El Comité contra la Desaparición Forzada de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) emitió este martes 11 de mayo un informe en el que lamenta que en Colombia persistan los crímenes de lesa humanidad, relacionados con la desaparición forzada de personas «en diversas partes del país», a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz.
Las conclusiones fueron publicadas este martes, aunque están basadas en datos procesados antes de las recientes protestas en el país sudamericano. En el informe, el Comité destaca que el delito de desaparición forzada sigue ocurriendo, incluso en el contexto de la pandemia.
Además, manifestaron su preocupación por el hecho de que estos crímenes puedan ser cometidos por «agentes estatales» y por particulares, que estarían actuando con el consentimiento de servidores públicos. También advierten que, al no haber una respuesta efectiva del Estado sobre este particular, las responsabilidades de estos funcionarios «se diluyen» y esto «repercute negativamente» en la aplicación de la Convención Internacional establecida para abordar este delito.
Aunque en el informe se reconocen «los esfuerzos del Estado» colombiano para tratar de revertir la situación, los expertos piden investigar todos los casos de desaparición forzada con prontitud, imparcialidad e independencia. «El Comité expresa su preocupación por los escasos resultados en la búsqueda del gran número de personas desaparecidas en el Estado parte, incluyendo los 9.964 niños y niñas sometidos a desaparición forzada registradas por la Fiscalía General de la Nación (FGN)», refieren.
El comité advierte que el Estado y sus autoridades siguen sin ajustarse a las exigencias internacionales para abordar este tipo de crímenes; razón por la que instan a actuar inmediatamente y no dilatar los procesos de búsqueda cuando se tenga noticia de una desaparición.
Los investigadores también expresan su inquietud por los crecientes asesinatos, amenazas y represalias perpetrados en contra de activistas y defensores de derechos humanos, así como dirigentes sociales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, víctimas de desaparición forzada, familiares y representantes.
Baja cantidad de reparaciones
Otra preocupación del Comité de la ONU es «la insuficiente coordinación e intercambio de información» entre las instituciones que están involucradas en los procesos para resolver los casos de personas desaparecidas. De igual forma, se muestran inconformes ante la baja cantidad de víctimas que han recibido reparaciones, debido a que el Estado se ha limitado a dar solamente compensaciones económicas a 12.490 víctimas de las 185.422 registradas.
Ante esta situación, sugieren que a todas las víctimas de desaparición forzada se les asegure una reparación integral, que tome en cuenta las circunstancias personales de las víctimas, como sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, origen étnico, condición social y discapacidad.
El Comité también recalcó su inquietud por los «limitados avances» en la identificación y devolución de los restos de personas desaparecidas, que incluyen más de 24.000 cuerpos inhumados sin identificar en cementerios públicos y más de 4.000 restos de víctimas pendientes de reconocer, estos últimos circunscritos a los más de 10.000 exhumados por este delito.
También se advierte sobre «la singular crueldad» que sufren mujeres y niños relacionados directa o indirectamente con las desapariciones forzadas, debido a que se convierten en víctimas «particularmente vulnerables a violencia sexual y otras formas de violencia de género».
El Comité también recomendó a Colombia adoptar una política pública integral «imprescindible» para prevenir las desapariciones forzadas, que debe elaborarse con base en las exigencias internacionales suscritas, proceso que también debe tomar en cuenta las particularidades generadas en torno a la pandemia del COVID-19.
Fuente: RT.
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