El Gobierno de Bolivia repudió una declaración del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien pidió la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), y ratificó su decisión de buscar un castigo penal para ese funcionario por su injerencia en la política interna del país.
«El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas», dijo la Cancillería en un comunicado.
La declaración oficial respondió a un comunicado emitido el 15 de marzo por la oficina de Almagro, que pidió la liberación de Áñez y otros procesados por supuestamente conspirar para realizar un golpe de Estado que siguió a las elecciones generales de octubre de 2019, ganadas por Evo Morales (2006-2019) y denunciadas como fraudulentas por la oposición, y planteó una suerte de intervención internacional para resolver problemas políticos y judiciales de Bolivia.
La OEA denunció irregularidades en las elecciones de 2019, que dieron como ganador a Morales. Áñez es la principal de varias personas puestas en los últimos días en detención preventiva en espera de juicio por la salida del poder de Morales en ese año, que el actual Gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), denuncian como un golpe de Estado.
«Pretende dañar al Gobierno»
La Cancillería «repudia las opiniones con las que Luis Almagro pretende dañar a un Gobierno democráticamente elegido, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el Gobierno de facto de Jeanine Añez, aplicando un doble rasero que intenta favorecer intereses de determinados grupos políticos», afirmó el comunicado.
En la declaración gubernamental se lee que Almagro incurrió en «un exceso inadmisible», con su «injerencia e intromisión (…) al plantear cómo debería manejar el Gobierno boliviano su administración política y judicial, en base a afirmaciones absolutamente subjetivas y falsas» que pretenderían «nuevamente polarizar» a Bolivia.
Por el contrario, señaló el comunicado, Almagro «debe preocuparse por las consecuencias de su Misión de Observación Electoral en las elecciones generales de Bolivia del 2019, cuando no cumplió con los estándares exigidos y emitió un informe manipulado y sin elementos ni pruebas de un supuesto fraude».
Ese informe contribuyó a la convulsión social, la violencia, la acción de grupos irregulares armados y la represión posterior del Gobierno de Áñez contra manifestaciones, con los casos extremos de las masacres que ahora investiga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La declaración añadió que el Gobierno de Bolivia «llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones de Luis Almagro no queden impunes». La decisión de llevar a juicio al secretario general de la OEA «en las instancias que correspondan» había sido anunciada horas antes por el ministro de Justicia, Iván Lima.
Fuente: agencia Sputnik.
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