Ministro Iván Lima: «Juicio de Añez explica a la comunidad internacional, y a los bolivianos, que ha habido una situación de ruptura del orden constitucional»

El Gobierno de Bolivia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que siga de cerca los juicios a exfuncionarios de la administración de Jeanine Áñez (2019-2020), para que se realicen de forma abierta ante la comunidad internacional, dijo este martes en entrevista el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima.

El fin de semana, Áñez fue detenida en el marco de una investigación por supuesta conspiración para el golpe de Estado que siguió a las elecciones generales de octubre de 2019, ganadas por Evo Morales (2006-2019) y denunciadas como fraudulentas por la oposición.

Lima se refirió a estos y otros temas. A continuación, parte de la entrevista:

¿Cuáles son precisamente los fundamentos judiciales del arresto de Añez y los delitos concretos por los que se la juzgará?

Son tres grupos de casos. Los primeros casos tienen que ver con la calidad de Áñez como exsenadora del país. Abarcan el periodo que va entre el 10 y 12 de noviembre (de 2019). Durante ese periodo, existió en el país una situación de conflicto.

En Potosí se secuestró al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bordas, se lo torturó, se lo llevó a la plaza, se lo desnudó, se lo pretendió matar, se le quemó la casa del presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de eso renunció y asumió como presidenta de la Cámara, Susana Rivera.

A raíz de estos hechos, sucedieron una serie de conflictos en el país que desembocaron en la renuncia del presidente Evo Morales, la renuncia del vicepresidente y la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Esta renuncia de Adriana tendría que haber sido libre, escrita y presentada en el Tribunal Supremo Electoral, pero no ocurrieron de estos elementos. Esa renuncia tiene que ser aclarada, investigada.

Se ha pedido que ella pueda venir a declarar como testigo. En esa línea de sucesión, correspondía que Susana Rivera asumiera como presidenta del país, pero fue perseguida, la casa quemada, la familia y ella misma acosados, amenazados y perseguidos.

Esa línea de sucesión, que es la que señala nuestra Constitución, no se aplicó. La señora Áñez, en relación con su abogado personal de confianza que luego fue su ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, Rodrigo Guzmán que luego fue su ministro en Energía y Guillermo Núñez, que es un senador que no está en este momento, que está prófugo de la justicia, toman la decisión política de tomar el poder en el país, y lo hacen ante una Asamblea Legislativa vacía, no había nadie en el momento en el que ella declara que era la presidenta del Senado, que ante la ausencia de Adriana Salvatierra, ella asumía la presidencia del Senado. Esto es irregular, porque no permitía el ingreso de los senadores del MAS.

Ella viene de un partido que tiene el cuatro por ciento de apoyo y el MAS tenía dos tercios de los senadores en ese momento del Congreso y tenía que ser escuchado. La Asamblea tenía que elegir conforme la ley, la Constitución y su reglamento a un sucesor de Adriana Salvatierra, no podía automáticamente, ante la renuncia de Adriana, asumir ella que era segunda vicepresidenta. Pero ella lo hace sola, no ha habido un solo senador que pueda llevar adelante el quórum suficiente para que se haga este acto.

Luego ella baja al Congreso, en el que, en nombre del mismo, convoca a los diputados y senadores, sin convocatoria en el plazo previsto por ley e impidiendo que los diputados del MAS concurran. Ella dice: «No está Adriana Salvatierra, no veo a Susana Rivera, no veo a nadie acá, asumo como presidenta. Yo soy presidenta ahora». Esto es ilegal, inconstitucional y es un delito. Un militar le pone la banda presidencial.

En ese momento, ella toma una categoría jurídica diferente, pasa a ser presidenta de facto del país, pero presidenta al fin. Este juicio por el cual había sido detenida es por las actuaciones que ella realiza en su comisión de exsenadora del país. Ese es el contexto de lo que se está investigando en este momento. Las torturas, las muertes, los bolivianos que fueron afectados para que ella asuma el Gobierno. Ese periodo entre el 10 y 12 de noviembre es lo que ha ameritado la detención preventiva de la señora Áñez.

¿La detención sería por el golpe de Estado y por las violaciones a derechos humanos?

Sí, los tipos penales no los ha definido el Gobierno de Bolivia. Estos tipos han sido presentados en una denuncia del exdiputada Lidia Patty, pero parte del MAS y ella han configurado estas acciones como terrorismo, sedición y conspiración. Esta calificación es provisional, es una calificación que puede variar a lo largo de la investigación en esta etapa preparatoria y no es importante los delitos, sino los hechos.

Los hechos que le he relatado constituyen una afectación a la Constitución boliviana, eso es un golpe de Estado. No tenemos en Bolivia un delito de golpe de Estado. Es una manera de explicarle a la comunidad internacional, y a los bolivianos, que ha habido una situación de ruptura del orden constitucional. La tipificación del delito se va a dar a lo largo de esta investigación.

¿Áñez también enfrentará cargos por las muertes ocurridas en la represión a manifestantes de noviembre de 2019?

Hay un decreto supremo que se emite por ella y su gabinete en la que señalan a las Fuerzas Armadas del país que no van a tener ninguna responsabilidad por el control de la protesta púbica. Eso configura en derecho penal una responsabilidad del organismo de poder que ejerce control sobre las decisiones militares y policías que han disparado y han matado bolivianos.

No estamos hablando de una persona: hay una estructura militar, policial, que salió a las calles a reprimir al pueblo por ese decreto. Ese decreto lo firmó Áñez. Si bien lo derogó luego, ese decreto determina una prueba plena de la responsabilidad penal en las masacres.

Tiene derecho a defenderse. Queremos que nos explique por qué emitió el decreto y por qué sacó a las Fuerzas Armadas y a la policía a reprimir y finalmente que mueran bolivianos en el país. Ese juicio tiene que incorporar a ella necesariamente.

¿Piensan hacer más juicios contra los que impulsaron el golpe?

Definitivamente esa es una labor del Ministerio Público. Es parte de la teoría del caso de la fiscalía de los actuales denunciantes que se amplíen las denuncias.

Lo que sí, tengo que darle un mensaje de tranquilidad al pueblo boliviano. En los últimos días se ha hecho circular una lista de 150 personas que estaría presta a ser detenida por el Gobierno. Están circulando en redes sociales mandamientos de aprensión, de allanamiento contra ciudadanos, nada de eso es verdad. Ninguna de esas listas, ni mandamientos, tienen que ver con la realidad. El proceso está garantizado, es un debido proceso, los bolivianos van a ser informados que deben ir a declarar como testigos, a aclarar su participación, los que sean necesarios, no estoy hablando de ninguna persona específica, y luego tendrán todos los medios para presentar sus descargos, argumentos y defensa.

No queremos ni pretendemos hacer de esto una cacería de brujas como han denunciado algunos políticos opositores y estamos interesados en que se respete el debido proceso.

Por ese motivo, hemos invitado a la comunidad internacional a que haga un escrutinio público estricto de este caso. El Gobierno, mi persona y el canciller hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que haga una visita al país. Ellos han cambiado al presidente, están en etapa de organización, se han comprometido a considerarlo y venir al país, hemos pedido a la relatora para el país, la comisionada Flávia Piovesan, que pueda visitarnos cuando guste.

¿Cuándo podría venir la CIDH a hacer la visita de Bolivia? ¿Les dio alguna fecha estimativa?

Estamos pensando que va ser en el primer semestre del año. Es una agenda compleja de ellos, pero tenemos pendiente y trabajando en Bolivia al grupo independiente de expertos de la CIDH y también funcionarios de la CIDH trabajando en el país. Están trabajando en la evaluación de los graves hechos de violencia que ocurrieron en el país.

Esperamos que la visita de la CIDH tenga una característica, como lo hacen ellos siempre, de seguir esclareciendo los acontecimientos que han pasado en el país a diferencia de lo que hace el señor (secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis) Almagro, que desconoce por completo la soberanía de los estados, que ha agredido a la democracia boliviana en su último comunicado.

Cortesía de Lucía Barrios Sputnik