por Libertad Méndez.
Cuando se ejerce tortura sexual a manos de una institución u organización específica, más aún cuando es del Estado, estamos en presencia de violencia política sexual, ya que además del acto mismo de la trasgresión sexual, el ataque encarna fines políticos.
A lo largo de la historia, a las mujeres se nos ha violado, golpeado y abusado, cuerpos transformados en botines de guerra. Sin embargo, en los últimos años, nos hemos cansado de ese silencio cómplice que nos ha impuesto la sociedad y hemos gritado, denunciado y pedido para que la justicia se haga presente.
A pesar de todo, las cosas no parecen cambiar demasiado; la institución de carabineros ostenta un vergonzoso actuar histórico, caracterizado por violencia y represión contra el pueblo, tanto que después de 30 años de democracia (al menos en lo teórico) siguen existiendo denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen homicidios, tortura y otros tratos crueles, tortura con violencia sexual y violencia innecesaria, de acuerdo a los datos informados por el INDH en su informe con datos recolectados del 17 de octubre de 2019 al 13 de marzo de 2020.
Destaca dentro de esto que desde estallido social existen numerosas denuncias de agresiones sexuales perpetradas por las fuerzas del orden en vehículos de traslados y comisarías, el informe del INDH y también de otras instituciones que recibieron testimonios y acompañaron denuncias confirman esto y dan cuenta que este tipo de acción represiva es sistemática y amparada por el silencio de la institución.
Cuando revisamos las cifras de acciones judiciales por clasificación temática, de un total de 1456 acciones judiciales, un 14% corresponde a tortura con violencia sexual. Al revisar los datos por edad y género destaca en tortura con violencia sexual 282 personas: 124 hombres, 88 mujeres, 42 niños y 28 niñas. A la fecha del informe 206 eran las acciones judiciales en curso por este tipo de tortura. En proporción, de un total de 893 hombres adultos víctimas de tortura, un 12% sufrió además violencia sexual; en mujeres adultas, de los 304 casos un 39% fue también con violencia sexual; en niños, de un total de 180 casos un 23%, y en niñas, de un total de 63 casos un 44%.
Tan solo pasadas dos semanas del 8M se suman nuevas denuncias, donde de acuerdo a los testimonios de las víctimas hay conductas que se repiten desde la dictadura, en forma de agresión sexual. Un día que debió ser solemne, en donde se pedía fin a las violencias, fue utilizado para perpetuar la cultura del machismo, en donde el poder te lo entrega la fuerza. Tenemos derecho a manifestarnos de manera libre sin que eso nos cueste una violación. La seguridad se transforma en un privilegio que perdemos si decidimos asistir a una marcha y no por culpa de quienes se manifiestan.
Es necesario y urgente que estas situaciones acaben, lamentablemente la violencia policial y agresiones sexuales contra mujeres acabarán cuando extingamos esta policía corrupta y machista y eso requiere un término de la institución como la conocemos.
¿Cuándo se hará cargo el estado? Este gobierno, y los anteriores, siguen empeñándose en ignorar al cincuenta por ciento más uno de la población. No dan respuestas, en Chile a las mujeres se las sigue ignorando.
Una discusión ciudadana amplia nos permitirá construir colectivamente los cimientos para una nueva policía, una institución con formación en derechos humanos y género, no corrupta y donde las jerarquías no se compren, con el objetivo de servir al pueblo. Es necesario que existan evaluaciones psiquiátricas y test de drogas periódicos para el control y evitar el ingreso de potenciales psicópatas. Debemos garantizar una policía que no atente contra su pueblo, que lo proteja y que funcione en base al respeto a los derechos humanos, especialmente en niñas, niños y adolescentes.