Un grupo de vecinos de la comuna de San Miguel, representados por las dirigentas Gloria Flores, Tamara Lizama y Hernán Vergara, denunciaron que en los terrenos correspondientes a la ex Ciudad del Niño -fundación sin fines de lucro perteneciente al Consejo de Defensa del Niño-, ubicados en el paradero 16 ½ de Gran Avenida, «bajo la administración del alcalde Luis Sanhueza Bravo y siendo Director de Obras Municipales (DOM) Javier López Orrego, se han otorgado 4 permisos de edificación para construir 23 torres habitacionales de entre 14 y 23 pisos».
En total, el proyecto contempla 5.401 departamentos, con una densidad promedio de 2.382 Hab/ha y con superficies de las viviendas de entre 30 y 57 m2, destinados a 21.604 personas. Todo, en una zona donde el actual Plan Regulador Comunal (PRC) solo permite construcciones con alturas entre 5 y 10 pisos y densidades entre 500 y 800 Hab/ha.
«Estos permisos de edificación se otorgaron en base los 4 anteproyectos que se aprobaron en el año 2017, vulnerándose abiertamente el artículo 1.4.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que ordena que los anteproyectos mantendrán su vigencia por un plazo de 1 año para que se obtengan los permisos de edificación. Además, se violaron los artículos 1.4.9 y 1.4.10 de la OGUC que fijan plazos fijos para la tramitación de esos permisos», explicaron los denunciantes a El Ciudadano.
Los vecinos detallan que «dado que el antiguo PRC de San Miguel tenía normas urbanísticas muy permisivas, el 25 de noviembre de 2015 se publica en el Diario Oficial la postergación (congelamiento) de los permisos de construcción para dicha comuna y el 25 de noviembre 2016, exactamente un año después, se publica en el Diario Oficial el nuevo y actual PRC de San Miguel».
«Los anteproyectos fueron aprobados por el DOM entre el 22 de junio y el 6 de octubre de 2017 con las excesivas normas antiguas y los permisos de edificación fueron otorgados entre el 29 de mayo y 18 de noviembre del 2019, es decir, después de los 3 años de entrada en vigencia el actual PRC de San Miguel que, como se dijo, sus normas son bastante más restrictivas. Con este desarrollo de los hechos se evidencia un impúdico trato de privilegio por parte del municipio hacia esa fundación sin fines de lucro», agregaron.
En ese sentido, señalaron que desde hace tiempo están pidiendo formalmente al DOM de San Miguel que su deber legal «es invalidar esos 4 permisos, pero dicho funcionario (el Director) se niega a ejercer sus atribuciones, situación que no resiste mayor análisis». Además, añaden, «los 4 permisos ilegales que favorecieron a dicha persona jurídica se otorgaron sin los estudios ambientales y viales sinérgicos».
Y para el final, el gran detalle. De acuerdo a la denuncia, «y para entender el comportamiento dadivoso del municipio de San Miguel hacia ese privado», los vecinos dieron a conocer los nombres del presidente y consejeros del Consejo de Defensa del Niño, «muchos de los cuales son personajes públicos de la política, como ex ministros, ex presidenta del Tribunal Constitucional y actual miembro de la Comisión del Mercado Financiero y de los grupos económicos. A saber: Presidente: José Pedro Silva Prado; Vicepresidenta: María Cecilia Milevcic Potin; Consejeros: Augusto Iglesias Palau, Jorge Burgos Varela, Marisol Peña Torres, Alejandro Jara Lazcano, Sergio Jiménez Moraga, Francisco Claro Huneeus, Gloria Baeza Concha, Paula Raffo Oehninger y María Elena Santibáñez Torres».
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