En medio del desastre sanitario y económico que afecta al país, la ciudadanía se enteró que las grandes fortunas aumentaron su patrimonio. Entre ellas, la fortuna del presidente de la república.
Muchos se preguntan por qué. La respuesta es que Piñera, Luksic, Ponce y compañía se han visto beneficiados por las políticas monetarias de alta liquidez, que permiten seguir canalizando recursos hacia los circuitos más especulativos del mercado financiero.
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Mientras tanto, el resto de la población enfrenta el día a día desde la precariedad, entre ayudas insuficientes para sostener el presupuesto familiar.
Como se sabe, la crisis social y sistémica del país venía de antes de la pandemia y no faltaron quienes le dieron la bienvenida. No contaban los bufones como Axel Kaiser con que el COVID19 desnudaría aún más la carencia de un liderazgo sereno, sensato y empático en tiempos de crisis.
El politólogo Carlos Huneeus contó ¡215 discursos presidenciales en los últimos dos años!. Esta incontinencia verbal sería tolerable si las decisiones y políticas que la acompañan fuesen las adecuadas. Pero no lo son.
Las decisiones del ejecutivo en materia sanitaria han estado marcadas por la inconsistencia: restricciones para unos (las mayorías), mano blanda para otros (los grupos económicas y grandes empresas extractivistas). Cuando los expertos anticipaban la segunda ola de contagios, se insistió majaderamente en un regreso a clases presenciales en los colegios que terminó siendo un fiasco.
Peor aún, en vísperas de un proceso constituyente, insiste en tramitar un acuerdo internacional (el TPP11) que lo congela y una reforma previsional que nadie quiere. En momentos en que se requiere templanza y apertura, se insiste en la criminalización del pueblo mapuche y la militarización de la Araucanía. Incluso se llega al extremo de instalar como ministro del Trabajo a un soplón de la dictadura y férreo enemigo de la ciudadanía. Todo esto aumenta la frustración y la irritación y deja la sensación que se actúa en sentido contrario de la cacareada “unidad nacional”.
Tanto es así que la propia coalición oficialista se desmigaja. Unos rechazan las restricciones al funcionamiento de grandes supermercados y centros comerciales, otros la impugnación del tercer retiro ante el Tribunal Constitucional. Nada bueno cabe esperar de esta dinámica.
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El país ya no aguanta este liderazgo incompetente e incontinente, plagado de conflictos de interés, que firma decretos en favor de sus antiguos socios de Enjoy S.A. y cuya fortuna es administrada por un fideicomiso cuya ceguera parece relativa, por no decir parcial.
Chile está viviendo una crisis sistémica. Solo una salida política democrática y madura nos permitirá salir del laberinto en que ha sumido al país el gobierno Sebastián Piñera. Las fuerzas políticas debieran pactar su salida del cargo sincerando de una vez la gravedad de la crisis.
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Por lo mismo, la autoridad presidencial que suceda al presidente desquiciado (la presidenta del Senado o el Presidente de la Corte Suprema) deben preocuparse de tomar en conjunto con las autoridades constituyentes (no con la clase política en decadencia) un itinerario de dos caminos: facilitar la instalación y trabajo de la Convención Constitucional e implementar políticas urgentes e inmediatas que vayan en favor del conjunto de la ciudadanía afligida por el impacto desolador de la pandemia y el ocaso del modelo neoliberal, que conlleven medidas redistributivas que utilicen mecanismos tributarios para ello.
Como sea, pese a las dificultades, los movimientos sociales y asambleas territoriales seguirán organizados y movilizados para enfrentar la crisis sanitaria, ambiental y económica y hasta poder por fin ser realmente soberanos y darse el orden y el gobierno que convenga a sus altos intereses.
Aún tenemos patria, ciudadanxs.