Editorial: Condiciones básicas para que postergación de elecciones no sea un nuevo atentado a la democracia

Chile está atravesando una situación crítica a nivel sanitario: los más de 7 mil nuevos contagios diarios de Covid-19 registrados la última semana así lo demuestran. De ahí las recomendaciones de expertos de postergar las elecciones pautadas para el 10 y 11 de abril.

Esta situación no se puede desconocer, pero tampoco se puede obviar el hecho de que el Gobierno es principal responsable del recrudecimiento de la pandemia. Para todos es conocido que hace solo semanas el ministro de Educación, Raúl Figueroa Salas, y el propio Presidente Piñera, promovían por todos los medios el retorno a clases presenciales. Ahora Figueroa está escondido y el gobierno no ha dado ninguna explicación sobre las implicancias de este nuevo llamado a la normalidad que contribuyó a incrementar la crisis que ahora vivimos, la que no es sólo de salud si no también de confianza en el Estado, con un gran componente de vacío de poder.

Adicionalmente, los aeropuertos se han mantenido abiertos, permitiendo la entrada al país de miles de personas algunas de las cuales han diseminado no solo el Covid-19 en su variante original, sino nuevas cepas más agresivas, como la británica y las diversas mutaciones brasileñas, que ya tienen transmisión comunitaria en nuestro país.

La situación está desbordada y ha llevado al sistema sanitario al borde del colapso, con una ocupación casi total de camas UCI e incluso saturación de recintos mortuorios.

Mientras esto ocurre, desde La Moneda se ha promovido el proceso de vacunación como la gran solución a la crisis, dejando de lado la necesidad de mantener una comunicación de riesgo adecuada para que la población no relaje sus medidas de autocuidado necesarias para evitar la expansión de la pandemia.

Escandaloso resulta que, cuando la situación es crítica, los centros comerciales, megaconstrucciones y yacimientos mineros se mantengan operando; esto, mientras el grueso de la población sufre por los toques de queda y la reducción prolongada y grave de su movilidad que nos ha llevado a una situación kafkiana y orwelliana de opresión y control social.

Ante el derrotero antes descrito, resultaba previsible y hasta lógico que, en vísperas de las elecciones de abril, el país llegara a una situación crítica y alarmante en términos sanitarios.

Como muchos han destacado en estos días, fue el gobierno quien provocó la “catástrofe”, mientras que la población ha puesto los muertos, los enfermos graves y los angustiados por el hambre y la depresión.

Por otra parte, en el ámbito económico, pese a la angustia de millones de familias (y de miles de micro y pequeño-empresarios), el Gobierno no ha hecho nada para ayudarnos, mientras el propio presidente continúa favoreciendo a sus socios, amigos y a sí mismo en negocios que ya son de dominio público como el caso Enjoy.

Elección de constituyentes: Cancha dispareja

La crítica situación antes descrita ha derivado en que la campaña para estas megaelecciones se diera en medio de confinamientos masivos, lo que ha impedido que la ciudadanía se reúna, delibere y conozca las propuestas de candidat@s, especialmente de aquellos independientes que aspiran a llegar a la Convención Constitucional.

A esto se suma lo injusto de la distribución de los tiempos en la franja de televisión -en que se favorece de sobremanera a los partidos en desmedro de listas independientes- y a los temas relacionados con el financiamiento de las campañas, en los que también se expresa la grosera desigualdad que daña en sus cimientos este proceso constituyente.

Las circunstancias derivadas de la pandemia (que impiden en los hechos el normal desenvolvimiento de campañas presenciales) sumados a las trampas antes descritas (ejecutadas por el Congreso Nacional y el Gobierno), están derivando en que la población no tenga conocimiento de este proceso constituyente, pese a que este ha sido definido como uno de los más trascendentes en toda la historia de Chile.

Según una encuesta Ipsos-Espacio Público (dada a conocer este 29 de marzo) existe un alto interés por participar en la elección de “constituyentes” (86%). No obstante, hay un gran desconocimiento respecto de candidaturas y propuestas. De hecho, sólo un 20% tiene decidido por quien votar.

¿Estará dispuesta esta clase política a cometer un error de lesa soberanía y permitir que esta injusticia trascendente (que para muchos medios no es noticia) se perpetúe y lleguemos a la elección de “constituyentes” sin que la mayor parte de la ciudadanía sepa por quien votar porque no haberse generado las condiciones para que haya la debida información?

Si el Congreso y los partidos aceptaran sin más las condiciones de La Moneda -de postergar las elecciones sin cambiar el manejo sanitario de la pandemia y la desigualdad estructural del proceso constituyente- ellos serán corresponsables del inminente fracaso de la salida dialogada e institucional a la crisis estructural que vive el proyecto de país, la que fue zanjada en el “acuerdo del 15 de noviembre” lo que inevitablemente llevará a nuestro país a la violencia y a un callejón sin salida.

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Dada las críticas circunstancias sanitarias y las recomendaciones de expert@s, no cabe si no aceptar la postergación de elecciones para mayo. Pero esto no se puede hacer sin que los responsables de habernos llevado a esta crisis paguen o respondan por sus actos.

El presidente Piñera insiste en mantener las ayudas focalizadas y en funcionamiento actividades no esenciales y nada hace presumir que eso va a cambiar.

Todo hace prever que las cuarentenas seguirán siendo un mecanismo de control social para las grandes mayorías, pero no para los grupos económicos favorecidos por el Gobierno, entre ellos, las grandes cadenas de supermercados.

Si Piñera insiste en seguir conduciendo la pandemia sin considerar la opinión de científicos ni el interés de la ciudadanía, lo que cabe es que el Congreso tramite la postergación de las elecciones -con todos los resguardos político-democráticos posibles- y, enseguida, inicie una acusación constitucional contra el Presidente que acabe anticipadamente con su gobierno.

Hay numerosos parlamentarios de derecha que privada y públicamente han reconocido que el Gobierno ha manejado mal la pandemia, en especial, en lo referido a lo insuficiente de las ayudas a las familias. Y, cuando se trata del hambre y de la salud de un pueblo, esa crítica debe -por patriotismo y/o humanidad-, traducirse en acabar con el causante principal de la tragedia.

Condiciones mínimas para que la postergación de elecciones no vaya en detrimento de las comunidades ciudadanas

1.- Debe apoyarse con recursos adecuados al sistema público de salud y adoptarse de una vez medidas sanitarias estrictas y adecuadas (testeo, trazabilidad y aislamiento) como confinamientos verdaderos. Estas medidas deben ir de la mano de una verdadera suspensión de actividades no esenciales, además, de seguir adelante con el proceso de vacunación. Estas medidas deben ser guiadas por una nueva gobernanza (como la propuesta por la presidenta del Senado Yasna Provoste) que de confianza a la ciudadanía y que se guíe por criterios estrictamente sanitarios y no economicistas.

En lo relativo a las condiciones político-comunicacionales de la postergación de elecciones en materia de Convención Constitucional:

2.- Se debe implementar un nuevo período de franja en televisión, que equipare los tiempos entre las listas de partidos y las independientes;

3.- Se deben entregar recursos económicos para que las candidaturas de listas independientes puedan seguir compitiendo. Considérese que much@s candidat@s tuvieron que pedir permisos no remunerados en sus trabajos o abandonaron sus actividades productivas y/o domésticas para poder hacer campaña, y no tienen la posibilidad de sostener sus propias economías por más tiempo en estas mismas condiciones. Las ayudas deben considerar a los equipos de campaña.

4.- Se debe permitir y facilitar el voto de todas las personas habilitadas legalmente para hacerlo incluyendo enfermos de covid, sus contactos directos y personas privadas de libertad.