Una nueva querella suma la investigación por el espionaje telefónico de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) a periodistas y militares que denunciaron corrupción en la institución.
El Capitán del Ejército, en trámite de retiro, Rafael Harvey Valdés, interpuso el libelo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de quienes resulten responsables, por su participación en los delitos de interceptación de comunicaciones privadas; de falsificación de instrumento público militar y de uso malicioso de instrumento público, cometidos por empleados públicos; del delito del artículo 43 de la Ley de Inteligencia; y, también, de otros delitos que puedan resultar comprobados, en el marco del caso denominado “Operación Topógrafo”, investigado actualmente por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
En el mencionado caso se indagan hechos ocurridos entre los años 2017 y 2018, cometidos por funcionarios del Ejército de Chile, quienes, a través de la Dirección de Inteligencia del Ejército requirieron fraudulentamente-puesto que proporcionaron antecedentes falsos- autorizaciones jurisdiccionales a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, al amparo de la Ley Nº 19.947 -de Inteligencia-,las que fueron concedidas, con el propósito de llevar a cabo la medida intrusiva de interceptación de las comunicaciones telefónicas en perjuicio de 5 personas, entre ellas, Harvey Valdés.
El factor común identificable en las 5 personas afectadas por estas acciones delictivas es el haber denunciado públicamente hechos de corrupción ocurridos al interior de la institución castrense.
La querella fue acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y remitida a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
“Estos hechos son de extremada gravedad, ya que personal del Ejército de Chile, valiéndose de medios fiscales y actuaciones fraudulentas, burlándose incluso de la Justicia, han incurrido en acciones por las cuales han vulnerado derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la intimidad y privacidad de las comunicaciones de una persona, en este caso, de un funcionario de la institución y denunciante de hechos corrupción ocurridos al interior del mismo Ejército de Chile, como lo es don Rafael Harvey Valdés, y en momentos en que se desarrollaba la estrategia procesal de su defensa, en causas tan transcendentales relacionada con él, como el plenario de la causa criminal castrense seguida en su contra, por la sedición impropia que se le imputó -de la cual resultó absuelto-, y también, su defensa en un procedimiento de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto, además, constituye un atentado grosero en perjuicio del secreto profesional que asiste a su defensa letrada”, señaló el abogado Francisco Ugás Tapia, uno de los patrocinantes de esta querella.
“Esperamos que, a través de la investigación que despliegue el Ministerio Público, se puedan establecer estos hechos criminales perpetrados por agentes del Estado, y la Justicia sancione estos y, por tanto, a todos los sujetos que han intervenido criminalmente en la comisión de estos, imponiéndoles penas rigurosas, atendida la gravedad de los delitos perpetrados.La impunidad, en este caso, es inadmisible”, subrayó.
Uso fraudulento de la Ley de Inteligencia
El Capitán Harvey recordó que la Operación Topógrafoontó con la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, usando la Ley de Inteligencia.
“No hay que olvidar que la operación Topógrafo; emprendida para espiar a cuatro denunciantes de corrupción (…) empleó de manera fraudulenta la Ley de Inteligencia y se le mintió al tribunal de alzada al exponer que yo estaba involucrado en vulnerar la seguridad nacional y luego de un año de espionaje (…) no se me encontró vínculo alguno con delitos ni vulneración a la seguridad nacional”, aseguró en declaraciones a Bío Bio Chile.