La cruda ruta de una familia migrante para quedarse en Chile

Una familia de padres venezolanos con tres hijos, relató el crudo viaje que duró 22 días desde Perú hasta su destino en Chile, donde tuvieron que pasar condiciones muy riesgosas.

La cruda ruta de una familia migrante para quedarse en Chile

Autor: Angela Pong

Foto portada / referencial: AFP

Por Angela Pong

Una familia de padres venezolanos con tres hijos, relató el crudo viaje que duró 22 días desde Perú hasta su destino en Chile, donde tuvieron que pasar condiciones muy riesgosas y crudas, como fue cruzar por el desierto en la madrugada con bajas temperaturas, que se da por el invierno altiplánico, para poder llegar a Colchane, una pequeña localidad en la zona norte de Chile, donde se ha producido una crisis migratoria.

Carlos, el padre venezolano, relató que la travesía comenzó el 27 de enero del presente año, cuando partieron desde Piura, en Perú, rumbo a Chile. “Nos vinimos con mi esposa, Andrea, junto a nuestros tres hijos, una niña de nueve años y los mellizos de casi tres”.

“Nuestras motivaciones por las que decidimos venirnos a Chile fue principalmente porque este país ha sido uno de los únicos que ha mantenido una economía estable dentro de América Latina, y nosotros nos encontrábamos hace tres años en Perú, ya que emigramos de Venezuela, porque las condiciones estaban mal, pero en el país peruano los sueldos eran muy bajos. Además, conocidos y familiares nos decían que la cultura del chileno es más receptiva a los extranjeros y que no había tanta xenofobia”, relató a El Ciudadano.

Desde Piura, primero viajaron a Lima durante 18 horas, y a mitad de ese camino, Carlos contó que el bus fue fiscalizado por policías peruanos, donde detuvieron a dos personas que portaban drogas en sus maletas. “Nosotros entregamos los documentos donde señalan que somos familiares de peruanos, porque los mellizos nacieron en Perú, por lo que teníamos todo al día”.  

Así, continuaron rumbo a Arequipa, y al otro día viajaron hacia Desaguadero, la ciudad peruana donde se cruza hacia la frontera con Bolivia. “Allí había que tomar unas lanchas para pasar una especie de laguna y el frío estaba fuerte. Del otro lado había unas minis van que te cobraban unos precios desorbitantes, porque si de Desaguadero a La Paz te sale 30 mil bolivianos, ellos te cobraban 60 mil bolivianos. Era increíble cómo lucraban con la necesidad del migrante”.

Llegando a la Paz, pasaron por más ciudades bolivianas como Oruro y finalmente a Piscila, donde ya está la frontera con Chile. Allí había muchas personas intentando cruzar.

Caminando en el desierto de madrugada

“A las dos de la mañana nos despertamos, abrigamos bien a los niños, porque nos dijeron que el frío era terrible, y emprendimos la caminata. Tardamos dos horas en caminar ese desierto hasta llegar a Colchane. Pasaban las patrullas y teníamos que escondernos detrás de los árboles. Uno de mis hijos (de los mellizos), entró en una crisis nerviosa porque la situación lo traumó y comenzó a llorar”.

Cerca de las seis de la mañana del 31 de enero, Carlos junto a su familia llegaron a Colchane. “Cuando amaneció, la gente comenzó a salir de los sitios donde estaban escondidos, y se dirigieron hacia la comisaría de Carabineros. Nuestra sorpresa fue que ya había alrededor de 1000 personas que estaban anotándose en distintas listas, una de mujeres con niños, y otra solo de hombres”.

Carlos recordó que durante el primer día que llegaron a Colchane, hubo una actividad pública con el alcalde, Javier García, para intentar resolver la crisis migratoria. “El alcalde prometió que iban a sacar a 600 personas hacia Iquique, que tenían muchos autobuses disponibles, y que iban a trabajar hasta las 1 de la mañana ese día para lograrlo, pero eso no se cumplió, los carabineros trabajaron como hasta las 7 de la tarde, y salieron como máximo cuatro autobuses de Colchane hacia Iquique. No sabíamos que íbamos a hacer”.

Ese mismo día, los carabineros comenzaron a pedirles documentación a las personas: se trataba del proceso de auto denuncia, como le informaron a Carlos y Andrea.

La auto denuncia

El investigador del Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera de la Universidad Arturo Prat, Daniel Quinteros, indicó que muchas de las personas que han migrado hacia Chile este último tiempo, han encontrado las condiciones más riesgosas en Colchane: “Están a casi 4 mil metros de altura, y con el invierno altiplánico las temperaturas son muy bajas en la noche”, señaló el académico.

Quinteros agregó que la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en Chile, habilitó carpas con capacidad para 150 personas en Colchane, lo que claramente no alcanzaba para todos, por lo que hubo que priorizar a las mujeres con sus hijos para ocupar estos espacios.

El docente, como investigador criminólogo de la frontera, planteó que es un tema muy complejo el proceso de denuncia que se da en la práctica en el control migratorio, porque la auto denuncia es un procedimiento irregular.

“La auto denuncia permite hacer el listado de la Seremi de la Salud, y también termina en una función administrativa por parte de la Intendencia, quien denuncia posteriormente estos delitos al Ministerio Público, pero luego desisten, por lo que no hay un proceso penal y por lo tanto, no hay delito”, explicó a El Ciudadano.

El hecho de que terminen desistiendo en estos casos, según abogados y expertos jurídicos, se puede deber a la escasez de personal y de recursos para mantener la acción penal. Además, el problema está en la interpretación de la Ley de Extranjería vigente, en los artículos 146 y 158, que permitiría expulsar a la persona, pese a no ser condenado por ni un delito y considerando el desistimiento de la denuncia o requerimiento.

Esta situación, según el académico Quinteros, es otro procedimiento bien irregular en la práctica jurídica como en sus efectos: “Lo que hay es una máquina de expulsiones que opera de manera muy arbitraria e ilegal” enfatizó.

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Un saldo fatal

Carlos y Andrea junto a sus tres hijos estuvieron una semana en el pueblo de Colchane antes de ser trasladados a Iquique. Durante la primera noche, una señora del pueblo acogió a Andrea con los niños en su casa junto a otras mujeres, y Carlos durmió en la plaza de la localidad, junto a muchas personas más que tuvieron que sobrevivir a las bajas temperaturas.

“Lo pasé muy mal, porque soy asmático y las temperaturas estaban muy bajas. Cuando desperté, nos dijeron que había fallecido una mujer en la plaza por el frío, pero las noticias señalaron que fue por COVID-19, no dijeron la verdad”, recalcó Carlos.

Varios medios de comunicación notificaron del deceso de dos personas migrantes en Colchane, una mujer de origen colombiana que no tenía documentos personales y un hombre venezolano de 69 años. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior confirmaron que estas dos personas padecían de afecciones respiratorias de antes, por lo que no se descartaba que la muerte hubiera sido por COVID-19.

“En las noticias tampoco se dijo, pero muchas personas quisieron emprender hacia Iquique por su cuenta, y murieron en el camino del desierto, porque conocimos a un chileno en Colchane que venía a buscar a un familiar que tenía allí, y él nos dijo que contó aproximadamente cinco personas muertas en el desierto”.

“Incluso, hubo una señora que se le murió su hijo de ocho años mientras viajaban por el frío, la mamá de él se mató porque se cortó las venas en pleno desierto. El cuerpo de esa mujer lo bajaron del desierto como tres semanas después”, relató el venezolano.

Cabe señalar que no hay un registro oficial de estas muertes hasta el momento, más allá del testimonio de Carlos y su familia, quienes se enteraron por otras personas.

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Días crudos en Colchane

Tras días de espera en el pequeño pueblo, la familia venezolana confesó que fueron momentos crudos. Pudieron alquilar una pieza donde había 12 personas más y solo tenían colchonetas para poder dormir, sin luz ni agua.

Además, recordó que los precios de los alimentos en Colchane se incrementaron considerablemente. “Era increíble como abusaban de la necesidad de los venezolanos, porque era un pueblo muy pequeño, y todo era muy caro. Una gaseosa te salía 3 mil pesos”.

Andrea, la esposa de Carlos, estuvo días haciendo la cola para que los carabineros le firmaran los documentos, donde incluso un día llovió a granizos y ella continuó parada haciendo la fila mientras se mojaba entera. Sin embargo, confesó que los carabineros nunca fueron claros con el procedimiento. Tuvo que explicar la situación familiar en la que se encontraban por sus hijos para que no fueran separados con su marido, y ahí le informaron que el sábado podrían viajar.

“Nosotros salimos hacia la Aduana a mediodía del sábado, y cerca de las tres de la tarde comenzaron a llamar. A nosotros nos revisaron a las 5 de la tarde y estuvimos hasta las 2 AM, luego nos metieron a los autobuses para llegar a Iquique”, contó Carlos.

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Expulsión de migrantes

Un hecho que escandalizó a la opinión pública fue la imagen de un vuelo de las Fuerzas Aéreas chilenas con 87 migrantes, la mayoría venezolanos, expulsados del país, lo que dejó ver la mano dura con la que el gobierno de Sebastián Piñera decidió afrontar la crisis migratoria.

Para el académico Quinteros, las expulsiones administrativas que subieron arriba de ese avión, donde vistieron con overoles blancos a las personas, acompañadas de funcionarios de la PDI, fueron arbitrarias e ilegales.

“Todas esas personas entraron en los últimos tres meses, y, por lo tanto, no tuvieron la posibilidad de terminar con el proceso de las acciones judiciales antes de ser expulsados, porque se presentaron por lo menos 24 recursos de amparo cuando salió el avión, y al gobierno y a la PDI no les importó” agregó.

Debido a la expulsión de 138 personas migrantes, por vía aérea y terrestre, sin haber sido condenados por algún delito el pasado 10 de febrero en Iquique, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó cuatro recursos de amparo, que fueron revocados por la Corte Suprema el pasado 24 de febrero.

La segunda sala del máximo tribunal justificó que la expulsión de los inmigrantes fue completamente legal, ya que no existió ninguna acción u omisión que afectara la libertad personal o ambulatoria de los ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, el 2 de marzo, el máximo tribunal confirmó un fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que dejaba sin efecto la expulsión de cuatro ciudadanos venezolanos que ingresaron de manera irregular a Chile por Colchane, evadiendo el paso fronterizo.

En una resolución de cuatro páginas, desestimó los argumentos del Ejecutivo, desde donde -a través de la Intendencia de Tarapacá- buscaban concretar la deportación.

También abrió la puerta a que ciudadanos venezolanos no sean deportados, acogidos a la Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los ministros Haroldo Brito y Jorge Zepeda arguyeron que dicho documento “se ha referido expresamente acerca de la diáspora como consecuencia del atropello de los derechos humanos que afecta a los naturales de esa nacionalidad”.

“El citado instrumento es un antecedente internacional suficiente para entregar el reconocimiento del principio universal de acoger a los amparados en Chile, en base a los efectos de los Principios de No Retorno y No Devolución en Frontera en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984”, argumentaron.

En esa línea, indicaron que esto último se ve complementado con lo mencionado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que solicita a los Estados -incluido el chileno- la aplicación del Principio de No Retorno y “los alienta a que consideren (…) una estancia legal a los venezolanos, con las salvaguardas adecuadas”.

A juicio del investigador Daniel Quinteros, el perfil de política anti migratoria del gobierno de Sebastián Piñera es más un show mediático que una práctica en la realidad, y señaló que entre el lunes 15 y el miércoles 17 de febrero, por lo menos habían salido 600 personas de Iquique a otras provincias del país.

“Hay gente que está pasando, que tiene una orden vigente de expulsión que se va a cobrar en unas semanas más y, por lo tanto, no va a poder hacer nada, ya que son irregulares”, enfatizó el académico de la Universidad Arturo Prat.

La incertidumbre de quedarse

Carlos, Andrea y los tres niños llegaron a Iquique y los asentaron junto a más personas en un colegio de la ciudad, donde señalaron que los atendieron bien y con comida. Estuvieron 11 días allí y pasaron por dos test de PCR cada uno, que salieron negativos.

El pasado jueves 18 de febrero llegaron a Santiago. Sin embargo, hay algo que los intriga: ni Andrea ni Carlos saben si las planillas que les hicieron firmar en Colchane o en Iquique se tratan de la “auto denuncia”, porque nunca les explicaron bien.  

En caso de que la documentación que firmaron se trata de la auto denuncia, en cualquier momento podría llegarles la notificación de expulsión, un panorama que les provoca temor y ansiedad.

“No me cabe en la cabeza volver a mi país (Venezuela), no es una opción devolvernos. Queremos apostar a seguir acá. Vemos que hay muchas posibilidades de mejorar la estabilidad social en este país, y por eso queremos continuar en Chile”, afirmó Carlos.


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