El suicidio de Rodrigo Barraza, agobiado por la persecución penal en su contra por cultivar cannabis para el tratamiento medicinal de su hijo autista en Santa Cruz volvió al debate público la Ley de Cultivo Seguro, aprobada por el 88% de diputados en mayo de 2018, pero que duerme su discusión en el Senado tras los informes del Colegio Médico de Chile y la Fundación Epistemonikos, que asegurando el monopolio de la terapéutica pergeñaron informes basados en supuestos estudios de Medicina Basada en la Evidencia (MBE), para retirar las propiedades medicinales de la marihuana.
En este contexto, El Ciudadano conversó con Ana María Gazmuri, directora de Fundación Daya, organización dedicada a la promoción del cannabis medicinal y nuevos enfoques terapéuticos. A juicio de la activista “han vivido un recrudecimiento de la persecución durante el gobierno de Piñera”, lo que se expresa en la Ley Antinarcos, presentada por Sebastián Piñera en junio de 2020, la que amplifica los ámbitos de intervención policial, afectando principalmente a usuarios de cannabis medicinal y recreativa. Gazmuri destaca que “el 70% de las detenciones por la ley 20.000, son por porte, cultivo o consumo, es decir, son usuarios y no traficantes. En Chile sí se persigue a los usuarios y se persigue a los pacientes. Y por eso la importancia de aprobar la Ley de Cultivo seguro”.
Gazmuri llamó también la atención respecto del populismo penal en ciernes con el proyecto de ley de Piñera y por las acciones de la diputada Pamela Jiles, quien el pasado 05 de noviembre -durante la votación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas-, boicoteó la votación -votando en contra de su admisibilidad- respecto a una indicación que permitía el consumo responsable por parte de adultos, evitando de paso la criminalización. Respecto de la iniciativa del Ejecutivo. Gazmuri argumenta que “vuelve más tenues las fronteras entre el uso medicinal y recreativo del narcotráfico, lo que en la práctica, todos los cambios de mayor represión en materia de drogas terminan afectando a los usuarios y no al narcotráfico. Los más afectados por la persecución y criminalización son mujeres, jóvenes y enfermos”.
Gazmuri también recalca la gravedad de la moción presentada por la parlamentaria del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, que establece la obligación de los funcionarios públicos a someterse a exámenes de drogas. “Jiles ha votado alineada con la derecha y le dio la mayoría”- acusa la directora de la Fundación Daya.
Detalla que tanto su organización, como revista Cáñamo, han venido trabajando esto. “Presentamos una propuesta de regulación del uso personal de adultos, se entregó cantidades de porte, transporte y cultivo, como son las legislaciones modernas. Esta moción fue declarada inadmisible con los votos de la derecha más el los votos de Pamela Jiles. Es decir, cuando tuvimos la oportunidad de terminar con esta criminalización de los usuarios, de sanjar esta discusión, el voto de Pamela Jiles imposibilitó hacerlo”, afirma Gazmuri.
A Gazmuri le llamó la atención el voto de Jiles, advirtiendo que “es peligroso cuando en el ámbito político se llevan las obsesiones personales, porque su decisión no se ajusta a la evidencia, la política que ella dice representar, ni los tiempos de la ciudadanía actual. Es gravísimo”.
Agregó también el uso de una campaña de populismo penal que empujó la votación en esa dirección contra los usuarios de cannabis. Sostuvo que “es muy grave que Pamela Jiles haya hecho esa propuesta de test antidrogas porque va en contra de lo que pasa en el mundo. Lo más grave es que en la comisión fue aprobada esa moción por unanimidad, es decir, es tanto temor de los parlamentarios de que no vayan a decir que son usuarios de drogas y les da miedo oponerse a una indicación como ésta, que claramente es populista, es retrógrada, medieval”.
“Nadie fue capaz de sacar la voz y decir: estamos atentando contra los principios de la libertad”– lamentó Gazmuri.
En relación a los candidatos presidenciales, Gazmuti valoró que la mayoría, desde Evópoli, pasando por Mario Desbordes y hasta Daniel Jadue están a favor de la despenalización del cannabis. “Sólo dos candidatos (de derecha) se niegan a cualquier regulación del cannabis: Joaquín Lavín y José Antonio Kast, quienes junto a Pamela Jiles están por mantener la represión de los usuarios de cannabis«.
“Cuando ponemos la sensatez en el medio no hay otro camino”- argumentó Gazmuri.
En función de ello, hizo un llamado a la oposición a evitar el populismo penal, expresado en las mociones de Piñera y Jiles. “Se cruza este populismo penal”- agrega. Funciona de este modo mantener el lugar del “narcotráfico, que es un depositario del fracaso de las políticas públicas, es querer tener un enemigo interno a quien echarle la culpa de todas nuestras fracturas sociales.”
El rol del Colegio Médico:
Consultada sobre el rol conservador del Colegio Médico (Colmed) en relación al uso medicinal del cannabis, Gazmuri lamenta “que hayan involucrado a Izkia en esto, en el Informe del Colmed”. A esto agrega que pese a que “Izkia, quien ha tenido un importante rol de liderazgo en esta crisis social y sanitaria que hemos vivido en Chile, tiene una deuda pendiente con la comunidad”, permitiendo avanzar esta propuesta al interior del gremio médico. “Yo siento que ella dejó que ocurriera esto, seguro que ella no piensa así. Recordemos que Izkia Siches en 2014 tiene un video en que dijo que el Colegio Médico estaba a favor del cannabis”.
También la directora de Daya es crítica en relación al uso de la MBE para retirar las propiedades terapéuticas del cannabis, pese a la evidencia producida en varios países y la propia de los pacientes y sus familiares, articulados en organizaciones como «Mama Cultiva». Gazmuri cuenta que “por Fundación Daya han pasado más de 70 mil pacientes. Acá se olvida cuando se habla de la MBE, se olvida que tiene como pilares la experiencia de los pacientes, la investigación y la pericia de los tratantes”, criticando a continuación el excesivo enfoque biologicista.
Además llamó la atención que en el Informe del Colegio Médico se argumentan cosas como “el preocupante aumento de las muertes por cannabis, lo que es poco serio, es ‘la cueca en pelotas’, por decirlo de alguna manera. Se trata de un informe que presenta una tremenda desconexión con la realidad y con los derechos humanos de los usuarios de cannabis, además de una profunda insensibilidad”, afirma Gazmuri.
De igual modo destaca que si bien dicho accionar del Colmed detuvo el avance del proyecto de Cultivo Seguro, no fue así “con el interés y la formación de médicos interesados en el uso de cannabis medicinal”. Considera que “si bien se ha visto ralentizado el proceso en Chile, de igual forma, hoy en Chile tenemos más de cien cultivos colectivos funcionando, proveyendo a sus miembros. Tenemos a miles de autocultivadores, con el riesgo que eso les significa y tenemos productos con THC en las farmacias.”
Sin embargo, Gazumuri lamenta el temor al empoderamiento de los pacientes de parte del estamento médico, quienes “se están quedando del lado equivocado de la historia”.
Entrevista realizada por el periodista Mauricio Becerra Rebolledo (en twitter @kalidoscop), que puedes ver completa acá:
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