Gobierno y gremio empresarial minero en pie de guerra en contra del proyecto de Royalty

Por 7 votos en contra, 5 a favor, y 1 abstención, se rechazó ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, la idea de legislar el proyecto de ley -originado en una moción parlamentaria-, que establece un Royalty Minero, que tiene por objetivo compensar al Estado por la explotación particular de cobre y litio.

Sin sorpresas, el rechazo por parte del oficialismo y con un voto DC, se terminó por apoyar a las empresas mineras que buscaban descartar la nueva normativa.

Antes de la votación, parlamentarios de «Chile Vamos» y el propio Gobierno anunciaron que de prosperar el proyecto, harían reserva de constitucionalidad.

Según el gremio minero privado, el Royalty que ampliaría los impuestos a las mineras que extraen cobre y litio en Chile, justificando esta postura con la supuesta posibilidad de que este afectaría a la productividad del sector.

Por su parte, el gobierno apoyó -a través de sus representantes- los intereses de estas empresas privadas en la comisión, con los mismos argumentos usado por el gremio minero, para rechazar el proyecto.

Previo a la votación -como lo consigna una nota previa de El Ciudadano– la instancia recibió a Reinaldo Calderón, ejecutivo de la Federación de Supervisores del Cobre, quien entregó la visión del organismo respecto de la normativa, poniendo así fin a la ronda de audiencias públicas sobre la materia.

Posterior a esto, el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pávez respaldó el criterio del Ejecutivo respecto de la inadmisibilidad e inconstitucionalidad de la norma.

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Sumado a esto, los representantes de la cartera de hacienda mostraron su rechazo contra el Royalty días antes de la votación. Este es el caso del biministro Juan Carlos Jobet, expuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para señalar que Chile ya tiene un mecanismo que fue aprobado en 2010.

“La gente dice que no recaudamos lo suficiente en el superciclo anterior. En 2004, no teníamos este royalty vigente, pues se promulgó en 2010. Eso pasó por un periodo transitorio que hizo que la recaudación fuera baja en los primeros años”, apuntó Jobet para Diario Financiero.

El ministro planteó que “si hubiéramos tenido el actual royalty vigente desde 2004, la recaudación hubiera sido de US$ 8.600 millones, 85% más de lo que fue en el superciclo anterior”.

Los beneficios para privados con el rechazo del Royalty

Las razones que ha dado la cartera de Hacienda y el Consejo Minero para rechazar la propuesta, se enfocan en la poca o nula necesidad de ampliar los impuestos para las empresas mineras privadas, justificando que su implementación afectará gravemente la economía y la producción minera en Chile.

Según el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien invitó a discutir el tema “porque queremos más minería en Chile”, coincidió con los otros expositores que rechazan el Royalty, apuntando a que la ley de 2010 ya imponía una recaudación más que suficiente para las arcas fiscales, a pesar de los superciclos que habían tenido resultados bajos.

Sin embargo, en la normativa vigente, existe una legislación que les permite a las empresas mineras privadas declarar pérdidas, ya sea por pagos de préstamos con intereses onerosos con bancos extranjeros del mismo consorcio, o vender a más bajo precio del mercado, lo que permitiría a las mineras pagar menos contribuciones gracias a la ley de 2010, pagando menos de la mitad de lo que han aportado las mineras estatales siendo que estas últimas solo son dueñas de un tercio del total.

“Además y -como si esto fuera poco- en 1990 se aprobó la Ley 18.985 que les permitió pagar impuestos solo si obtienen ganancias y utilidades, en contra de la legislación existente hasta ese año donde debían pagar en base a lo que vendían”, según explica Eduardo Gutiérrez Ex Preso Político y escritor y candidato independiente lista T “Voces Constituyentes” por el Distrito 12, en nuestra columna del 3 de marzo sobre la recuperación del cobre y litio chileno.

Por otra parte, el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Daniel Núñez (PC), quien anunció el inicio de la tramitación del proyecto de ley, ingresado en 2018 denunció en El Ciudadano, que la medida impondría mayores impuestos a empresarios como Andrónico Luksic, quienes se ven favorecidos por la ley vigente.

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Según Núñez, “las grandes empresas mineras, transnacionales y de grupos económicos locales, como la de Andrónico Luksic se están llevando el cobre sin pagar 1 peso por lo que es la renta, el uso de un recurso que es absolutamente escaso y que ha logrado un valor espectacular en el mercado mundial”, afirmó el parlamentario por la Región de Coquimbo para nuestro medio el 4 de marzo de este año.

A pesar de esto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, sostienen que “un royalty a las ventas perjudica el desarrollo de la minería, y, finalmente, no va a recaudar más”.

Asimismo, agregó que “con una visión de largo plazo, como la que tenemos que tener, es preferible mantener el modelo vigente en la actualidad”, según explicó para Diario Financiero.

Cabe recordar que, en Chile se encuentra el 50% de las reservas mundiales de cobre y que un proceso con políticas que permitan implementar mayores impuestos a las empresas privadas que son dueñas de dos tercios de los recursos naturales extractivos que tienen nuestro país, permitiría un aumento en las arcas fiscales.

Lo que en consecuencia podría colaborar en un mayor desarrollo estatal en mejoras a la salud, la educación y la vivienda, sectores que se han visto en crisis desde hace décadas, y que se han agudizado en el contexto de pandemia.

Con el rechazo del Royalty, con los votos de Patricio Melero (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Sofía Cid (RN), Leopoldo Pérez (RN), Carlos Kuschel (RN). Y junto a ellos -como voto decisivo- José Miguel Ortíz (DC), se sigue permitiendo el enriquecimiento de privados en desmedro de una mayor recaudación fiscal que va en beneficio directo de la ciudadanía.

El próximo martes verá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se revisará el informe emanado de la Comisión de Hacienda, para posteriormente votar y decidir si se dará curso al proyecto, o si se logra frenar, tal como ahora lo piden las empresas mineras privadas, y el propio gobierno.