El Juzgado 28 Penal Municipal de Bogotá fijó para el próximo 6 de abril la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación pedirá la preclusión (cese) del proceso judicial contra el expresidente (2002-2010) y exsenador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, informó la prensa local.
«La audiencia en la que la Fiscalía solicitará la preclusión de la investigación que llevaban contra el expresidente Álvaro Uribe quedó programada para el 6 de abril a las 8 de la mañana (13.00 GMT)», publicó en su página web la emisora local Blu Radio.
Otros medios locales también publican la misma información con base en fuentes de los tribunales, y señalan que ese día la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortíz, decidirá si continúa o no la investigación.
Si la jueza acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía General, las víctimas en el proceso, encabezadas por el senador de izquierda Iván Cepeda, apelarán la decisión, según han adelantado.En tal caso, el proceso pasará a una segunda instancia y será evaluado por el Tribunal Superior de Bogotá.
Según Blu Radio, la Fiscalía pidió la preclusión de la investigación contra Uribe tras argumentar «atipicidad del hecho investigado y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado».El 5 de marzo, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, anunció en un comunicado que la Fiscalía pediría precluir el caso ante un juez.
Uribe, en calidad de senador, es investigado desde el año 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran.
Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación Uribe buscaba que los testigos cambiaran su versión y declararan en contra del senador Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y quien logró obtener los testimonios de los involucrados, que señalaron al expresidente de conformar un grupo paramilitar.
El 4 de agosto de 2020 la CSJ emitió un fallo de detención domiciliaria contra Uribe, por lo que debió confinarse en su hacienda El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba (norte), de unas 1.500 hectáreas y en la que, dijo, se encontraba «secuestrado» por la justicia.
El 18 de agosto del mismo año, Uribe renunció a su escaño en el Congreso y con ello perdió su investidura como senador, por lo que su proceso ya no lo siguió la CSJ y fue tomado por la Fiscalía General, que abandonó la investigación adelantada hasta entonces por el alto tribunal e inició una propia.
El 16 de marzo, en un comunicado, la Fiscalía informó que Jaimes «realizó el traslado del material probatorio, la evidencia física y la información legalmente obtenida desde el 3 de septiembre de 2020, fecha en la que asumió el proceso».
Según precisó, los informes y los elementos recopilados en su investigación fueron entregados a Uribe y a su defensa, así como a quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados.
Cortesía de Sputnik
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