Con la firma de 57 parlamentarios de oposición fue presentado el escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) con el cual solicitan inhabilitar en la votación del tercer retiro del 10% de los fondos en las AFP a la presidenta del órgano jurisdiccional, la ministra María Luisa Brahm.
Las modificaciones realizadas en el Senado, donde se incluía a pensionados por rentas vitalicias, se aprobaron en la Cámara de Diputados con 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones.
Sin embargo, como es sabido, el Gobierno de Piñera y Larroulet ingresó un requerimiento al TC contra el proyecto de reforma constitucional que habilita un tercer retiro del 10% de los fondos eprevisionales para que sea declarado inconstitucional.
Por ello, la iniciativa será discutida y votada por el pleno del TC, presidido por María Luisa Brahm, cuyo voto dirimente fue decisivo en diciembre pasado en el empate 5-5 para acoger el requerimiento ingresado por Sebastián Piñera con el objetivo de declarar inconstitucional la reforma constitucional que permitiría un segundo retiro del 10%, en el caso que esta fuese impulsada por el Congreso. Esa vez, de todos modos se pagó el retiro, toda vez que llevaba el patrocinio del ejecutivo.
Esta vez -como en el primer retiro- el proyecto lleva el patrocinio del Congreso y surgen los temores de que el voto clave de Brahm pueda inclinar la balanza hacia los intereses del Gobierno de declarar la iniciativa como inconstitucional, lo que tendría insospechadas consecuencias, dada la histórica crisis social y sanitaria que viven las comunidades ciudadanas.
Estos temores están fundamentados en el hecho de que durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) Brahm fue su jefa de asesores, lo que la convirtió en la «mujer más poderosa» del segundo piso de La Moneda –concepto para referirse a los asesores más influyentes del presidente– y una de las colaboradoras más cercanas del economista.
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Incluso, en 2013 el propio Piñera la designó como ministra del TC en 2013 y con seis votos a favor, tres en contra y una abstención fue elegida en agosto de 2019 presidenta del mismo.
Al respecto, El diputado Karim Bianchi (independiente), quien lideró esta presentación al TC, explicó que existen dudas en la imparcialidad por parte de Brahm.
En declaraciones a Bío Bío Chile, aseguró que “ella tiene la calidad de ex funcionaria subordinada y de exclusiva confianza del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y esto para mí genera un manto absoluto dudas en torno a su imparcialidad”.
Por su parte, el parlamentario Pablo Vidal (IND) señaló que “la señora María Luisa Brahm tiene una cercanía con el presidente que hace que pueda uno dudar de la decisión que ella tome, toda vez que la composición del Tribunal Constitucional ha sido cuotada políticamente. Por eso hemos recurrido a través de la iniciativa del diputado Karim Bianchi para que la señora María Luisa Brahm se inhabilite de esta decisión”.
Según los parlamentarios, el TC termina actuando como una tercera cámara política y que no es democrática
De hecho, en una entrevista con La Tercera, la presidenta del TC reconoció que «la descripción de que somos una tercera Cámara si bien aparece como peyorativo, corresponde realmente a lo que sucede».
«Sí somos una tercera Cámara y está dentro de las atribuciones que la Constitución entrega al TC, que es el control de las leyes, y eso se produce en dos momentos antes de que sean leyes, o sea, durante la tramitación o aprobadas con control preventivo, o de manera posterior a través de las inaplicabilidades», aseguró.
«El hecho de ser ‘tercera Cámara’ no significa que se vote de una determinada manera o no, es regirse al mérito constitucional y evidentemente acá acuden quienes perdieron en el Congreso y se produce el conflicto que dirime el TC», agregó.
Los paralamentarios, advirtieron que María Luisa Brahm puede volver a ser instrumental en los deseos de La Moneda, ya que como titular del tribunal tiene en su poder el voto dirimente de haber un empate.
Ante la solicitud de inhabilitación, el TC declinó a referirse al tema.
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