El juzgado de Control del Sistema Penal Alternativo de Baja California vinculó a proceso por el delito de peculado de 230 millones de pesos a un ex alcalde priista de Ensenada, y su tesorero, por usar recursos destinados a la reestructuración de deuda y canalizarlos a nómina y reintegro de fondos federales, durante la administración 2010-2013.
La carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado señala que Gilberto Antonio «N» y Manuel «N», durante su gestión como presidente municipal y tesorero respectivamente, fueron denunciados el 10 de abril y el 8 de mayo de 2017.
El juez de Control determinó auto de vinculación a proceso penal, que ambos podrán enfrentar en libertad, pero fijó en su contra la medida cautelar de no abandonar la entidad federativa sin autorización, además de un plazo de cuatro meses para la investigación.
Debido a que la revisión de cuentas públicas se hace con dos años de retraso, luego de haber transcurrido dos de concluida su gestión, la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional estableció que en 2013 el Ayuntamiento recibió un crédito de 665 millones 156 mil 105 pesos para refinanciar o reestructurar la deuda pública y destinarlo también a inversiones públicas productivas.
De este monto, se desviaron 204 millones 762 mil pesos, de los cuales 110 millones se utilizaron de forma indebida para nómina y para reintegrar el subsidio que otorga la Federación a los municipios en beneficio de los cuerpos de Seguridad Pública (SUBSEMUN). No se encontraron registros de 94 millones 184 mil pesos.
Por tanto, en 2016, el Ayuntamiento de Ensenada recibió dos ministraciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado por un monto de 26 millones 564 mil pesos.
Estos recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) se etiquetaron para ser ejercidos en la rehabilitación de un campo de béisbol, construir una ciclovía, suministrar e instalar bebederos en 198 escuelas y rehabilitar vialidades.
Sin embargo, los 26 millones de pesos se canalizaron al pago de nómina y gasto corriente del ayuntamiento.
La Ley General de Disciplina Financiera señala que los empréstitos deben aprobarse por los congresos para estos fines porque antes autorizaba créditos para nóminas y gasto corriente, lo que generó el incremento de deuda pues era un saco roto. Así ya se etiquetan los destinos de los préstamos.
Fuente: La Jornada
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