Organizaciones de la sociedad civil recomiendan despenalizar el aborto en situaciones biosicosociales calificadas.
Esta tarde, en el marco del seminario “Aborto terapéutico: enfoques desde los derechos humanos de las mujeres” se darán a conocer las razones por las cuales un conjunto de destacados especialistas nacionales provenientes de áreas como el derecho, la salud, la filosofía, la teología y del activismo ciudadano, recomiendan que el Estado chileno elimine la prohibición absoluta que actualmente rige respecto del aborto.
Los argumentos fueron reunidos en el documento “Despenalización del aborto en situaciones biopsicosociales calificadas en que se vulneran gravemente los derechos de las mujeres”, iniciativa impulsada por la Asociación Chilena para la Protección de la Familia (APROFA), la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLC) y el Foro-Salud de Derechos Sexuales y Reproductivos. Su propósito fue divulgar nuevos puntos de vista e incentivar el desarrollo de un debate amplio y serio sobre un tema que sigue levantando polémica, incluso entre los candidatos al sillón presidencial.
Mientras para algunos la interrupción de un embarazo, incluso si corre peligro la vida de la mujer, es equiparable al asesinato de una persona, para gran parte de la comunidad científica, organismos internacionales y organizaciones ciudadanas se trata de una situación que amerita ser debatida y regulada.
Chile, junto a República Dominicana, Malta y Vaticano, ostenta el triste record de prohibir el aborto bajo toda circunstancia. Por el contrario, actualmente el 62% de la población mundial vive en los 64 países donde el aborto inducido es permitido por una amplia gama de razones o sin ninguna limitación.
Pero en Chile no siempre fue delito la interrupción de un embarazo. Hasta 1989, la norma sanitaria y penal chilena permitía el aborto con fines terapéuticos. Sin embargo, ese año Augusto Pinochet logró introducir modificaciones que cambiaron drásticamente el curso de la tradición médico-jurídica que rigió en el país durante gran parte del siglo XIX. De ser un país que reconocía causales de salud para dar término a un embarazo, se pasó a engrosar la lista de países cuyas legislaciones prohíben totalmente el aborto.
La entrega del documento pretende ser un punto de partida en la promoción de una reflexión profunda sobre los aspectos biomédicos, psicosociales, jurídicos y éticos involucrados, pero también es un llamado de alerta acerca de la responsabilidad que tiene el Estado respecto de mantener normas punitivas que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Se estima que anualmente se realizan en Chile entre 122.000 y 160.000 abortos, siendo la segunda causa de mortalidad materna por complicaciones de salud derivadas de las condiciones de clandestinidad en que se practican. El aborto clandestino es un problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos, señalan los organizadores del seminario.
por Alessandra Burotto