Un negocio a costa de la necesidad: Contraloría detectó sobreprecios en cajas de mercaderías que pagó el Gobierno

Fue el lunes, durante la sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que el contralor general de la república, Jorge Bermúdez, dio a conocer el resultado de un informe, luego de reiteradas denuncias recibidas por el órgano fiscalizador, respecto a eventuales sobre precios en los productos comprados para las cajas de alimentación que el Estado dio a miles de familias con situación vulnerable producto de la pandemia en el Plan denominado «Alimentos para Chile».

Cuando la situación económica comenzaba a resentirse, y la escasez de alimentos se agudizaba producto de la pandemia, el 17 de mayo el gobierno de Sebastián Piñera anunciaba el programa “Alimentos Para Chile” , con el fin entregar canastas familiares en todo el país, lo que se tradujo finalmente en $92.836.641.720 de gasto fiscal por este concepto, equivalente a 124 millones de dólares.

Sin embargo, en el informe realizado por la Contraloría, donde analizó el periodo desde el 18 de mayo hasta el 30 de junio del año pasado, se detectó que hubo un sobreprecio de los productos que se compraron para las canastas familiares que se entregaron.

Dicho análisis, evidencia que en 15 de 16 regiones se pagaron un mayor precio mayor (por las canastas familiares) que lo cotizado en línea por cada Contraloría Regional, llegando a un promedio general de diferencia del 15,6% a nivel nacional.

En este gráfico se muestra la comparación por cada región de los costos que salieron versus los precios cotizados en línea .

«Dentro de estas diferencias, destacaron las regiones de Tarapacá con un 81% , Arica y Parinacota con 70,3%, Maule con 70,2% y Valparaíso con 57%» expone el informe del ente fiscalizador.

Irregularidades en Región de Los Ríos

CIPER consignó –en un reportaje de enero pasado-, que la Contraloría había ya detectado una serie de irregularidades en la gestión llevada a cabo por la Intendencia Regional de Los Ríos, al adjudicar licitaciones de ventas de alimentos a una empresa privada que no tenía ni siquiera experiencia en el rubro.

Hasta el 31 de junio de 2020, la misma región abasteció a la comunidad con 20 mil canastas correspondientes a $891.665.810, según el gráfico de la Contraloría.

Según otro informe de la Contraloría el 25 de junio del año pasado, la empresa Comercial Weber -que entregó mejores ofertas en el concurso de licitaciones para las cajas de alimentos- se adjudicó la licitación. Esto a pesar de que esta empresa nunca le había vendido antes al Estado alimentos, y de hecho, su giro pertenecía al rubro de transporte.

Pese a esto, ganó tres licitaciones que se las adjudicó la Intendencia Regional de Los Ríos, la primera fue el 14 de abril por 47 cajas de alimentos, la segunda ocurrió el 18 de mayo por 39 mil cajas y solo cuatro días después, se le adjudicó el mayor contrato con el organismo estatal, se trató de cinco mil cajas que realizó por $223 millones de pesos, dinero estatal.

Tras una serie de antecedentes la Contraloría concluyó que realizó la Intendencia Regional de Los Ríos cometió faltas al beneficiar a una empresa en particular sobre las adjudicaciones para las cajas de alimentos, incumpliendo El decreto N° 250, que regula las compras y contratos de servicios estatales, donde establece (en el artículo 20) “que las bases no podrán afectar el trato igualitario que las entidades licitantes han de otorgar a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos”.

El informe de Contraloría en la Comisión:

En la sesión de la Comisión de Economía de la Cámara baja, el contralor Bermúdez detalló que las compras de las canastas familiares a nivel nacional fueron, en promedio, un 12,1% más caras que las cotizadas en línea, incluyendo un 4% de costos de insumos y servicios (armado, traslado etc.) y un 15,6% más caras sin considerar dichos costos.

De este modo, se detectó que en 15 de las 16 regiones se compraron canastas familiares seleccionadas a un mayor precio que lo cotizado por cada Contraloría Regional en comercios que se caracterizan por sus bajos precios. En esas 15 regiones, la diferencia entre el valor de compra y el de cotización fue de: $23.530, en Tarapacá; de $16.021, en Arica y Parinacota; de $15.184, en Maule; y de $12.710, en Valparaíso. Ello, hubiera permitido comprar 81,2%, 70,3%, 70,2% y 57%, más productos, respectivamente.

Otra de las irregularidades detectadas, fue que las empresas cotizadas compartían domicilio, y también -algunas- actuaba como “testaferro” de la otra. Tanto los cronogramas de entrega, como los lugares en que se debía distribuir, en muchas ocasiones, no se cumplieron. Sin embargo, en varias oportunidades, las intendencias o gobernaciones regionales no aplicaron las multas previstas para los incumplimientos de los proveedores.

Revisa: Informe de Contraloría