, en el crear mecanismos de seguimiento y evaluación pública de estas normas internacionales de derechos, las que hoy se intentan cercenar.
Desde la Libredeterminación y el ejercicio del derecho de la autonomía, se hace fundamental, ante el actual escenario, por el abandono y atropello de parte de la institucionalidad pública para resguardar los derechos individuales y colectivos, que sean las propias comunidades, las poblaciones, las organizaciones sociales quienes deban asumir los grandes desafíos de articularse para defender y ejercer sus derechos, de manera amplia, representativa, efectiva, horizontal y solidaria, que tiendan a la transformación del estado, con nuevos procesos constituyentes, re-fundacional y a establecer nuevas formas de relación entre los Pueblos.
En la actualidad, existen proyectos de privatización de derechos de agua, del mar y borde costero, de expansión de plantaciones forestales – celulosas, constitución de concesiones mineras, plantas de tratamientos de aguas servidas, de patentamiento de germoplasma, pesquero – salmonero, grandes obras viales, industriales, energéticas (hidroeléctricas o geotérmicas), mega turísticas o la instalación de vertederos, que afectan directamente a diversas poblaciones y sus derechos y que en definitiva no son aportes al progreso y bienestar colectivo, por el contrario, son la representación del saqueo, contaminación, nuevas formas de colonialismos y lucro desproporcionado de pequeños grupos de poder en desmedro de una inmensa mayoría.
Como conclusión general, se puede señalar que los Pueblos en Chile y sus comunidades y poblaciones, no tienen el respeto y garantía al Derecho de su libredeterminación, esto es, de determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social, cultural y en qué medio se quiere vivir, lo que está consagrado en diversos pactos, declaraciones, normas internacionales y que por su carácter son obligatorias al estado. Esto, debe cambiar ahora. Los Derechos son lo primero.
Por Alfredo Seguel
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