Los trabajadores de la división Chuquicamata de Codelco alertan sobre una serie de acciones que pudieran presagiar un nuevo intento de privatización de la minera estatal con el respaldo del gobierno y el Ministerio del Trabajo.
Las denuncias hacen eco en la relación que tiene el directorio con el Consejo Minero, con los cuales existirían vinculaciones de las empresas privadas contratistas que comienzan a ganar terreno en diversas áreas de la división.
Según reseñó Izquierda Dario, en un artículo escrito por Martín López, los mineros han advertido sobre el traspaso a empresas privadas de funciones que eran propias de Codelco, entre las que se encuentran labores estratégicas y áreas de servicios, «como ha sucedido en el último tiempo en el Hospital del Cobre, el Terminal Vial y la protección industrial».
Despidos y abusos durante la crisis sanitaria
Adicionalmente, un grupo de trabajadoras y trabajadores de la estatal denuncian que han sido despedidos o les han impuesto planes de egresos en áreas que posteriormente son traspasadas a empresas contratistas.
Cabe destacar que de los 5.000 despidos registrados en la cuprífera estatal durante el último año, el 20%, es decir 1.001 trabajadores, pertenecían a Chuquicamata, a pesar de que esta división produjo en 2020 un total de 400.720 toneladas métricas de cobre fino (tmf), posicionándose por primera vez en segundo lugar, antecedida por la División El Teniente de Rancagua por una diferencia de 2.500 tmf.
De acuerdo con Izquierda Diario, los mineros también denuncian los abusos que han sufrido compañeras y compañeros durante la crisis sanitaria
«Los mandaban a trabajar a través de la modalidad de teletrabajo, y que posteriormente son despedidos y terceras empresas ocupan su lugar», indicó este medio.
Otra de las denuncias se refiere al actuar de los integrantes del directorio, quienes en medio de la emergencia sanitaria, habrían dejado de hacer test PCR, y tampoco han aplicado medidas frente a las aglomeraciones que se producen en las casas de cambio de los trabajadores.
También acusan que la compañía no toma en cuenta a los sindicatos para anunciar nuevas políticas que terminan incluso intimidando a trabajadores, obligándolos a acogerse a planes de retiro de la empresa, en un momento en que precios del cobre se acercan a sus niveles históricos y supera los US$4,00 la libra.