Como una estrategia de manipular las economías de los países latinoamericanos Estados Unidos impulsó el surgimiento de los Bancos Centrales en todo el continente. En 1925 se crea el Banco Central en Chile bajo la intervención norteamericana solapada, a través de la Comisión de Consejeros Financieros norteamericanos que había sido contratada en 1923 por el presidente Arturo Alessandri Palma. Esta comisión, presidida por Edwin Kemmerer, logró que el presidente lanzara el Decreto Ley que crearía el Banco Central en Chile. Ese día nació la dependencia y se vendió la soberanía de nuestro país, al dejar en manos de una institución ajena a la República toda la regulación económica. Esta nueva institución podría ser utilizada por las oligarquías nacionales y el gobierno de Estados Unidos para provocar inflaciones, manipular la economía y aprovechar de apropiarse de nuestros recursos, generando crisis y aprovechándose de los microempresarios que siempre serían los perjudicados. Desde sus inicios sería clara la intención oligárquica del Banco Central, siendo elegidos el 70% de los directores por los grandes grupos empresariales y bancarios del país y el 30% por el gobierno.
Hubo intentos de democratizar el Banco Central y hacer que el Estado tuviera algún control a través de la ley 8.707 del año 1946, donde se estableció que debía haber dos senadores y dos diputados dentro de la directiva del banco. Ya con la participación de parlamentarios, en 1953 se decretó mediante una ley Orgánica (decreto 106) el rol del Banco Central de elaborar políticas que “permitan el mayor aprovechamiento de los recursos productivos del país”, es decir ya tendría cierto rol en la economía productiva.
Con el rol productivo incorporado, ahora se agregaría que el Banco Central podría dar créditos al Estado y entidades semifiscales. Se le dio más poder en 1960 respecto al control del crédito. Se asegura un equilibrio en la dirección del banco quedando 5 directores a elección de los bancos y las grandes empresas, 4 de elección del presidente y 1 de los trabajadores. Esto permitiría a los gobiernos siguientes, como el de Frei Montalva y sobre todo de Salvador Allende, impulsar políticas potentes de nacionalización de los recursos productivos más importantes del país como es el cobre y toda la minería, así como impulsar la reforma agraria. De esta manera el Banco central se podría mantener más o menos libre de influencias políticas y económicas provenientes de las grandes potencias neoliberales como Estados Unidos.
Sin embargo, pese al avance económico y productivo del país, fruto de la nacionalización del cobre, la democratización de la industria, el término del latifundio, todo fue cortado, con violencia, por la oligarquía respaldada en el ejército. Realizarían un Golpe de Estado que acabaría con el proceso democrático que vivió Chile de manera progresiva durante el siglo XX. En 1973 la mano de Estados Unidos se metería con fuerza, en alianza con la oligarquía chilena, para acabar con todo lo construido por este pueblo y destruir el Estado Chileno junto con la República.
En 1975, mucho antes de imponer la Constitución que elaboraba la Dictadura, la Junta Militar decreta que el Banco Central es totalmente autónomo, suprime toda influencia del Estado en la institución, lo privatiza retirando absolutamente la propiedad fiscal y pública del patrimonio del banco, ni siquiera bajo sistema de acciones. Sin embargo, como clara política de conveniencia, y en contradicción con la supuesta autonomía y desligamiento del estado, destituye a sus directores y nombra arbitrariamente a tres directores que integrarían el Comité Ejecutivo del banco (Presidente, Vicepresidente y Gerente General). También establecería la facultad de otorgar, casi sin limitación, créditos al Fisco, o sea a la Junta Militar, por lo menos hasta 1980, siendo una clara estrategia de financiamiento de la dictadura.
Esto queda comprobado al ver que en 1989, cuando ya el pueblo había elegido la libertad y habían decidido que se fuera Pinochet, promulgaron una ley Orgánica (basada en los artículos 97 y 98 de la Constitución del 80) que le quita la facultad al Banco Central de otorgar créditos al Estado. El Banco Central ni siquiera tiene la obligación de dar cuenta pública de sus operaciones al congreso o la contraloría, no puede ser fiscalizado por el Estado, siendo que se funda bajo fondos públicos. Puede hacer y deshacer en completo libertinaje.
Con la Constitución del 80 es primera vez que se le da carácter constitucional a estas reglas que aseguran la no participación del pueblo en las políticas monetarias y hacen dependiente nuestra economía de la voluntad de unos pocos. No existe ningún otro país en el mundo donde el Banco Central tenga tantas atribuciones y de manera tan desregulada.
Esto permanece sin cambio alguno hasta el día de hoy, debido a que, así como lo hicieron con el Banco Central, durante la dictadura aseguraron que todas las instituciones del Estado funcionaran bajo sistemas antidemocráticos, con nula participación de la ciudadanía, se privatizaran automática o progresivamente, otorgándole carácter constitucional a estos sistemas y asegurando que nunca sean cambiados, mediante el sistema Binominal de elecciones parlamentarias que solo permite la participación de dos bloques políticos que se mantienen siempre en un 50 y 50 del parlamento siendo imposible aprobar cualquier iniciativa de cambio constitucional, que requiere siempre más de los dos tercios.
La única forma de realizar un cambio profundo que permita recuperar la Soberanía de nuestros asuntos, es realizando una Asamblea Constituyente que rompa con el régimen establecido y permita al pueblo redactar una nueva constitución y elegir democráticamente cómo quiere que sea su país. Así estaríamos cumpliendo con nuestro derecho inherente a refundarnos como República.
El Banco Central no puede seguir siendo autónomo, pues usurpa el más sagrado derecho de todos los ciudadanos, el de la soberanía. Al pertenecer a manos privadas, autónomas, que ni siquiera tienen que rendirle cuentas a nadie, el Banco Central se transforma fácilmente en un tirano opresor que puede hacer lo que quiera con un país entero; como un niño caprichoso que maneja el dinero de toda una familia.
Con esta institución y el resto de los sistemas que impone la Constitución, Estados Unidos aseguró la subsistencia del sistema económico neoliberal más terrible en este país, manteniendo la usurpación de sus recursos naturales y sosteniendo una dictadura que aun perdura bajo la sombra de una Constitución.
Por Matías Sagredo Z
Coordinador Red de Estudiantes y ciudadanos por la Asamblea Constituyente