Grupos defensores de DDHH de Canadá exigen liberación de prisioneros políticos y denuncian represión y criminalización de la protesta social por parte del Gobierno de Chile

Organizaciones y grupos de la sociedad civil y de derechos humanos, así como los colectivos chilenos de Quebec y de Canadá, hacen un llamado a la solidaridad internacional para exigir la liberación de las prisioneras y prisioneros
políticos y a denunciar la represión y criminalización de la protesta social de parte del gobierno de Sebastián Piñera, que se sigue agravando desde el estallido social en octubre 2019.

A través de una declaración pública, recordaron que diversas misiones internacionales de observación de derechos humanos en Chile han denunciado las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por las fuerzas del
orden del Estado en contra de la población, particularmente el derecho a protestar, a la vida y a la integridad personal

Señalaron que según cifras oficiales (que no son exhaustivas), 27.000 personas han sido detenidas y 2.500
personas están encarceladas con motivo de su participación en las manifestaciones masivas que se han realizado desde el estallido social de octubre 2019.

Recordaron que las misiones internacionales de observación, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile han corroborado que la mayoría de las detenciones han sido ilegales, asociadas a casos de tortura,
maltratos, violencia sexual y la ausencia de acceso a una defensa jurídica.

Las organizaciones condenaron que a un año del encarcelamiento de las prisioneras y prisioneros políticos, que en su gran mayoría son jóvenes y que incluyen a menores de edad – la investigación sigue en curso, por lo tanto, estas
personas están encarceladas sin haber recibido una condena efectiva por el delito del cual están acusadas.

Se refirieron a los procesos judiciales que se han realizado en los últimos meses, en los cuales algunas personas
fueron liberadas por falta de pruebas; otras fueron condenadas a penas de tres a cinco años; algunas arriesgan una condena de más de 20 años; mientras que otras fueron acusadas por la Ley de seguridad interior del Estado.

«Al día día de hoy, el número de prisioneras y prisioneros políticos sigue aumentando ya que las manifestaciones continúan y, en consecuencia, la represión y la persecución penal de parte de agentes del Estado se mantiene», advirtieron.

Destacaron además que, desde La Moneda se reforzado la persecución penal y el poder represivo de las fuerzas
del orden, y que Chile invirtió cerca de $ 19 millones de dólares canadienses en solo 3 meses, comprando vehículos antimotines de última generación, destacando los lanza gases blindados, los mismos que utilizan Israel y Estados Unidos en diferentes conflictos militares.

Asimismo, el gobierno invirtió cerca de $3 millones de dólares para construir un centro de entrenamiento
para operaciones policiales y militares en territorio Mapuche

No obstante, recordaron que esta situación no es nueva, ya que durante las últimas décadas ha sido evidente la
utilización excesiva de la fuerza, la ausencia de un mecanismo de prevención de la tortura y la abstención de la aplicación de la ley antiterrorista contra los procesos de reivindicación de los derechos del pueblo mapuche.

En la declaración, plantearon que desde el estallido social se ha interpelado en diversas ocasiones al gobierno
canadiense para que se pronuncie y condene las graves violaciones de derechos humanos
perpetrados por Sebastián Piñera contra el pueblo chileno.

«Como organizaciones de la sociedad civil y colectivos chilenos de Quebec y Canadá, consideramos que el silencio del
gobierno de Justin Trudeau puede ser interpretado como una complicidad, poniendo en evidencia que Canadá prioriza sus inversiones en perjuicio de los derechos humanos. No hay que olvidar que Canadá es el primer país que más invierte en Chile, principalmente en el sector minero», subrayaron.

A continuación el texto íntegro:

Declaración sobre la situación de las prisioneras y prisioneros políticos y la violación sistemática de derechos humanos en Chile

Las organizaciones y grupos de la sociedad civil y de derechos humanos, así como los colectivos chilenos de Quebec y de Canadá, que firman la presente declaración, hacen un llamado a la solidaridad internacional para exigir la liberación de las prisioneras y prisioneros políticos y a denunciar la represión y criminalización de la protesta social de parte del Estado chileno, que se sigue agravando desde el estallido social en octubre 2019.

Diversas misiones internacionales de observación de derechos humanos en Chile1 han denunciado las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden del Estado en contra de la población, particularmente el derecho a protestar, a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, esta situación no es nueva, como lo demuestran las recomendaciones emitidas al Estado de Chile en el curso de las últimas décadas sobre la
utilización excesiva de la fuerza, la ausencia de un mecanismo de prevención de la tortura y la abstención de la aplicación de la ley antiterrorista contra los procesos de reivindicación de los derechos del pueblo mapuche2.

Estas violaciones se han vuelto generalizadas en el marco de las manifestaciones masivas en Chile.

Nos unimos a las acciones que se realizan en Chile y a nivel internacional con el fin de mantener la presión política en el marco del proceso electoral del 15 y 16 de mayo próximo – que va a elegir las y los miembros de la convención constituyente que participarán en la redacción de la nueva constitución, así como los alcaldes, gobernadores regionales -, que se desarrollará en un contexto de crisis de derechos humanos, de impunidad y con la existencia de prisioneras y prisioneros políticos.

Según cifras oficiales (que no son exhaustivas), 27.000 personas han sido detenidas y 2.500 personas están encarceladas con motivo de su participación en las manifestaciones masivas que se han realizado desde el estallido social de octubre 2019. Las misiones internacionales de observación, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile han corroborado que la mayoría de las detenciones han sido ilegales, asociadas a casos de tortura, maltratos, violencia sexual y la ausencia de acceso a una defensa jurídica.

Desde este tiempo, en el transcurso del año 2020, se implementaron varias leyes que han intensificado la criminalización de la protesta social, como la ley anti-barricadas y anti-saqueo, entre otras, que agravan las condenas de las personas que participan en las manifestaciones.

A un año del encarcelamiento de las prisioneras y prisioneros políticos – en su gran mayoría jóvenes pero también menores de edad -, la investigación sigue en curso, por lo tanto, estas personas están encarceladas sin haber recibido una condena efectiva por el delito del cual están acusadas.

Los procesos judiciales empezaron en los últimos meses: algunas personas fueron liberadas por falta de pruebas; otras fueron condenadas a penas de tres a cinco años; algunas arriesgan una condena de más de 20 años y fueron acusadas por la Ley de seguridad interior del Estado.

Al día de hoy, el número de prisioneras y prisioneros políticos sigue aumentando ya que las manifestaciones continúan y, en consecuencia, la represión y la persecución penal de parte de agentes del Estado se mantiene. Varias personas prisioneras políticas están actualmente en huelga de hambre (entre 15 a 80 días de huelga hasta el momento) en diferentes cárceles de Chile, con el fin de denunciar las irregularidades del proceso, la utilización masiva de la prisión preventiva y las situaciones de tortura vividas durante la detención y en la cárcel.

También es importante destacar la situación de las prisioneras y prisioneros políticos Mapuche que existe desde hace décadas. “Desde los años 2000, la Ley Antiterrorista se utilizó como medio principal de criminalización de la protesta social Mapuche por lo cual el Estado de Chile fue condenado en el 2014 por la CIDH”.

Actualmente, el gobierno militariza el territorio mapuche gracias al Estado de excepción constitucional, enviando y manteniendo las fuerzas armadas en la región de la Araucanía. El pueblo Mapuche sufre de manera permanente, de
parte del Estado de Chile, el no respeto de las obligaciones internacionales suscritos con la firma de pactos y convenciones de derechos humanos.

Diversos informes y recomendaciones fueron emitidas al Estado de Chile y al gobierno de Sebastián Piñera, para implementar mecanismos que aseguren el acceso a la verdad, a la justicia, la reparación y garantías de no-repetición. El 2 de febrero 2021, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile confirmó que las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado no han cesado durante el año 2020 y que aún las recomendaciones más básicas no se han implementado de manera íntegra.

Los casos de violencia sexual, de lesiones oculares y de lesiones causadas por disparos de fusiles de parte de
Carabineros no han cesado y el uso de agentes químicos para lesionar y quemar a la población
ha aumentado.

El 22 de febrero de 2021, la Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de recursos de protección vinculados con las violaciones de derechos humanos. Además, la corte de justicia de Chile no ha dado respuesta a las demandas de alrededor de 3.000 personas que denuncian la violación de sus derechos y ha procedido con lentitud en los casos de más de 2.500 detenciones entre los cuales más del 50% se han demorado más de 365 días.

Desde el comienzo de la COVID-19, en marzo 2020, con solo 238 casos confirmados y 8 personas hospitalizadas, el presidente impuso el toque de queda enviando los militares a las calles. Esto hace que el país lleve un año viviendo en un “Estado de excepción constitucional de catástrofe” que se inscribe en una lógica coercitiva más que de salud pública que busca controlar la población y preservar el pequeño margen de apoyo popular que posee, de
alrededor de un 6%.

Además de las leyes que han reforzado la persecución penal y el poder represivo de las fuerzas del orden, Chile invirtió cerca de $ 19 millones de dólares canadienses en solo 3 meses, comprando vehículos antimotines de última generación, destacando los lanza gases blindados, los mismos que utilizan Israel y Estados Unidos en diferentes conflictos militares.

También invirtió cerca de $3 millones de dólares para construir un centro de entrenamiento para operaciones policiales y militares en territorio Mapuche. A esto se suma las inversiones a los servicios de inteligencia del Estado.

Por otra parte, Sebastián Piñera, como presidente de Chile, tiene más de 40 acciones judiciales en su contra, por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos y en la alarmante cantidad de contagios y muertes por Covid 19.

Desde el estallido social de octubre 2019, se ha interpelado en diversas ocasiones al gobierno canadiense para que se pronuncie y condene las graves violaciones de derechos humanos perpetrados por el gobierno de Piñera contra el pueblo chileno. Como organizaciones de la sociedad civil y colectivos chilenos de Quebec y Canadá, consideramos que el silencio del gobierno de Justin Trudeau puede ser interpretado como una complicidad, poniendo en evidencia que Canadá prioriza sus inversiones en perjuicio de los derechos humanos. No hay que olvidar que Canadá es el primer país que más invierte en Chile, principalmente en el sector minero.

Organizaciones y grupos que adhieren a la declaración:

Alternatives, Montréal, Canada 

Andrés Fontecilla : Député de Laurier-Dorion à l’Assemblée nationale du Québec (QS) 

ARO Coopéraction internationale, Montréal, Canada 

Association québécoise des amis de Cuba (AQAC), Boischatel, Canada 

Caravane d’amitié Québec-Cuba, Québec, Canada 

Centrale Syndicale du Québec (CSQ), Montréal, Canada 

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs, Montréal, Canada 

Centre international de solidarité ouvrière (CISO), Montréal, Canada 

Chaire de recherche du Canada en Sociologie des conflits sociaux, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, Canada 

Chapitre québécois du réseau pour la défense de l’humanité (REDH), Montréal, Canada 

Chile Informa, Montréal, Canada 

Coalition pour la Paix en Irlande, Montréal, Canada 

Coletivo Brasil- Montréal, Montréal, Canada 

Coletivo Brasil-Québec, Québec, Canada 

Collectif Chili s’est réveillé, Montréal, Canada 

Collectif Le droit de vivre en paix, Montréal, Canada 

Collectif Non à l’impunité au Chili, Montréal, Canada  

Collectif Place de la dignité, Montréal, Canada 

Collectif Solidarité Québec-Haïti, Montréal, Canada 

Comité chilien pour les droits humains-Montréal, Montréal, Canada 

Comité d’action des personnes sans statut, Montréal, Canada 

Comitê de Luta Contra o Golpe – Canada, Canada 

Comité de solidarité de l’Estrie, Waterloo, Canada 

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Montréal, Canada 

Comité Québec-Irlande, Montréal, Canada 

Comité S.O.S El Salvador, Montréal, Canada 

Commission altermondialiste et de solidarité internationale de Québec solidaire, Québec, Canada 

Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) 

Conseil central de Montréal métropolitain – Confédération des syndicats nationaux (CCMM-CSN), Montréal, Canada 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Montréal, Canada 

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)  

Forum diaspora africaine-Canada  (ADF/FDA-CANADA), Montréal, Canada 

Frente Farabundo Martí para la liberación nacional (FMNL), Montréal, Canada 

Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine GRIPAL, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, Canada 

Mining Watch Canada, Ottawa, Canada 

Mission québécoise-canadienne d’observation de droits humains au Chili, Montréal, Canada 

Mouvement for social justice, Vancouver, Canada 

Mouvement québécois pour la paix (MQP), Montréal, Canada 

New England Human Rights Organization, Boston, EEUU 

Observatoire violence, criminalisation et démocratie (OVCD), Université d’Ottawa, Ottawa, Canada 

Palestiniens et juifs unis (PAJU), Montréal, Canada 

Simon-Pierre Savard-Tremblay : Député à la Chambre de communes du Canada (BQ) 

Syndicat des travailleuses et travailleurs (SST) du Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) du NÎM, (CSN), Montréal, Canada