Editorial: un presidente sin vergüenza

El anuncio presidencial de un proyecto propio de tercer retiro estuvo dentro del marco esperado: más especulación financiera, más dilatación de las ayudas, más postergación para las familias. Más humillación para los chilenos y chilenas.

Piñera simplemente no comprende el significado de la palabra generosidad y los alcances de la crisis a la que ha llevado al país.

Todo lo que anunció anoche fue un subsidio estatal al negocio comisionista de las AFP. Al depositar un 1% adicional de cotización sobre el sueldo bruto de cada trabajador chileno, le está regalando al desprestigiado sistema de AFP ingresos superiores a los mil 300 millones de dólares al año, sumando los aportes fiscales y el que tendrían que hacer los empleadores, de aprobarse esta iniciativa.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, las AFP recibieron en febrero de este año cotizaciones por un total de 678 millones de dólares. Esto, con una cotización de un 10% por cotizante. Si la ley propuesta por Piñera estuviera vigente hoy, tendrían otros 67 millones provenientes del Estado para invertir. Y de los cuales extraer comisión. El otro 1% a cuenta del empleador tendrá por techo esa cifra, con la diferencia que en el caso de las Pyme y microempresas significará un duro costo para su flujo de caja. Cabe por ello esperar un aumento de la morosidad, de la informalidad laboral y mayor estancamiento de los salarios.

Con el proyecto de Piñera no solo ganan las AFP, sino la cadena alimenticia de la avenida Apoquindo y las calles El Bosque Norte e Isidora Goyenechea, el perímetro urbano conocido como Sanhattan. Allí están las administradoras generales de fondos (AGF), en las cuales las AFP invierten 4 de cada 100 pesos recaudados. Estas administradoras como Moneda Asset o BTG Pactual, controladas por amigos de Piñera y que administran su propia fortuna, también cobran millonarias comisiones. Los fondos de los ahorrantes son para ellos un cajero automático de 40 millones de dólares anuales.

Como ha señalado el ingeniero y exvicerrector de la Universidad de Chile Patricio Basso, una persona ahorra toda su vida un 10% de sus ingresos, pero al jubilar solo usará el 30% de estos fondos antes de fallecer. Es un cálculo estadístico por la expectativa de vida promedio de los chilenos y chilenas. El otro 70% es lo que se conoce en buen chileno como “topón para adentro”. Quedará como saldo en las cuentas de grandes bancos de inversión de Nueva York como JP Morgan y Goldman Sachs… y en Sanhattan.

Esa es la realidad de Chile y de su gente, presa de un sistema diseñado en dictadura, perfeccionado y robustecido en democracia por una generación completa de tecnócratas que hoy trabajan para el mismo sistema y lo defienden desde las alturas de “lo técnico”, eufemismo de ideología.

El proyecto del ejecutivo, que dice “defender principios constitucionales”, en realidad es un regalo regulatorio para el entorno en el que el presidente empresario hizo su fortuna. Los terminales de las mesas de dinero, las apuestas por bonos basura y fondos invertidos en paraísos fiscales. Una gigantesca ruleta y esquema piramidal con los recursos de todos. Los que se hacen poco o nada en la vejez.

El país ha transitado con Piñera del conflicto de interés al conflicto de poderes, que mañana entrará en un punto de no retorno cuando el ejecutivo no retire su impugnación ante el Tribunal Constitucional.

El Congreso, controlado por la oposición y con un oficialismo dividido entre el que representa al capital financiero y el que escucha a la ciudadanía (sí, existe esa derecha), no podrá tramitar el proyecto recién anunciado ni en la forma ni en el fondo. Por trámite legislativo y por letra chica, la ayuda se dilatará.

Anoche una facción del oficialismo se restó de la puesta en escena (Evopoli). La que estuvo presente no podía disimular su cara de funeral.

Mientras tanto, Chile sigue sin líder, sin norte, sufriendo.