El Gobierno de Venezuela lamentó este viernes que la población de Colombia está siendo masacrada en las calles, en el marco de las protestas que se iniciaron el pasado 28 de abril y que dejaron al meno 29 muertos en nueve días.
«Desde acá nuestra solidaridad al hermano pueblo de Colombia que está siendo masacrado, las imágenes son realmente estruendosas, terribles, como la policía dispara abiertamente con ametralladoras, están empleando para militares para disparar contra la población civil», indicó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en declaraciones ofrecidas a la prensa.
Rodríguez dijo estar consternada por las imágenes que han circulado en los medios de comunicación y las redes sociales sobre la agresión policial contra civiles.
Además, indicó que la crisis que atraviesa el país vecino era imposible de ocultar.
«Desde Venezuela estamos consternados de la masacre que está ocurriendo en Colombia, pero era una crisis que ya era imposible ocultarla, porque poco se hablaba de los asesinados contra líderes sociales, periodistas en ese país, sobre como ellos mismos rompieron los acuerdos de paz, donde Venezuela fue garante», agregó.
LINCHAMIENTO MEDIÁTICO
Por otra parte, la vicepresidenta denunció que su país es objeto de un linchamiento mediático, en el que se utilizan las redes como arma para afectar la imagen de Venezuela en el examen preliminar que le fue abierto en la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos.
Respecto a ello, el fiscal general, Tarek William Saab, denunció que el uso fraudulento de las redes sociales afecta negativamente el examen preliminar que la CPI realiza a Venezuela y envió un informe.
En este nuevo documento el ministerio denuncia que se busca crear «una realidad manipulada o deformada», a través del uso de mensajes automáticos en las redes sociales, para incidir en las decisiones que tome la CPI.
El Ministerio Público precisó que para este informe se estudiaron más de 70 millones de tweets, en los que, aseguró, encontraron una comunidad de personas comunicadas entre sí, «con la clara intención de construir la apariencia de unos supuestos delitos de lesa humanidad por lo que se ha abierto la fase preliminar desde la Fiscalía de la CPI».
Entre los casos que se investiga a Venezuela, está la muerte del concejal Fernando Albán, quien falleció el 8 de octubre de 2018 bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), así como el joven Juan Pernalete, quien fue asesinado durante una protesta en 2017 tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho.
Fuente: Sputnik
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