Emite CNDH recomendación al director de la CFE, Manuel Bartlett

Por Kara Castillo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 09/2021 al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por los agravios cometidos contra ocho personas defensoras de derechos humanos, quienes se opusieron al proyecto “Línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Teziutlán II-Tajín”, aunque esto sucedió durante la gestión de Jaime Francisco Hernández.

En junio de 2018, defensores del territorio acudieron a la CNDH al considerar que el proyecto que incluía la construcción de una subestación eléctrica en las comunidades de Cuetzalan irrumpía “en el seno del pueblo Maseual” y había sido impuesto bajo el argumento de que “sería benéfico para la región”.

Sin embargo, a los afectados la información que se les proporcionó fue escasa y las autoridades se negaron a entregarles los estudios respectivos, por lo que se realizó una clausura popular y simbólica de las obras del proyecto y se instaló un plantón para vigilar el avance de la obra.

La queja interpuesta por pobladores defensores e indígenas Maseuales y representantes del Consejo Maseual Altepetajpianij, denunciaron actos violatorios a derechos humanos en agravio de la comunidad Maseual de Cuetzalan del Progreso, Puebla.

Según la relatoría de hechos el 19 de noviembre de 2016, se realizó una clausura popular y simbólica de las obras para el desarrollo del proyecto LAT, con la colocación de una manta y la instalación de un campamento en un terreno particular para observar los avances.

Al respecto, el aludido campamento se retiró hasta el 2 de octubre de 2017, cuando se tuvo de conocimiento que fueron declarados sin vigencia los permisos que había otorgado el Ayuntamiento de Cuetzalan.

Pero el 26 de enero de 2018 los defensores fueron notificados del inicio de la Carpeta de Investigación en la entonces PGR, ahora FGR, aunado a que se les solicitó su comparecencia correspondiente. En dicha investigación se les señaló como responsables de la comisión del delito de Oposición de una Obra Pública.

En la integración de la carpeta de investigación, la CFE presentó un escrito en el que solicitó la ampliación de la denuncia, teniendo como principal sustento notas periodísticas publicadas a través de portales de internet en los que se reiteraron acusaciones contra las personas defensoras de derechos humanos, estigmatizándolas sin sustento alguno.

En la Recomendación emitida ayer martes 30 de marzo, la CNDH estableció que se vulneró el derecho de las personas a defender los derechos humanos y que el Estado y sus agentes no deben poner en duda la legitimidad del trabajo de las y los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, ni realizar declaraciones que sugieran una actuación indebida o ilegal, solo por llevar a cabo labores de promoción y protección de dichas prerrogativas.

La CNDH solicitó al director general de la CFE que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño a las personas afectadas; brindarles atención psicológica e implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), específicamente en lo relativo al artículo noveno sobre los “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

También deberá realizar un acto público de reconocimiento de la labor de las personas de defensoras de derechos humanos, así como de responsabilidad y desagravio institucional; realizar las solicitudes correspondientes a los motores de búsqueda, entre ellos Google y Yahoo, para que no sea posible acceder al nombre de las víctimas en los mismos.

Además, trabajadores y directivos de la CFE deberán recibir cursos de capacitación sobre estándares relacionados con los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas; sobre los derechos a la libertad de reunión, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y respecto a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.